Un canon para la televisión pública

El Ejecutivo creó un nuevo sistema de financiación para suplir la ausencia de anunciantes. Junto a la aportación anual del Estado, se creó una tasa para que las televisiones privadas dedicaran el 3% de sus ingresos a financiar RTVE, mientras que los operadores de televisión de pago aportan el 1,5% y las 'telecos', el 0,9%. Al contrario que nuestros países vecinos, se descartó un canon sufragado directamente por los contribuyentes. Ahora, el Gobierno de Sánchez pretende implementar una directiva europea para que las plataformas de 'streaming' – Netflix, HBO, Amazon Prime – destinen parte de sus presupuestos a financiar la radiotelevisión estatal.

RTVE cuenta con 6.551 trabajadores y con unos ingresos alrededor de 976 millones de euros, de los cuales 343 pertenecen a una asignación que hace el Estado a través de los PGE. Esta cantidad, sin embargo, no ha sido estable a lo largo de la década. En 2012, la cadena pública sufrió un duro recorte de 200 millones de euros que perjudicó a la producción y renovación de programas y provocó una severa caída en las audiencias.

José Ramón Diez ocupó el cargo de director de TVE entre los años 2014 y 2016. En una de sus primeras apariciones, aseguró que la supresión de la publicidad debilitó a la cadena pública. Tres años después de su dimisión al frente de la televisión, cree que la ley que surgió tras el fin de la publicidad «no ha sido clara ni fácil de cumplir». La CNMC consideró en varias ocasiones que el actual sistema de financiación sometía a RTVE a una «inseguridad económica» y limitaba sus previsiones. «Cada parón por motivos políticos, presupuestarios o estructurales suponen un daño a RTVE a corto plazo del que es difícil recuperarse», añade.

A diferencia de otras teles europeas, la española no se financia a través de un canon que pagan anualmente los ciudadanos. «El canon es la mejor forma de financiar una televisión pública, porque te asegura una cantidad fija y estable al año», explica el exdirector de TVE, José Ramón Díez, a este periódico. «Pero sería inviable en España. No tenemos costumbre de pagar por ver televisión, salvo que haya una unanimidad política que hoy no existe. Y si no está bien diseñado, puede ser regresivo y penalizar de forma desigual a todos los habitantes», apunta. «Lo importante es consensuar qué televisión pública queremos. Lo que no creo es que el modelo actual tenga vida a medio plazo», concluye.

El debate de la implementación de un canon al ciudadano español no está sobre la mesa en nuestro país. Pero las principales teles europeas ya lo utilizan desde hace años para financiar sus radiotelevisiones públicas. La BBC tiene instaurado desde su fundación, en el año 1922, el pago de un impuesto directo para los residentes en Reino Unido que dispongan de televisor, aparato de radio u ordenador en el que disfruten de los servicios y canales de la corporación británica. Cada ciudadano debe aportar 154,50 libras esterlinas (unos 170 euros al año). Estaban exentos de este tributo los mayores de 75 años –actualmente, este gasto corre a cargo de las arcas del Estado-, sin embargo, la cadena obligará a partir del 1 de junio de 2020 a pagar a los pensionistas que no reciban ayudas públicas. La licencia seguirá siendo gratuita para los jubilados con ingresos bajos.

De esta manera, la radio y televisión británica se garantiza su supervivencia, tal y como la conocemos, para la próxima década. Según el informe que difundió la cadena para informar de la decisión, no acatar esta medida hubiera supuesto el cierre de canales como BBC Two, BBC Four, BBC News Channel, entre otros. «Es lo más justo para ayudar a los jubilados pobres y mantener la oferta de programas», explicó la BBC, que financia el 75% de su presupuesto a través de este impuesto directo a los ciudadanos.

Otras teles europeas también utilizan el canon como principal fuente de su financiación. Los dos canales públicos alemanes, la ARD y la ZDF, que son independientes entre sí, instauraron en 2013 una tasa mensual de 18 euros (216 anuales) que abonan los telespectadores. La ley permite además la emisión limitada de publicidad comercial, que se concentra en determinadas franjas horarias.

En el caso de la televisión pública francesa, optan por un sistema mixto con canon, publicidad limitada por horas y una tasa anual a las teles privadas y las teleoperadoradoras similar al modelo español. Por su parte, los ciudadanos italianos pagan 110 euros al año por la RAI, que ofrece publicidad y patrocinio. En Portugal, en cambio, la RTP se financia a través de las aportaciones directas del Estado, publicidad y un impuesto ('Taxa de contribuiçao audiovisual') que se cobra en la factura de la electricidad.