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El grupo de Whatsapp que comparten los presidentes de las federaciones cántabras se convirtió el miércoles en un pequeño manual de derecho deportivo y administrativo. O en una escena de Valle Inclán. El Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria acababa de publicar que solo dos ... de las federaciones habían cumplido con la obligación de presentar sus cuentas al Gobierno autonómico. Que prácticamente ninguna lo había hecho desde 2020 y solo dos en el corriente 2023. Un hecho grave no solo porque supone incumplir la Ley del Deporte, sino porque implicaría el automático bloqueo de las subvenciones -de hecho, a tenor de ese documento no debían haberlas percibido desde 2021- y, sobre todo, porque sí las han presentado, como ha comprobado el propio Ejecutivo, que ya ha subsanado el problema. Todo se achaca, sencillamente, a un error humano. A una consulta errónea del registro. Al menos es la conclusión que sacan los presidentes, la oposición y en Peña Herbosa.
«Entiendo que es un error humano de la Dirección General de Deportes, pero sin más; sin mala fe, y que se solucionará en breve», explicaba ayer Víctor Canal, presidente de la Federación Cántabra de Remo. Añade además que en el caso de 2023 es perfectamente natural que no se hayan presentado, porque las federaciones no se rigen por el año natural, sino por el curso, de modo que tienen hasta junio -y existe la posibilidad de prórroga- para celebrar su asamblea. Y sin asamblea no puede haber cuentas.
En una línea similar se manifiesta José Manuel Barquín, responsable del balonmano. «Entiendo que es un error por la transición entre departamentos. Las cuentas están presentadas y es más: si no se presentan no tenemos derecho a cobrar la subvención. En nuestro acaso se puede comprobar en el portal de transparencia, como nos obliga nuestra Federación Española. Ellos mismos saben que es un error porque lo hemos hablado».
Lo confirma el máximo responsable del fútbol cántabro, José Ángel Peláez. «Me consta que ya lo están solucionando y que fue un error de un miembro de Deportes que no mandó bien el fichero correcto», afirma. Pero no oculta la sorpresa y malestar que provocó en su momento el texto: «La verdad es que me generó sorpresa enterarme de la publicación del Parlamento, pero una vez pedidas las debidas explicaciones todo se debe a un error y me consta que lo están solucionando para que aparezca el listado correcto y de fiel reflejo de la realidad». Como los demás mandatarios, Peláez puede acreditar que se presentaron las cuentas, en su caso sin la presión, como otras entidades, de las subvenciones, ya que el fútbol no las percibe.
El mar de fondo tiene tinte político, pero no el que el barullo ha provocado en las federaciones. La publicación del Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. El portavoz del PRC, Rafael Hernando, preguntó en San Rafael por el estado de las cuentas de las federaciones. Lo que quería saber era las condiciones para la aplicación del programa Espade: «Tenía especial interés en ese programa, porque ha dado buenos resultados y no se ha convocado este año, y queríamos saber qué federaciones cumplían los requisitos y nos contestaron que solo bolos y tenis habían presentado sus cuentas hasta 2022», dice. Espade es el plan autonómico para la ayuda a deportistas de alto rendimiento en Secundaria y Bachillerato, pero sin saberlo desató la tormenta perfecta. El traslado, el cambio de responsables, quizá un error humano, un archivo mal elegido e incluso la mala fortuna se conjuraron. Pero el caso es que se acusaba a las federaciones, sin pretenderlo, de incumplir la legislación.
La Dirección General de Deportes que dirige Susana Ruiz acaba de trasladarse de sede, el plazo legal para responder a la pregunta se agotaba y cuando se consultó la documentación, no estaba toda. Alguna caja sin desembalar; algún ordenador o servidor sin habilitar. El caso es que se envió información errónea al Parlamento, como reconoce el propio Ejecutivo, que ha pedido disculpas y rectificado la información.
Pero el caso es que la información llegó sesgada al Parlamento y así se publicó el pasado lunes, día 4. La reacción de las federaciones fue inmediata y también la del Gobierno y oposición. El propio exdirector de Deportes, Mario Iglesias, había comprobado personalmente antes del traspaso de poderes que la documentación era correcta. Era él mismo quien notificaba de primera mano cada 2 de enero a las presidencias las obligaciones que debían cumplir.
Superado el temporal, las versiones coinciden, y el propio Gobierno aclara lo sucedido. «La tramitación de esta petición del Parlamento ha coincidido en el tiempo con el traslado de las dependencias de la Dirección General de Deporte a la calle Castilla por las obras que se van a acometer en el edificio de Vargas en el que estaban anteriormente. Se realizó un primer informe por parte de los servicios técnicos de la Dirección General y se envió al Parlamento con el fin de cumplir el plazo de respuesta. En una segunda revisión los servicios técnicos detectaron errores en el documento, se han corregido y hoy -por ayer-, en Consejo de Gobierno, se ha aprobado la corrección que se enviará al Parlamento. Ha sido un error administrativo, se ha corregido y el Parlamento ya dispone de la información actualizada», señalaban ayer fuentes de la Consejería. El plan Espade, por cierto, ya está de nuevo en marcha.
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