Los jugadores de la Arandina podrían enfrentarse a 12 años de prisión por presuntos abusos sexuales

Fuentes de la investigación han apuntado, también a la agencia de noticias, que la otra versión de los hechos habla de relaciones sexuales consentidas. Aun así, dado que la edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas es 16 años, el Código Penal seguirían considerando el caso como abuso sexual.

Tal y como señala el artículo 183 de esta ley penal, «el que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años». Unas penas que aumentan si se ha empleado violencia o intimidación.

Así las cosas, Víctor Rodríguez Ramos ‘Viti’, Carlos Cuadrado Santos ‘Lucho’ y Raúl Calvo Hernández se enfrentarían a penas de 12 años de cárcel. Está previsto que los tres investigados pasen este miércoles a disposición juicial. Tendrán que declarar ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda, tras haberse pasado las diligencias del Juzgado número 2. En estos momentos, la menor se encuentra declarando ante la jueza, y tiene que ratificar su denuncia.

Tras escuchar a los ausados, la magistrada decidirá si decreta medidas en contra de los tres jugadores. El portero, Victor Rodríguez Ramos ‘Viti’ y los delanteros Carlos Cuadrado Santos ‘Lucho’ y Raúl Calvo Hernández, han pasado su segunda noche en el calabozo de la Comisaría de Policía Nacional de Aranda a la espera de pasar a disposición judicial. En concreto, la jueza tendrá que determinar hoy si los investigados deben ingresar en prisión o quedan en libertad con o sin cargos. Los tres deportistas fueron detenidos en la mañana del lunes después de que una menor, de 15 años de edad, denunciara haber sido víctima de un presunto delito sexual sucedido unos diez días antes.

Los jóvenes, que tienen entre 19 y 24 años, comparten un piso pagado por el club deportivo en la Calle San Francisco de la ciudad. Este inmueble, donde supuestamente ocurrieron los hechos denunciados, fue registrado este martes, durante más de cuatro horas, por miembros de la policía científica en presencia de los detenidos y sus abogados, con el objetivo de recabar pruebas que puedan poner luz sobre un asunto que se encuentra bajo secreto de sumario. Tras el largo registro en el domicilio de los futbolistas, los responsables de la investigación abandonaron el edificio con varias bolsas, donde se podían ver sábanas y enseres retirados de la vivienda como pruebas para el proceso.

Parece ser que la joven, que acudía a terapia a Madrid una vez por semana, confesó a su especialista en una de las sesiones que tres jóvenes la habían invitado a su piso para mantener relaciones sexuales y al llegar allí se habría negado a seguir adelante y presuntamente la habrían forzado, según refleja el periódico El País, citando fuentes de la investigación. A partir de ahí, una vez informados los padres de la menor, habrían decidido interponer una denuncia en la Comisaría de Policía Nacional de Aranda de Duero, tras consultar previamente con la Fundación ANAR, colectivo que ayuda a niños y adolescentes en riesgo. La investigación está recabando las pruebas necesarias para determinar lo que pasó en el interior del piso, en qué grado participaron los tres futbolistas en los hechos y también si existen grabaciones de imágenes y fotografías de las circunstancias denunciadas.

El club deportivo también se ha manifestado sobre los hechos. A través de un comunicado público ha anunciado que «en el supuesto de que sean ciertos, dichos jugadores quedarán automáticamente apartados de la disciplina de la Arandina C.F». En esta línea, el equipo de fútbol ha mostrado su «respeto» a la justicia, además del derecho a la presunción de inocencia y la «máxima» condena a cualquier caso de violencia machista.

Asimismo, en el plano político, el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Aranda se posicionó públicamente sobre el asunto. La coalición ha instado al club a que «aparte temporalmente a estos jugadores del equipo hasta que el asunto quede resuelto». Al respecto, ha recordado que el equipo se financia con dinero público ya que la aportación del Ayuntamiento, vía subvención, supera los 50.000 euros.