Alberto Vilar recurre al Supremo su condena de dos años de cárcel

De acuerdo con algunas de las testificales, si bien esto no figura entre los hechos probados en la sentencia -tampoco se juzgaba-, el propio Vilar ordenó destruir documentación, de modo que a su relevo no fue posible investigar en su momento pormenorizadamente las cuentas anteriores a 2010 al haberse comprobado que no existía buena parte de la documentación.

El tribunal le consideró el pasado mes de marzo «autor de un delito continuado de apropiación indebida agravada, con atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas», y además de la pena de prisión y la indemnización le condenó a una multa de 2.100 euros (siete meses a razón de diez euros diarios), el pago de las costas y la inhabilitación para el sufragio pasivo durante los dos años de condena.

En la sentencia ahora recurrida, la Sala Primera es contundente: «El acusado, aprovechando su posición en la Federación, con intención de obtener un ilícito enriquecimiento, dispuso de dinero de la citada entidad para su propio interés personal», se resume en los hechos probados de la sentencia.

Ahora el propio Vilar ha anunciado la presentación de un recurso de casación que dilatará aún más un proceso que arrancó en 2012, cuando José Ángel Peláez sustituyó a Vilar al frente de la Federación Cántabra y comenzó la revisión de toda la documentación, lo que desembocó en una denuncia ante los tribunales el 7 de octubre de 2013.

Vilar, de ochenta años de edad, sin antecedentes y condenado a una pena que no supera los dos años, no cumplirá previsiblemente la pena de cárcel, dado que en esas circunstancias es potestad del tribunal no ejecutar el ingreso en prisión, como es práctica habitual -aunque con excepciones- en España. Sin embargo, el exmandatario ha optado por dilatar más el proceso pese a lo contundente de la sentencia.

En ella, la Audiencia hizo suya la propuesta de la Fiscalía, que en sus conclusiones consideró a Vilar culpable de un delito de apropiación indebida «agravado por la cuantía» y solicitaba además una indemnización de 151.120,07 euros. Más pedía en su escrito la acusación particular: cuatro años y nueve meses de prisión por dos delitos, ambos de apropiación indebida, y una indemnización de 140.955,65 euros. Y todo a pesar de las modificaciones que incluyó en su escrito para rebajar los siete que demandaba originalmente.

El tribunal considera probado que el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol de 1990 a 2012, cobró dietas indebidas, cargó gastos personales a la Federación, ordenó que se le sufragaran cuatro planes de pensiones sin que lo autorizara la asamblea y cargó al ente el seguro del hogar de su vivienda. Además, concluye que su hija, Eva Vilar, que trabajaba para la Mutualidad de Futbolistas, organismo dependiente de la FCF, recibió un préstamo personal de la Federación que pagó con las dietas que le abonaba el propio organismo, para el que estaba contratada, si bien aclara que «no consta intervención del acusado en tal actuación». Las dilaciones indebidas propiciaron una rebaja de la condena.