Un año después de su último juicio, el caso de Harry sigue sin cerrarse

La situación convulsa y excepcional que existe actualmente por la pandemia del coronavirus no influye de ningún modo en la publicación por parte del Juzgado de la sentencia al recurso presentado por la defensa del expresidente del Racing. No existen plazos y el tribunal puede resolver cuando estime oportuno.

Harry se encuentra pendiente de lo que dé de sí la demanda presentada por la acusación particular que representan la Asociación de Exjugadores del Racing y la Asociación Unificada de Pequeños Accionistas, AUPA. Ambos colectivos realizaron la petición de penas que posteriormente fueron aceptadas por el magistrado. El que fuera presidente verdiblanco fue juzgado por cuatro hechos concretos: asignarse un sueldo de 72.000 euros anuales en 2012; el contrato a José Ignacio Urquijo. como director técnico deportivo, y por el contrato de arrendamiento de servicios con la empresa Blu Sistemas y Proyectos, pese a que estaba en disolución y sin actividad los tres años precedentes.

En el juicio, inicialmente estaba previsto que declararan como testigos Francisco Pernía o José Campos, pero ninguno de ellos lo hizo. Sí lo hicieron los administradores concursales de la entidad verdiblanca; el exconsejero del Racing Manolo Sainz o el administrador de los apartamentos de la Urbanización 'Albatros' arrendados al Racing, Félix Pardo, o el exentrenador verdiblanco Raúl Pérez.

El procedimiento surgió a partir de la querella que la Asociación de Exjugadores del Racing presentó contra Lavín y Pernía, en 2012, dando lugar a la apertura de una causa a la que se adhirieron después el Racing y AUPA. El juez instructor dividió finalmente la causa en dos procedimientos: el de Lavín, en el que el Racing no se personó, y el de Pernía que también está visto para sentencia. La acusación contra Pernía, cuyo juicio acabó el pasado 23 de enero, se centró en la escuela de fútbol Racing Primavera en Brasil, la compra de un coche de lujo con cargo al club para uso exclusivo; y la indemnización de 100.000 euros a la empresa Galería Culturas, de José Campos, por despido o rescisión contractual. Pernía se enfrenta a una pena de entre seis y nueve años de cárcel.