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El expresidente de la Federación Cántabra de Fútbol, Alberto Vilar, utilizaba a los empleados de la entidad como «mayordomos» o «secretarios personales» y al final ... de su mandato se destruyó buena parte de la documentación sobre su gestión. Así se desprende de las declaraciones de la segunda sesión de la vista contra el presidente de la FCF entre 1990 y 2012, correspondiente a las testificales de la defensa.
«Mis labores eran las de secretario de la Federación pero al final era más secretario personal del presidente que de la Federación», ha señalado Carlos Toledo, secretario general de la FCF entre 2007 a 2012 y aún hoy empleado de la institución. Otro trabajador federativo, Juan Manuel Prado, ha explicado que le llamaban «el mayordomo» y así se sentía, tanto de Vilar como de su mujer y su hija. La encargada de las cuentas, Josefa Ferreras, ha estimado, por su parte, que la domiciliación de los seguros y planes de pensiones y ahorros personales con cargo a las Federación «tuvo que hacerlos» el propio Vilar y admitió que se había destruido documentación. Además, y siempre según las testificales, el dinero de la venta de entradas de la selección se guardaba en un sobre que se entregaba directamente al presidente, sin que conste si pasaba por contabilidad o no.
En definitiva, y siempre según los testigos citados por Fiscalía y la acusación particular en la sección 2 de la Audiencia de Cantabria (mañana lo harán los de la defensa), Vilar ordenó facturar viajes ficticios, cobró personalmente las entradas de la selección española que enviaba la RFEF, tenía al menos a dos empleados federativos a su servicio personal (y de su familia, en uno de los casos) y cargó los recibos de sus seguros y planes de ahorro personales a la FCF. Además, cuando el actual presidente de la territorial, José Ángel Peláez, tomó posesión en el cargo, se destruyó antes de que el relevo tomara posesión del cargo la gran mayoría de la documentación referente a sus 22 años de gestión –de ahí que solo se juzgue lo sucedido entre 2010 a 2012–. Además, su hija, Eva Vilar, recibió un préstamo de la Federación que pagó después a través de unas dietas que ahora se investigan.
La vista, que se ha prolongado hasta poco después de mediodía en las Salesas, continuará este miércoles con las últimas testificarles, en este caso las propuestas por la defensa del exmandatario, y concluirá el jueves 27, con las periciales y las conclusiones.
Prado, que «en 2010 trabajaba para la Federación y para la Mutualidad», ha reconocido que le llamaban «el mayordomo» y que «en gran medida» se sentía así. De hecho narró a preguntas de defensa y acusaciones que estaba a las órdenes no solo del entonces presidente de la territorial, sino también, en ocasiones, de su mujer y de su hija, tanto en horario de trabajo como fuera de él: «A veces iba fuera de horario o algún sábado. Si había alguna urgencia la atendía, pero la mayoría de las veces pasaba por casa de Alberto Vilar. Supongo que tenía obligación de estar en la Federación, pero era mi jefe y hacía lo que se me mandaba», ha indicado. Fundamentalmente «cosas para su casa» y «reformitas».
Toledo confirmó su versión: «Todos los días iba a buscarle a casa y la gran mayoría de ellos estaba Juan Prado pintando, haciendo las obras de la casa, arreglando la piscina… De hecho Prado me decía que Vilar le decía que se escondiera para que no lo viera».
«Lo que me mandaba comprar, iba y lo compraba –continuó Prado–. También la mujer me hacía encargos y se los llevaba, la mayoría de las veces a su casa. Se ponía todo a nombre de la Federación y se usaba un vehículo de la Federación». También a la FCF se cargó, según sus palabras, la pintura del chalé del expresidente, que pintó el propio Prado: «No recibí una sola peseta por ello y lo pinté en horario de la Federación. En una ocasión fui a pintar un gabinete y vi una bolsa con dinero». Añadió a pregunta de la defensa que tampoco Eva Vilar, hija del encausado, le retribuía sus servicios: «No, no me pagaban nada».
Toledo, a quien Vilar presentaba en su momento como hombre de confianza, no solo dijo haber vivido una situación similar, sino que ratificó las palabras de Prado. Toledo tenía un cargo institucional de peso en la Federación, pero de acuerdo con su declaración, su labor en la práctica era otra, más relacionada con las necesidades personales del investigado. «Tenía que acompañarle a muchos viajes ajenos a mi trabajo, pero me decía que tenía que ir». La propia hija del expresidente confirmó en parte la declaración de Prado: «Sí. Hacía algún arreglo en casa de mi padre o en mi tienda, pero no es cierto que hiciera algún trabajo relacionado con plantas y flores en casa de mi padre y no recuerdo que pintara la fachada». Acotó, eso sí, que «el señor Toledo no llevaba a mi padre; iba con mi padre, que no es lo mismo».
Ferreras, responsable última de la contabilidad federativa en aquella época, asegura no recordar si las dietas corrían a cargo de la Española o la Cántabra y deduce que «serían ordenadas por el presidente cuando él lo consideraba». «Cada año revisamos con el secretario todos los pagos. Si el presidente o el secretario me ordenaban que tenía que dar una dieta, no podía decir que no. Yo no cuestionaba los pagos que tenía que hacer; yo cumplía órdenes. No sabía en qué conceptos se pagaban las dietas a Eva Vilar», ha defendido.
En este sentido, Toledo ha declarado a preguntas de la Fiscalía que Vilar le utilizó como vehículo para cobrar dietas por desplazamientos ficticios: «Tenía orden de que todos los viernes le pasara un viaje ficticio y me tenía que inventar el destino, uno a cargo de la Federación Española y otro a la Mutua y más vale que me acordara porque si no… Obedecía las ordenes porque tenía la espada de Damocles en la cabeza y me amenazaba con despedirme».
El también actual secretario de la FCF se ha ratificado en sus palabras a preguntas de la acusación particular: «Me tenía que inventar yo los viajes. Había que abonar uno a cargo de la Federación y otro a la Mutualidad. Me inventaba por su orden un viaje a la semana para que lo cobrara Vilar». Sobre la venta de entradas regaladas por la Federación Española es claro: «La orden era que el dinero me lo entregaran a mí y lo metiera en un sobre y yo se lo diera al presidente».
Toledo ha hablado de otros gastos injustificados o espurios: «A veces se alquilaban coches simplemente para que no le quitasen el sitio del coche particular del presidente», siempre bajo una supervisión absoluta del entonces máximo mandatario. «No se movía un sacapuntas sin que él lo dijera. No se tomaba una sola decisión en junta directiva; solo lo que él decía. Absolutamente nadie le llevaba la contraria. Yo preparé algún finiquito porque algún empleado pintó la pared y Vilar se manchó el abrigo. Estaba todo el mundo amenazado de despido si no se le hacía caso», pormenorizaba en la sala.
La mecánica del pago de facturas la explicó Ferreras, empleada de la Mutualidad y encargada de la contabilidad de la Federación en los años enjuiciados. Señaló que las revisaba el propio presidente, que era quien daba la orden de pago, y opina que era consciente de que los seguros de su vivienda particular se pagaban por la Federación: «Lo domiciliaría él, evidentemente».
El ahora expresidente reconoció el lunes que durante tres años (es lo que se ha podido demostrar, al no existir el resto de la documentación) se cargaron a las arcas federativas sus planes de ahorro y pensiones personales y el seguro del hogar de su domicilio particular. En ambos casos lo calificó como un «error» cuyo origen era una pregunta que habría que hacer al secretario. «No. Los planes de pensiones que suscribió supuestamente el señor Vilar no venían en las cuentas de las asambleas», señaló al respecto Toledo.
Un acta recoge su aprobación en una asamblea de 1999, pero el documento está escrito a máquina con la única excepción de ese epígrafe, impreso desde un ordenador. Vilar sostuvo que era un ordenador federativo y Peláez acotó en su testificar que la FCF no dispuso de ordenadores hasta 2002.
José Manuel Torres, de la compañía aseguradora, ha dicho no recordar «exactamente» cuántas pólizas había ni cuándo se rescataron. «Me suena que había tres –cinco, según el actual equipo de la FCF–, pero no lo recuerdo exactamente». Sobre el monto del rescate explicó que «una vez enviada la documentación; es un trámite que dura una semana y nosotros nos desentendemos».
De acuerdo con el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, «se suscribieron cuatro planes de pensiones: dos contratados en julio de 1999 y otros dos en noviembre de 2003, todos con aportaciones periódicas a cargo de la Federación. En mayo de 2007, el acusado solicitó el rescate de las dos primeras y recibió 59.502 y 20.259 euros, respectivamente; y en abril de 2007 pidió la anulación de las dos segundas por jubilación y recibió 16.229 y 12.203 euros, respectivamente».
Las acusaciones han tratado de que los testigos les indicaran a qué cuenta se abonaron las cantidades. «Normalmente, las compañías suelen ingresar en la misma cuenta de donde salió el dinero», ha explicado Torres García, antes de precisar que entiende que por esta razón «se hiciera en la misma cuenta que donde se hacían los abonos. No recuerdo ni lo he consultado si se facilitó otra cuenta distinta». La defensa argumenta que el expresidente había hecho aportaciones personales: «Me suena que traspasó una parte de algo que tenía en otra cuenta, creo que en el Banco Zaragozano. Pero no lo recuerdo bien».
Por último, Luis Miguel Ostolaza, propietario de la compañía aseguradora que se hizo cargo de las pólizas con posterioridad, recuerda que la Federación era en aquel momento «un agente libre». «Se efectúa un cambio de planes –respondía–. No recuerdo bien, pero lo llevo a partir de 2009 o 2010. Se traspasan las mismas condiciones de las pólizas, tal y como estaban». En cuanto al seguro del hogar, habla, como el expresidente, de un error: «Alberto Vilar me traspasa que también haga los seguros de las casas particulares. Yo siempre hablé con él personalmente. En 2011 se da cuenta de que hay un error y se pone la cuenta particular en el seguro de su casa. Me llamó y me dijo: 'Luis ha habido un error en el número de cuenta. Hay que poner la mía particular'».
En cuanto a la reventa de entradas de la selección española, Ferreras explica que algunas se regalaban y otras se vendían. «Había gente que venía a pagarlo. A mí me daban el dinero las personas que venían a comprarlas y yo lo apuntaba», pero «no se justificaban los gastos para las dietas y yo las pagaba cuando el secretario y el presidente me mandaban».
Más explícito al respecto se ha mostrado Carlos Toledo: «Cuando llegaba algún partido importante la gente llamaba a la Federación para conseguirlas. Se hacía una lista con los pedidos y el presidente me daba las instrucciones. Había unas entradas que mandaba la Española y cargaba a la cuenta de la Cántabra. Algunas se regalaban y con las otras, la mitad, más o menos, tenía instrucciones de que el dinero se metiera en un sobre y se lo diera al presidente. No sé si pasaba por contabilidad ni la cantidad. Jamás tuve acceso a las cuentas y no sé qué se cargaba y que no».
La testifical de Ferreras matiza la versión de la Federación Cántabra y de su actual presidente, José Ángel Peláez, sobre la destrucción de la mayor parte de la documentación referida al periodo 1990-2012: «Hay ocho o diez archivadores por año, boletines… Eso lleva un volumen. No sé quién dijo que había que dejar tantos años y la asesoría nos dijo que había que destruir tantos años. Yo creo que deben de existir varios años más, no solo estos años».
José Luis Asensio, que entre 1995 y 2015 organizaba las competiciones en la Federación Cántabra, recibió según sus palabras la orden de deshacerse de los restos: «Fueron muchos sacos de basura los que saqué de la Federación en 2012; seis u ocho diarios, pero no sé cuántos días. Sé que se estaban destruyendo documentos porque me lo dijeron algunas empleadas, pero no sé de que iba», ha reconocido a preguntas de la Fiscalía. «Por lo que me dijeron las empleadas –ha añadido– la orden la dio el presidente, pero no tengo constancia de si quedó constancia en algún sitio lo que se destruyó».
«Soy autónoma. Tengo una tienda desde hace tres años. Antes me dedicaba a otro negocio, también propio, y trabajaba para la Mutualidad», explicaba la última testigo del día, Eva Vilar, a la que se ha preguntado si había recibido algún préstamo de la Federación Cántabra de Fútbol. «Tuve uno, pero lo fui devolviendo a través de las dietas que cobraba. Ponía mi coche a disposición de si venía alguien de la Española, de algunos empleados que venían a hacer trabajos a la Federación. Yo acordé con el secretario, Fernando Quijano y Carlos Toledo, que se pudiera devolverlo así», ha respondido.
Eva Vilar fue también contratada por cuenta ajena en la Federación por orden de su padre, sin que, siempre según algunas de las testificales de la primera jornada en la sección segunda de la Audiencia, tuviera una atribución concreta. El mismo día en que Peláez tomó posesión del cargo comenzó sus vacaciones y posteriormente se acogió a un permiso extraordinario –concedido por la mutua federativa, no por la propia FCF– a la que siguió una baja. Al cabo de unos meses la Federación dejó de pagarle por entender que no tenía función alguna. La hija del expresidente denunció la situación, pero el Juzgado de lo Social dio la razón a la FCF y declaró nulo su contrato en una sentencia firme tras confirmarla la Audiencia y el Tribunal Supremo.
El administrador general de la Federación Española de Fútbol durante aquellos años, José María Castillón, declaró por videoconferencia. Explicó que ambas federaciones tienen personalidad jurídica independiente y que no había un control de funciones de cada organización ni se intervenía si había una irregularidad, si bien sostuvo que no le constaba que las hubiera en Cantabria. Dijo desconocer si los presidentes cobraban un sueldo o si la territorial había suscrito planes de pensiones. Tampoco recuerda, según sus palabras, cómo se produjo la contratación de la hija del expresidente. «Sí recuerdo que existían discusiones entre Vilar y Peláez. Yo no quise llevarme mal con Peláez, pero siempre pensó que yo quería fastidiarle», concluyó Castillón.
Jesús María Herrero, empleado de la Ferretería Montañesa, ha sido preguntado por las compras en este comercio: «Normalmente iba la persona que se encargaba del mantenimiento. Iba a la tienda y se compraba allí. Se les giraba el gasto a una cuenta, pero no tengo ni idea a cuál». Tampoco conocía el destino. «No preguntamos a los clientes para qué destinará lo que compra», ha acotado Herrero, a quien sí le consta que el material adquirido era pagado por la Federación: «Sí, por supuesto».
Carmelo Movellán, propietario de una empresa cárnica y amigo personal de Vilar, sirvió encargos para la Federación en casos puntuales. «No sé si fue un par de veces. Al organizar alguna merienda o cosas así, nos lo encargaba». «No puedo asegurar cuántas veces fue. No quiero mentir», ha manifestado Movellán antes de admitir que «desde que abandonó la Federación» no le ha vuelto a ver ni ha tenido «ninguna relación comercial».
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