La cesión de la marca Racing a la Fundación vuelve a retrasarse

Una nueva consulta, solo que en este caso de la Fundación Racing, no del Gobierno de Cantabria. Eso es lo que ha motivado una nueva dilación en la cesión de la marca Racing a la entidad, que debía haberse firmado este mismo lunes, según el calendario previsto por las dos partes, pero que sin embargo no ha tenido lugar.

Esta situación retrasa a su vez la autorización del Gobierno para refinanciar la deuda pendiente, dos millones que ascienden hasta alrededor de 2,5 en concepto de impuestos e intereses, durante los próximos diez años, como solicitó el club el marzo del año pasado, cuando ya había concluido el contrato firmado en su día, pero sin haberse satisfecho una de las cuotas, y ha esperado hasta ahora, cuando el cambio en Intervención ha desbloqueado la operación.

El motivo de que la firma se haya retrasado por enésima vez es en este caso la pregunta que ha formulado la Fundación Real Racing Club al Servicio de Asociaciones del Gobierno de Cantabria para aclarar tecnicismos. Por el momento no ha recibido respuesta y hasta que no la tenga se volverá a retrasar la firma, según fuentes de ambas partes.

Esta nueva demora no beneficia en absoluto al Racing, el principal interesado en que se firme cuanto antes la devolución de su marca, máxime cuando ya han surgido las primeras críticas políticas y la coordinadora de Izquierda Unida de Cantabria, Leticia Martínez, ha arremetido contra el «continuo trato ventajoso» que el Gobierno de Miguel Ángel Revilla da al Racing «en comparación con el resto de tejido empresarial y laboral de Cantabria». Y todo pese al incumplimiento del contrato de patrocinio acordado en su momento.

Y este es precisamente el otro motivo por el que al Racing debería urgirle la devolución de la marca. Durante el largo proceso en el que ambas partes buscaron la manera de habilitar el modo de contratar publicidad institucional -que nunca una subvención- surgieron múltiples problemas. Desde la crítica política a la imposibilidad de llegar a un acuerdo directo mientras no se sufragara la deuda con la Administración y, más en concreto, con la Agencia Tributaria. A ello se unían las malas experiencias anteriores, la exigente legislación e incluso la oposición de técnicos del Gobierno y de la propia Intervención.

Pero el escollo último fue uno en el que ninguna de las partes había reparado: el Racing no podía -ni puede- subcontratar al Gobierno, ya sea a través del Grupo Pitma o no, la explotación publicitaria de una marca de la que el Ejecutivo es aún titular. Dicho de otro modo, que podría interpretarse que la Administración autonómica estuviera pagando y empleara como garantía una marca de su propiedad, con las posibles consecuencias jurídicas y judiciales. Y máxime con la experiencia vivida en el Caso Racing, que de facto terminó con la carrera política -al menos de forma temporal- de los exconsejeros Ángel Agudo y Javier López Marcano, al margen de la petición penal a la que se enfrentaban.