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El pasado domingo se cumplieron once años de un proceso que, si bien está por ahí detrás y parece que no estorba, sigue lastrando de forma considerable el día a día del Racing. El 11 de junio de 2012, la Junta de Acreedores dio el ... visto bueno a la entrada del club en un proceso concursal que aún sigue vigente. A finales de este 2023, la entidad verdiblanca tiene previsto abonar el penúltimo plazo del convenio. Y un año después, meta. La luz al final del túnel. Mientras tanto, y la próxima temporada no será una excepción, esas deudas le pegarán un nuevo mordisco al margen salarial para la confección de la plantilla.
En las últimas dos semanas del presente año, el Racing deberá abonar cerca de 1,4 millones de euros para saldar los compromisos, ya lejanos, con sus acreedores, tras la sentencia que aprobó el aplazamiento en diciembre de 2020 a causa de la pandemia. Este será el cuarto pago de los cinco en que estaba dividido el montante total de 6,8 millones de euros tras la anterior modificación del convenio.
Inicio La Junta de Acreedores aprobó la entrada del club en concurso en junio de 2012. Un mes después, entró.
Últimos plazos En diciembre de 2023, el club debe afrontar el penúltimo plazo. Un año después, podrá cerrar la etapa.
Deuda total El club reconoció en su día una deuda de 33,5 millones de euros, 14 de ellos con Hacienda.
Para empezar, LaLiga, en sus normas para la elaboración de presupuestos por parte de los clubes ya indica que, a la hora de la búsqueda del 'Punto de equilibrio presupuestario' tendrá una diferente calificación para aquellas entidades que no hayan estado en concurso de acreedores. No es el caso del Racing, que, además, está inmerso en el proceso. Y el presupuesto, por supuesto, va ligado al futuro margen salarial.
Esta temporada que acaba de terminar, LaLiga aprobó un límite de coste de plantilla de cerca de diez millones de euros para el Racing. Una cifra lograda gracias al montante del traspaso anterior de Pablo Torre al Fútbol Club Barcelona. Este verano no están previstas ventas y menos de ese calado, así que en las oficinas de los Campos de Sport ya saben que el margen será menor. Algo que, por otro lado, tampoco debería ser un problema, porque Mikel Martija no gastó todo lo que tenía permitido. Y en un primer cálculo desde el club estiman que las cifras pueden rondar por ahí, por los algo más de 7,5 millones de euros que invirtió el director deportivo en la confección de la plantilla.
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Pero para llegar a números concretos hay que esperar, porque son múltiples los factores que afectan a la construcción del margen salarial, como el marchar de la campaña de captación de abonados o los ingresos esperados por publicidad. Otro aspecto positivo es que, por el trabajo adelantado por Martija, el club cuenta con una importante base de los jugadores de su plantilla con contrato para la próxima temporada, por lo que tendrá que afrontar menos fichajes. Además, la intención de José Alberto es tener una plantilla corta, con 21 o 22 futbolistas, por lo que serán menos salarios del primer equipo que pagar cada mes. Y, por lo tanto, menos desembolsos extra. Por el lado contrario, si hay que afrontar alguna rescisión, los números irán hacia abajo.
En la actual situación del Racing, con el club sostenido por la economía de sus máximos accionistas, y sin ingresos extraordinarios por venta de futbolistas, una hipotética ampliación del margen salarial sólo puede efectuarse a través de aportaciones de esos mismos propietarios. Y una de ellas, precisamente, se puede producir a través del presente convenio de acreedores. Dice la normativa de LaLiga que un pago anticipado en favor de los acreedores concursales permitirá la cuantía de los pagos anticipados en favor de acreedores concursales.
Cuando en diciembre de 2024, si todo va bien, el Racing finiquite el último plazo, también de unos 1,4 millones de euros, se habrá quitado por fin del tobillo esa herropea que lleva arrastrando desde junio de 2012 y que el club ha sido capaz de afrontar por el desalojo de los okupas del palco, por la flexibilidad de acreedores, instituciones y tribunales y por las aportaciones de sus actuales propietarios.
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