«Espero que este procedimiento consiga la entrada en prisión de Ángel Lavín»

«Ha sido un juicio largo, denso, pero por lo menos ha servido para dejar claras las cosas. Ha demostrado que había una intención de desfalcar el club. Estoy satisfecho, porque era el objetivo. Sólo falta la segunda fase, que es que el que la hace la paga, y espero que este procedimiento consiga la entrada en prisión de Ángel Lavín», afirmó al término de la sesión en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Santander el abogado de los exfutbolistas, Manolo Higuera.

Una cita en la que sí estuvo Harry, pero a la que se ausentó, en su calidad de testigo, su predecesor y mentor, Francisco Pernía. A eso de las 14.00 horas, llegó una llamada del de Cóbreces para decir que acababa de recibir la citación y que si hacía falta que fuese al juzgado... La ironía se apoderó de la sala durante el receso. Ya sólo quedaban las conclusiones. La hora de Pernía llegará cuando lo crea oportuno la Audiencia Provincial, que juzgará en otra pieza de esta querella sus actitudes y las de dos de sus agentes de cabecera: Iñaki Urquijo y Juan Vergara.

El primero de los hechos –de los diez que aparecían en la querella sólo quedan cuatro– por los que se juzga a Lavín es el de su salario, autoimpuesto, de 72.000 euros brutos anuales. El primero en los 106 años de historia del Racing. Lavín afirmó que su etapa como mandatario «fue un poco distinta, pero anteriormente, de alguna forma los presidentes eran trabajadores de la empresa de referencia –la máxima accionista, Silver Eagle–», para justificar los emolumentos. Un sueldo que, según su testimonio, consensuó con el director general –Antonio Corino– «al darme de alta en la Seguridad Social y le pareció que tendría que ser superior o igual al suyo». «Me pareció una cantidad adecuada», esgrimió. Aunque en su día afirmó que lo cedería a la Fundación, finalmente «me lo quedé porque la Fundación era inoperante».

Los momentos más intensos del juicio llegaron a preguntas de Higuera. Éste cuestionó a Lavín si sabía que tanto los presidentes como los consejeros delegados del club «no han cobrado nunca». «No sé lo que cobraría cuando usted ha estado de presidente», contraatacó el acusado, cortado automáticamente por la magistrada. «No nos tome el pelo», espetó la jueza. Retomada la pregunta, Lavín se justificó: «Yo era director ejecutivo y si no cobrase sería un fraude a la Seguridad Social. Pasaba allí diez o doce horas todos los días». Algo, según Higuera, que no ha quedado demostrado documentalmente.

En este asunto, los administradores concursales del Racing Santiago Ruiz Asenjo y Alejandro Alvargonzález, en una testifical conjunta, afirmaron que «no se nos planteó nunca» la posibilidad de poner un sueldo al presidente e incluso confesaron que no habrían aprobado la citada retribución. Otro de los testigos, el exconsejero Manolo Saiz, contradijo a Asenjo y Alvargonzález cuando afirmó «no haber estado de alta ni cobrar remuneración alguna» pese a «ejercer como mánager deportivo» además de como directivo.

«Aunque los emolumentos nos parecían desproporcionados, él estaba allí muchas horas y creímos que debía ser dado de alta. Entendimos que sus funciones eran diferentes a las de gestión», comentaron los administradores concursales. Sobre el sueldo de Harry, Saiz dijo que, aunque «yo ya no estaba, estoy de acuerdo en que el presidente del Racing tenga un salario. Todo el mundo que trabaja tiene que cobrar».

El segundo de los hechos juzgados fue el referente al alquiler de unos apartamentos a la empresa Albatros, que rige Manuel Félix Pardo. «Amigo personal» de Harry según la acusación y «sólo un conocido» en palabras del expresidente racinguista. Lavín dijo que alquiló los inmuebles para albergar a futbolistas, porque le parecieron «adecuados y se ajustaban a los precios del entorno de El Sardinero», defendiendo que no intentaba favorecer a Pardo. Unos 1.000 euros por piso al mes según su testimonio. «Manolo Saiz llegó a pagar un alquiler de 2.000 o 2.200 euros para un entrenador», agregó. Sin embargo, la declaración de los administradores concursales se le vino en contra al exmandatario.

«Ese contrato no nos gustaba. Intentamos que se rescindiera, pero como terminaba en octubre de 2012 –estaba firmado desde 2007–, consideramos que era mejor no añadir costas», dijeron, además de reconocer que nunca pudieron certificar que esos pisos estuviesen habitados por jugadores. La posterior testifical de Manuel Félix Pardo no aportó demasiado.

El hecho juzgado con más enjundia fue el referente a la empresa Blu Sistemas, contratada, según Harry, «tras el ERE, porque ciertos servicios eran necesarios y rentables para el club» a través de «un acuerdo tácito que conocíamos todos en el Consejo». Pero entre la presión del fiscal y las protestas de su abogado, Lavín masculló que «no había nada firmado». Una mercantil que, según la acusación, ni tenía empleados ni sede y era de «un amigo» de Pernía y Lavín. «Se creó en 2008 como una editorial», dijo Higuera. Pese a la declaración de Manolo Saiz, Harry dijo no haberse reunido en Noja con Marco Antonio Puente Cabrero, responsable de Blu Sistemas. Una persona que, según el letrado de la defensa, Roberto Morales, se encontraba en la puerta del juzgado, pero la jueza no aceptó su intervención por no estar solicitada la testifical. A Lavín le patinó la declaración cuando Higuera le cuestionó por los servicios que debía dar el Racing en partidos de pretemporada en Castro, Barreda o Noja, entre otros, y por los que facturó Blu Sistemas:«Para bajar las bolsas de los jugadores, por ejemplo». El abogado rebatió esta afirmación diciendo que «para eso están los utilleros», a lo que Harry saltó que «Manolo San Juan es una persona mayor y el otro chico –José Ruiz– estaba en ERE», refiriéndose a los dos actuales responsables del material racinguista. Blu Sistemas facturó al Racing 173.000 euros en ocho meses de presuntos servicios.

«Nosotros no habríamos firmado ese contrato. Como algunos otros, eran contratos a largo plazo y era responsabilidad de quienes se iban a quedar en el club cuando nos marchásemos», dijeron sobre este asunto los administradores concursales. Saiz fue contundente al hablar de estos hechos. Su principal desacuerdo con el Consejo fue por el hecho de contratar a Blu Sistemas: «Yo no estaba de acuerdo con eso. Era infumable, porque le estaban dando el mando del club». Y dijo que «no se presentó un presupuesto, sino un contrato. Se le daba la función incluso de expulsar y contratar. Daba la impresión de que sin serlo iban a pasar a ser los gerentes del Racing».

Y después llegó el cuarto hecho a juzgar: la contratación de Iñaki Urquijo como responsable de las secciones inferiores. Citado como testigo, la jueza eximio al técnico vasco de declarar debido a que es uno de los acusados en la otra pieza que deberá ser juzgada en la Audiencia Provincial junto a Pernía y Juan Vergara –que no acudió a testificar– y lo que expusiese podría interferir en la otra causa. Harry dijo no conocer antes de su contratación a Urquijo. «Conocí a Vergara a través de José Campos. Él me ofreció a Urquijo y entendí que era un lujo para el Racing, porque tiene un currículum mejor que el de cualquiera de los que ha estado al frente de la cantera», dijo de alguien que, como explicó el fiscal, llevaba sin entrenar desde 1979. «Que a Urquijo le fichase el Athletic me parece que es significativo», dijo Lavín, a lo que Higuera respondió: «Y que le echasen trece días después también lo es».

El contrato de Urquijo estipulaba cláusulas tales como «5.000 euros por cada jugador que llegue al primer equipo» o «20.000 por cada futbolista de la cantera que juegue diez o más partidos con el primer equipo». E incluso, otra bonificación por cada equipo de la cantera que mantuviese la categoría. El fiscal lo catalogó como «retribuir doblemente el trabajo de un empleado». Harry se quedó con un «todo lo que sea esfuerzo por la cantera me parece extraordinario».

«Yo no sabía que Urquijo era representante de futbolistas», reiteró Lavín. Harry explicó que el anterior coordinador de la base, Isaac Gutiérrez, «quería salir por motivos personales. Yo le pedí que siguiese. Coincidió dos semanas con Urquijo y como no congeniaban e Isaac era el que se quería ir, decidimos darle el despido».

En este aspecto testificó Raúl Pérez, que fuera entrenador del juvenil de División de Honor del Racing. El actual técnico del Laredo firmó que «veía habitualmente» al coordinador por las instalaciones y dijo ser consciente de que el técnico vasco dormía en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia, con frecuencia. Lo que sí reconoció fue tener «buena relación, como con todos los demás» con Urquijo, que «comía de vez en cuando en un negocio de hostelería que yo tenía». Un Urquijo que tenía «16 horas de mínimo» semanales de trabajo y cuyo contrato ya fue declarado nulo en una sentencia anterior. Lo que sí fue en contra de Harry fue la confirmación, por parte de Pérez, que «ningún equipo de la cantera del Racing ha descendido desde que tengo conocimiento». Una afirmación que confirma el surrealismo de la cláusula por mantenimiento de la categoría de equipos formados por algunos de los mejores jugadores de Cantabria y confeccionados para ser campeones.

En el turno de conclusiones, la Fiscalía ratificó su petición de condena para el acusado por administración desleal, «que ha quedado acreditada». «Hechos de especial gravedad por la situación del Racing» y con una «conducta tendente a expoliar el club y favorecer a otras personas, como Marco Antonio Puente Cabrero». El fiscal habló de «voluntad de mentir» y de «contratos sangrantes», en especial en el aspecto relacionado con Blu Sistemas. Además, recordó las anteriores condenas que pesan sobre Harry de cara a una sentencia más dura.

«Este señor llegó con la intención de sacar el máximo dinero del club y entonces empezaron los inventos para conseguir ese objetivo», afirmó Manolo Higuera. Asimismo, habló de hasta «seis hechos imputables en un año y tres meses» de presidencia. «Se hizo tan burdamente porque pensaban que no iba a pasar nunca nada». Con respecto a los alquileres, destacó que los administradores concursales intentaron deshacer los contratos y que sólo consiguieron quitar uno y que los alquileres «eran inútiles» porque los inmuebles «estaban vacíos». Pero lo más «sangrante» para Higuera es el contrato con Blu Sistemas: «Falso y de servicios que jamás se prestaron. Buscaba mecanismos para desviar el dinero». Y en relación a la contratación de Urquijo, el abogado dijo que lo que buscaban con «el contrato ficticio era recuperar lo que la quita del concurso de acreedores les había quitado». Por ello, pidió una pena de entre 21 meses y cuatro años. El abogado de AUPA hizo suyos los alegatos de la Fiscalía y del propio Manolo Higuera. Solicitó tres años y medio de prisión. Lavín «actuó en beneficio propio en algunos casos, como el del salario» y en «beneficio de amigos suyos» y siempre «en perjuicio de la entidad».

Por último, la defensa restó importancia a las condenas anteriores a Harry y criticó que se denominase a su cliente como «delincuente habitual». Incluso destacó que de la querella inicial hasta el momento del juicio las solicitudes de la acusación han ido perdiendo fuerza. Lógicamente, defendió la actuación del expresidente verdiblanco y solicitó su absolución.