El Gobierno, en vilo por las dudas en el TAD sobre el 'caso Rubiales'

Esa información adicional requerida ya se la ha remitido al 'Supremo' del deporte español, según confirmó el ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. El CSD trasladó el pasado viernes una sola denuncia razonada al TAD, que la considera insuficiente, por una posible vulneración de dos artículos de la Ley del Deporte por parte del presidente de la FEF que hacen referencia a los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos. Dos infracciones consideradas «muy graves» y que permitirían la supensión provisional de Rubiales por su «inaceptable» comportamiento durante la final del Campeonato del Mundo femenino de fútbol.

Los dirigentes del CSD asumen ahora que quizá se equivocaron porque deberían haber elevado al TAD también el resto de denuncias recibidas contra Rubiales, entre ellas la del presidente de la escuela de entrenadores, Miguel Galán, la de Sumar, la del excolegiado Estrada Fernández o la de la Liga femenina de fútbol.

El problema es que según algunas fuentes no existe unanimidad en el TAD ni la completa seguridad de que Rubiales sea condenado en la vía ordinaria por un delito de agresión sexual a Jenni Hermoso. Existe cierto temor de que si desde la justicia deportiva se sentencia al presidente de la FEF y se le inhabilita, el dictamen pueda ser recurrido después con éxito por Rubiales, dispuesto a morir matando y a querellarse.

«Desde el Gobierno hemos actuado tan pronto como los mecanismos legales nos lo han permitido». Así de contundente se mostró Iceta, cuestionado por las críticas de Sumar por no haberse procedido con mayor velocidad desde el Ejecutivo central en el 'caso Rubiales'. «El Gobierno avanza con diligencia y paso firme», insistió Iceta, quien justificó los tiempos aplicados por la necesidad de preservar todas las garantías legales. «El Gobierno puede actuar de manera reactiva pero no preventiva», subrayó.

Para fortuna del Gobierno, la FIFA ya acordó la suspensión de Rubiales, tras el expediente abierto por su comisión de disciplina, y el sábado decretó sus suspensión temporal por 90 días, en tanto resuelve sobre el fondo del procedimiento. Lo pudo hacer más rápido que el Ejecutivo al tratarse de una asociación privada no sujeta a los principios garantistas consustanciales a los organismos estatales.

¿Qué es el TAD? Para entenderlo, viene a ser como el Supremo o más alto tribunal del deporte español. Es resultado de la integración de los ya desaparecidos Comité Español de Disciplina Deportiva, dedicado básicamente a resolver recursos sobre sanciones, y la Junta de Garantias Electorales, que velaba por el buen orden de los procesos por los que se eligen los presidentes de las diferentes federaciones.

Ambos organismos se unieron en un único tribunal administrativo con funciones y competencias revisoras de la actividad federativa en materia de dopaje, disciplina deportiva y de garantía de legalidad en las diferentes elecciones. Ejerce sus funciones con independencia del CSD, si bien como es el caso de Rubiales se encarga también de tramitar y resolver expedienctes disciplinarios a solicitud del secretario de Estado para el Deporte, ahora Víctor Francos, o de su Comisión Directiva.

Está formado por siete juristas, de ellos cuatro a propuesta del CSD y tres elegidos por las federaciones o asociaciones. Se elige un presidente, asistido por un secretario designado por el presidente del CSD, y el organismo debe garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres. Su mandato se extiende durante seis años y sus miembros no pueden resultar reelegidos.

El futuro de Rubiales está en menos de las siguientes personas, que en este mes se reúnen de forma telemática y, según dijo el lunes Francos, ni le conocen, ni han hablado con él para evitar cualquier duda sobre su independencia y supuestas injerencias. El presidente es Francisco de Miguel Pajuelo, letrado de la Seguridad Social; secretario, Guillermo de Blas, abogado del estado; vocales, Pilar Juárez, profesora de la Universidad Carlos III, y Eva Fernández, Alfonso Ramos, Marina Adela Porta y Jaime Caravaca, todos ellos abogados del Estado.