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Madrid
Jueves, 27 de enero 2022, 08:18
Paloma Botín, una de las hijas del banquero Emilio Botín, y su esposo, Ricardo Gómez-Acebo, marqués de la Deleitosa, han pasado de investigados a posibles estafados por la compra de una escultura de una leona ibera del siglo VI a. C., supuestamente procedente del ... expolio de un yacimiento arqueológico, a unos anticuarios que traficaban con arte.
Todo arrancó con la operación 'Harmakhis' en 2018, una investigación de la Policía Nacional sobre el comercio de obras expoliadas por el Dáesh en Libia, y que se saldó con la detención de dos anticuarios catalanes. A esta le siguió la imputación de Paloma Botín –miembro del Patronato y de la Comisión de Arte de la Fundación Botín y, desde 2004, miembro del Consejo Internacional del MOMA de Nueva York–, que procedía del expolio de un yacimiento arqueológico entre Córdoba y Jaén.
Ahora, el mismo juzgado que la investigó considera que podría haber sido estafada. Al parecer el matrimonio, inicialmente investigados, han podido ser víctimas de los dos anticuarios, y es que la pareja demostró, según indicaron desde la Fiscalía al diario 'ABC', «su buena fe» en la adquisición de la escultura, tras aportar la documentación pertinente ante el Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona.
Tras ello, la defensa de los Botín-Gómez-Acebo solicitó el sobreseimiento de las actuaciones, y el representante del Ministerio público no se opuso y ahora ambos se han personado como acusación particular en la causa, en calidad de perjudicados.
La investigación de la Policía Nacional concluyó que los dos hombres que vendieron la pieza al matrimonio –O.C.P y J.B.P., de 31 años– eran los cabecillas de una organización que vendía piezas robadas en Libia por personas vinculadas al Daesh para financiar así actividades terroristas. De hecho, los agentes señalaron que, desde 2014, el anticuario –el otro era marchante– había tejido una red de proveedores por todo el mundo, que le permitía acceder al arte supuestamente expoliado. La investigación comenzó después de que, en 2016, la Policía detectase «irregularidades» en los expedientes de importación de algunas obras adquiridas.
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