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«Muy satisfecho». Con esas palabras resumía el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, su intervención ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Aunque fue una declaración a medias. Transcurrida una hora y media de preguntas y más preguntas ... de la fiscalía, el juez Pedraz dio por suspendida la intervención del presidente de la Cántabra. La razón, que el magistrado tenía una reunión. Así las cosas, Peláez volverá a Madrid el próximo 14 de marzo. Quizá sea para «apenas 20 minutos, porque la fiscal ya estaba acabando de preguntar. Quedarían las cuestiones, si las hay, de los abogados de otras partes y de mi letrado», señala José Ángel Peláez, que destacó que tras su declaración de ayer comprobó «los conceptos muy equivocados que se tienen sobre las federaciones deportivas». Pedraz le ofreció al máximo mandatario del fútbol cántabro declarar por videoconferencia ese 14 de marzo, «pero prefiero estar en persona».
El motivo de la declaración de José Ángel Peláez ante el juez Pedraz era la financiación del campo de Tanos. Un asunto sobre el que el presidente de la Federación Cántabra ya presentó toda la documentación pertinente en la sede del Consejo Superior de Deportes tras la apertura de un expediente por parte del Tribunal Administrativo del Deporte.
Peláez comenzó su intervención poco antes de las once de la mañana. La única parte que formuló preguntas fue la fiscalía. «Muchas preguntas, casi todas relacionadas con la financiación de ese campo de Tanos. También hubo algunas sobre los campos de hierba artificial de las instalaciones Nando Yosu», afirma el presidente de la Cántabra, que contó «lo mismo» que expuso el pasado 8 de enero en la sede del Consejo Superior de Deportes y aportó la misma documentación. En síntesis, para decir que la Federación Cántabra no era destinataria de la subvención ni tampoco la tramitaba. Que ni es colaboradora, ni beneficiaria, ni firmó convenio alguno, al ser una mera transmisora de la subvención que procede de la Española y el beneficiario, en este caso el Ayuntamiento de Torrelavega. Y que cuando estuvo todo en regla con el consistorio, se pagó la subvención, que ascendía a 210.000 euros.
Además, Peláez presentó un informe al juez Pedraz. «Uno del Tribunal de Cuentas de enero del año pasado, en el que afea la conducta del propio Consejo Superior de Deportes en el tratamiento de subvenciones, y en el que se dice que es la mala gestión del propio CSD en esas subvenciones la culpable de muchos líos en la financiación de campos de fútbol».
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