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Seis meses de prisión, una multa de cinco euros diarios durante seis meses (900 euros) y una inhabilitación para el ejercicio de actividades deportivas durante dos años, que en la práctica se traduce en una nueva suspensión para competir. Esa ha sido la condena que ... el atleta Iván Hierro ha aceptado tras el acuerdo alcanzado por las partes en el juicio que se ha celebrado este jueves en el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander. Hierro estaba acusado de un presunto delito contra la salud pública.
El atleta cántabro no estaba presente en la vista y los otros tres acusados, Óscar Navarro, Amelia Carbonell y Vicente José Carbonell, se sumaron al acuerdo desde Valencia, por videoconferencia. Los tres, con penas similares a las de Hierro.
El abogado de Hierro, Antonio Davide Musumarra, señaló que a la vista de que el asunto se iba a quedar en una multa, el atleta cántabro quería «pasar página» cuanto antes, Davide reiteró que en ningún momento Hierro ha dado positivo en su carrera y que «no ha habido pruebas de que haya hecho ningún tipo de envío» de sustancias dopantes. Por eso el letrado ha manifestado que «a la vista de las actuaciones judiciales, según nosotros no había evidencias para una condena».
A tenor de este caso, la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés), había suspendido ya por dos años al atleta cántabro, sanción que ya ha cumplido. Ahora, Hierro deberá hacer frente a otros dos años sin competir, según ha informado su abogado.
La Fiscalía de Cantabria solicitaba un año y tres meses de cárcel y una multa de 3.600 euros, así como la inhabilitación para ejercer la profesión deportiva durante dos años, para cada uno de los cuatro investigados en la operación 'Jimbo' contra el tráfico de sustancias estupefacientes.
En la instrucción se dictaminó que en esta causa existían indicios racionales de criminalidad por parte de los cuatro juzgados. Según la acusación, la mujer estaba afectada por una enfermedad para la que le daban sustancias como EPO, «que entregaba a su hermano (otro de los imputados), para su venta a terceros».
A Iván Hierro y a los otros tres investigados se les acusaba de tener como «finalidad obtener un ilícito beneficio económico mediante el suministro de sustancias dopantes y anabolizantes a deportistas a sabiendas de la ilicitud de su conducta».
Los hechos investigados se desarrollaron en 2013 y 2014, después de que en diciembre de 2013 se interceptara en una empresa de distribución de paquetería un paquete para Iván Hierro que había mandado desde Valencia otro de los investigados, cuya hermana padecía una enfermedad y le entregaba los medicamentos que la prescribían para «su venta a terceros».
Según se recoge en los autos de esta causa, el vecino de Valencia mandó otro paquete con más sustancias dopantes a Hierro días después de interceptarse el primero, que iba dirigido a la casa de la abuela del deportista, «quien desconocía» su contenido.
El atleta cántabro recibía en su domicilio o en el de su abuela esa mercancía de forma «frecuente» para distribuirla entre personas y deportistas y, entre otros lugares, Iván Hierro remitió esas sustancias a Coria del Río (Sevilla), a Cataluña, a Soria, a Aranjuez (Madrid), a Valencia y a Toledo.
Los investigadores localizaron en el domicilio de los cuatro imputados diversas sustancias estupefacientes, entre ellas EPO, un dopante prohibido en competiciones deportivas, cuyo consumo está destinado al tratamiento de anemias, cáncer o insuficiencia renal crónica.
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