El juicio al expresidente Francisco Pernía comenzará el 11 de noviembre

Quien fue presidente del Racing entre 2006 y2011 se enfrenta a una petición de cárcel que ronda entre los tres y los seis años, según se trate de la Fiscalía o de las tres acusaciones particulares: la de los exfutbolistas del Racing, la de los pequeños accionistas (Aupa) y la del propio Racing. El ministerio público solicita dos penas de tres años, una por presunta apropiación indebida y otra por un supuesto delito continuado de administración desleal. El Racing, por su parte, pide un total de nueve años por los dos mismos conceptos: seis por el primero y otros tres por el segundo.

Entre los hechos investigados y los supuestos indicios de delito (la querella se ha ampliado hasta en tres ocasiones, al margen de la separación en dos piezas en un proceso originalmente unido contra el propio Pernía y Ángel 'Harry' Lavín) Pernía será enjuiciado por los pagos injustificados al Racing Primavera (se calculan en un millón), la compra de un Audi de lujo, las operaciones con Juan Vergara e Iñaki Urkijo (a través de Sport Rent Consulting SL, donde se investigó un supuesto quebranto de no menos de 360.000 euros) y la contratación y rescisión de una empresa del exconsejero José Campos.

La etapa de Pernía como presidente formal del Racing finalizó en 2011. El 7 de julio de ese año el club, inmerso en una profunda crisis económica, entró en proceso concursal, aunque el de Cóbreces siguió al mano hasta diciembre. Sin embargo, en la Junta General de Accionistas de 2011, en la que se le iba a desalojar del cargo, habilitó una maniobra con la sociedad y el hombre de paja que había interpuesto para controlar la sociedad  –Alí Syed y la WGA Sports Holding–. Lo que parecía una buena jugada para él se volvió en su contra, puesto que los administradores concursales, conscientes de la maniobra y al considerar que obraba en perjuicio de la empresa y sus acreedores, decidieron la intervención.

Posteriormente el concurso se calificaría culpable en la persona de su presidente, Alí, y la WGA, aunque no del resto de los directivos. Algo nada frecuente, pero en lo que pesó la presidencialista gestión del club que llevó a cabo Pernía, la colaboración del hasta entonces director general, Roberto Bedoya, con los administradores y la firme oposición que le plantaron al propio Pernía algunos consejeros como Carlos Velado, que dimitió como forma de protesta y presión ante la gestión del de Cóbreces. Entre otras cosas, señalaba que en los traspasos de Tchité y Smolarek no se pudieron justificar gastos por valor de 1.825.000 euros, y de 1.325.000 en los de Zigic y Garay.

De hecho, la Fiscalía llegó a solicitar una indemnización de más de cinco millones al Racing tras calcular el quebranto que se podía haber producido a las arcas del club, aunque posteriormente el juez de lo mercantil Carlos Martínez de Marigorta calificaría el concurso como fortuito en una sorprendente decisión que permitió a Pernía salvar aquel escollo.

Terminada la administración concursal, Pernía siguió ejerciendo el control sobre el Racing, aunque su presidente formal fuera Ángel 'Harry' Lavín. De esta época data otro proceso del que salió indemne el de Cóbreces (no así Harry) el intento de amaño de un partido contra el Girona para evitar el descenso del Racing a Segunda B, que ya era matemático. Ocurrió en 2013, cuando se intentó convencer al equipo catalán que asumiera una alineación indebida frente a los cántabros –que no era tal– para que a cambio de una compensación económica se le sancionara con tres puntos que a su vez irían a los verdiblancos, evitando así su descenso. Se difundieron incluso grabaciones en las que se oye hablar a Pernía, aunque en aquel momento el presidente era ya Lavín, que asumió toda la responsabilidad, exculpando a su jefe y recibiendo una condena de seis meses de prisión a los que después se unirían los recientes tres años y medio.

De nuevo en lo referido al proceso por administración desleal y apropiación indebida, comienza ahora la última fase de un proceso que por momentos ha parecido eterno. Todo comenzó hace más de seis años, cuando el 28 de diciembre de 2012 la Asociación de Exfutbolistas del Racing denunció en el juzgado «indicios de irregularidades flagrantes en la gestión» en plena Era Okupa, aún con Ángel 'Harry' Lavín como presidente y con Francisco Pernía ejerciendo el poder en la sombra. Aquella querella (se optó por llevar el proceso a la vía penal y no a la civil) la redactó Manolo Higuera, posteriormente abogado de la acusación durante todo el proceso, pero los encargados de presentarla en los juzgados fueron Víctor Diego y Ángel Blanco 'Gelucho' .

Un mes y medio después el Juzgado número 2 de Santander admitía a trámite la querella criminal por delito societario continuado. En noviembre de 2013, tanto Lavín como Pernía tuvieron que declarar en una maratoniana vista de ocho horas tras no admitirse sus recursos y ese mismo mes Higuera ampliaba la querella al haber encontrado nuevos indicios de delito, como volvería a hacer en abril de 2014 por segunda vez.

Una vez desalojados Harry Lavín y su directiva, se habían unido al proceso como acusación particular tanto la Asociación de Pequeños Accionistas (Aupa), que lo hizo en noviembre, y el propio Racing, representado por Javier Noriega (mismo abogado que articuló el Caso Racing que encausó a los exconsejeros Ángel Agudo y Javier López Marcano, posteriormente absueltos).

Al fin en marzo de 2015 Pernía vuelve a declarar y se abre un proceso por el que durante dos años se amplían de nuevo los hechos investigados mientras los acusados tratan –sin éxito– de impugnar los recursos y –con mucha más fortuna– de dilatar el proceso, lo que no impide que en julio de 2016 tengan que declarar el propio Pernía y los agentes Iñaki Urkijo y Juan Vergara. También por esas fechas se separan las piezas, de modo que los expresidentes Pernía y Lavín sean juzgados en procesos independientes entre sí.

Al fin, el 22 de octubre de año pasado la fiscalía hace pública la petición de penas para Lavín (tres años) y Pernía (seis), peticiones que las tres acusaciones particulares amplían a entre seis y nueve años.

El 19 de enero el juez Agüero, titular del Juzgado de instrucción número 2 de Santander, dictó el auto de apertura de juicio oral contra Pernía y le exigió una fianza de 412.000 euros (y 317.000 para Vergara y Urquijo). El 1 de marzo el expresidente solicitó una prórroga para preparar su defensa, algo que el juez Agüero le denegó el día 7, y una semana después le dio tres días de plazo a para que subsanase defectos de forma en su escrito de defensa.

Al tratarse de dos piezas separadas, el 21 de marzo ya se juzgó a Lavín, que ha sido condenado a tres años y seis meses de prisión y a pagar una indemnización de 216.400,2 euros. El de Suances está ahora pendiente de recurso, pero en una situación muy compleja.

Ahora el otro expresidente deberá afrontar al fin la vista por el que es el proceso más grave de los que se ha visto sometido como conseceuncia de su presencia en el Racing, de uno u otro medo, entre 2006 y 2014. «Me sorprende el tema, pero hasta que no llegue a Cantabria no tengo nada que decir. No me gusta, pero hay que consultar con los abogados que son los que saben», dijo el 23 de noviembre a El Diario cuando se conoció la petición de prisión rompiendo un silencio mediático de más de seis años. Todo indica que este mismo año se sabrá cómo termina este capítulo. Aunque la experiencia impide descartar que haya una secuela en 2020.