Fútbol-segunda b
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Aser Falagán
Jueves, 11 de mayo 2017, 07:31
Una sensación de dejà vú recorre las oficinas de los Campos de Sport en una fase crucial de la temporada, justo cuando el Racing se juega el ascenso a Segunda División en un tramo que a menos que se produzca la sorpresa y consiga terminar ... como líder promete ser muy largo. Mientras otean un horizonte que amenaza con tres eliminatorias si quieren regresar a la LFP, los verdiblancos conviven con una amenaza que ya experimentaron el curso pasado por estas mismas fechas: el convenio de patrocinio con el Grupo Pitma y el Gobierno de Cantabria sigue sin entrar en vigor (falta que este último active su parte de un máximo de cuatro millones de euros en subcontratación de soportes publicitarios), y de no hacerlo el Racing no podrá ejercer su derecho al ascenso si así se lo gana sobre el césped.
PLazos aproximados
5-10 de junio
. Es la fecha límite para la firma del contrato de patrocinio con el Gobierno de Cantabroa, puesto que Pitma dispone de un plazo de dos semanas para ingresar los 8,5 millones pendientes, que lleva una dilación por motivos operativos.
15-20 de junio
. Se baraja como la el plazo inexcusable para abonar la deuda con Hacienda y que la Agencia Tributaria tenga tiempo de tramitar la documentación que acredite el pago.
30 de junio
. El Racing debe estar al día con sus futbolistas y tener los certificados de las administraciones públicas para ejercer, de conseguirlo, el derecho de ascenso a Segunda. En estos momentos no hay certificado con AEAT ni Seguridad Social.
La LFP exige a todos sus clubes miembros (independientemente de que juegue en Primera o Segunda División) estar al día con las administraciones públicas y con sus empleados. En el segundo caso el Racing lo está o, en el peor de los casos, tiene un calendario de pagos, pero la deuda con la Agencia Tributaria ronda aún los nueve millones de euros.
El Gobierno de Cantabria ya ha puesto en marcha los pasos previos para la firma del contrato, pero el Racing se encuentra con un problema: de demorarse aún más el proceso (se inició hace prácticamente dos años) no tendrá tiempo material para sanear sus cuentas en el plazo necesario. La entrada del Gobierno activaría el contrato ya firmado con el grupo Pitma, que inyectaría directamente 8,5 millones en la tesorería racinguista, pero este acuerdo ya cerrado tiene letra pequeña.
Por una parte, el holding cántabro tiene un periodo de dos semanas para hacer efectivo el pago, lo que en caso de estirarse demasiado los plazos podría generar un problema. Para paliarlo, Pitma podría urgir el pago, pero incluso con su mejor voluntad debería hacer frente a una pequeña dilación por motivos operativos que en una situación agónica podría resultar crítica.
Además, el club necesita asegurarse un colchón que se puede calcular incluso en un par de semanas para efectuar el pago a las administraciones (Seguridad Social y Agencia Tributaria, aunque el verdadero escollo es esta última) y obtener los certificados pertinentes. Porque de nada sirve estar al día con las arcas públicas si no se puede demostrar documentalmente.
Ya el año pasado el club se enfrentó al mismo problema, pero su eliminación durante la fase de ascenso despejó cualquier duda. De hecho, la pérdida de toda posibilidad de regresar al fútbol profesional demoró de nuevo durante meses un proceso que en caso contrario debería haberse lanzado contrarreloj o paralizado, impidiendo en ese caso el ascenso y poniendo en consecuencia en grave riesgo la viabilidad de la sociedad anónima deportiva.
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