El contrato de cesión de la marca permite a la Fundación Racing traspasarla al club sin coste

El Racing debe al Gobierno de Cantabria 2.840.000 euros en concepto de impago de uno de los plazos de la marca Racing, impuestos de sociedades e IVA, pasivos todos ellos heredados de la administración de Francisco Pernía y la posterior Era Okupa. Además existen otros 1.580.000 euros en litigio por retenciones impagadas de las que el Tribunal Económico Administrativo Central considera responsable al Gobierno (las retenciones por los ingresos del alquiler de la marca Racing).

Así, en caso de que el recurso de alzada del Ejecutivo prosperara, la deuda ascendería a los 4.420.000 euros. Además, el contrato ya redactado prevé que la Fundación Racing pueda devolver la marca al club gratuitamente, como ya se pactó en su momento.

De todos modos, incluso en el caso de que la fundación conservara la titularidad, esto no interferiría en «las acciones de comercialización, publicidad y patrocinio inherentes a la explotación de las marcas en el ámbito deportivo y de competición».

Sin embargo, a día de hoy y previsiblemente en el futuro, el pasivo del Racing con el Gobierno autonómico es de 2,84 millones que se amortizará en dos bloques. Los dos millones adeudados de una cuota de la marca Racing se amortizarán en diez años, a 200.000 euros por ejercicio. La deuda derivada del IVA, que asciende a 840.000 euros, se refinanciará en cuatro plazos de 210.000, mientras que el resto del pasivo está en litigio o incluso ya se sufragó.

Así se estipula en el contrato de cesión de la marca Racing y de los derechos federativos, pendiente de la firma y al que ha tenido acceso este periódico, que el entonces propietario del club, el Grupo Sadisa de Santiago Díaz, cedió para propiciar la operación que le permitió abandonar la sociedad sin perder sus avales.

Se articuló entonces una subvención de 22 millones durante once años, a razón de dos millones por ejercicio, al mismo tiempo que el Racing se comprometía a pagar la misma cantidad anual por la explotación de su marca y derechos federativos hasta que concluyera ese periodo, inicialmente previsto en 2016. Con ese ingreso garantizado el club ya podía acudir al mercado financiero, lo que unido a los créditos participativos contratados por el Gobierno permitió el cambio de propiedad y abrió el largo galimatías al que ahora se espera poner fin.

Para restablecer el equilibrio patrimonial y evitar la disolución del club, CEP Cantabria concedió además un crédito participativo de 6,75 millones al Racing, un capital que se obtuvo no vía presupuestaria, sino a través de un crédito con el objetivo de que el futuro comprador lo asumiera. Se trata del crédito participativo que posteriormente el nuevo propietario, el grupo Silver Eagle de la familia Montalvo, no pudo asumir, generando un quebranto.

Esa cantidad se sumó a los 1,2 millones que el Ejecutivo ya había desembolsado un año antes para adquirir otro paquete accionarial del 8%, con lo que su participación pasó a ser del 61,4%.

Sin embargo, cuando se ingresó la primera subvención en 2006 el Racing, ya en manos del Grupo Silver Eagle y presidido por Francisco Pernía, no activó el mecanismo, y no fue hasta 2007 cuando efectuó el primer pago. Se produjo así un desfase que provocó que cuando en marzo de 2017 se debía pagar el último canon -de haberse cumplido el acuerdo inicial tenía que haber sido en 2016- no hubiera subvención con la que sufragarlo. Fue esta situación heredada, única a la economía de guerra verdiblanca, la que provocó la deuda ahora a punto de refinanciarse.

En consecuencia, las marcas se devolverán a la Fundación Real Racing Club en una operación de gran calado. El club tenía la posibilidad de recomprar su marca y derechos federativos no profesionales (es decir, de todas sus secciones y filiales excepto el primer equipo) por un precio de 500.000 euros, pero ante el acuerdo alcanzado en 2005, que ya preveía la inmediata devolución cuando concluyera el contrato, y el compromiso del actual Ejecutivo le han llevado a no hacer tal desembolso.

El clubconsidera que no se trata sin embargo de una dádiva del Gobierno, puesto que una sentencia firme de la Audiencia Provincial señala que el contrato de cesión era en realidad una operación financiera en la que la marca actuaba como instrumento. De ahí que el Racing considere que lo adecuado sea la devolución, como se pactó en su momento expresamente con CEP Cantabria, la extinta coordinadora de empresas públicas que entonces asumió la gestión. Y la cesión a la Fundación y de forma gratuita; de ahí que se imponga un precio si fuera el club quien deseara rescatarla.

Claro que en un sucesivo movimiento todos los derechos y marcas podrían regresar definitivamente a su titular original, puesto que el contrato de cesión también prohibe expresamente a la Fundación cualquier venta o transmisión salvo al Real Racing Club SAD y de forma gratuita.

No obstante, este acuerdo se ha topado con numerosos inconvenientes de los servicios jurídicos. El bipartito PRC-PSOE, que tenía previsto materializar esta actuación el 2 de abril de este año, trató sin suerte en junio pasado que la Intervención General avalase esta doble operación como paso previo para firma el contrato de patrocinio con el club.

El Gobierno encargó al ya exinterventor general, Gabriel Pérez, un informe sobre el expediente por el que la OPE y el Instituto Cántabro de Finanzas ICAF deben llevar a cabo las actuaciones procedentes para ceder de forma gratuita todas las marcas al considerarlas «devaluadas» y el aplazamiento de las deudas. Se da la circunstancia de que el pasado febrero el consejero de Economía, Juan José Sota, destituyó al interventor general y colocó en su puesto a Pedro Pérez Eslava, por entonces director de la Agencia Tributaria, director de la OPE y uno de los diseñadores de la operación del Racing.

Más allá de las diferentes valoraciones que este largo proceso ha suscitado, con la firma del nuevo contrato se cumplirá la filosofía del acuerdo inicial de 2005, cuando el Gobierno de Cantabria puso en marcha una operación rescate no del Racing, sino de su máximo accionista.

Y es que Santiago Díaz y el Grupo Sadisa, propietarios del club, habían puesto como condición para su salida de la sociedad, cuya entrada en disolución ya se había aprobado en la junta general de accionistas, que el nuevo comprador asumiera los 17,54 millones de euros que tenía avalados en la sociedad.

Finalmente fue el Ejecutivo el que se hizo con la propiedad en una operación puente destinada a asegurar la supervivencia del club y buscar un nuevo propietario, una vez descartada la posibilidad de atomizar las acciones.