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El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación del expresidente del Racing, Francisco Pernía, después de que la Audiencia de Cantabria le condenara a cuatro años de prisión y una indemnizacion de 127.357 euros por un delito continuado de apropiación ... indebida y administración desleal durante su mandato de cinco años (2006-2011) al frente del Racing.
La reunión del Tribunal para deliberación y fallo tendrá lugar el 15 de junio, fecha a partir de la cual se conocerá definitivamente el desenlace del largo proceso jurídico que se ha seguido contra el expresidente, y en el que se presentaron como acusación, además del Ministerio Fiscal, la Asociación de Futbolistas del Racing y el propio club, este último una vez finalizada la 'era okupa'.
Francisco Pernía afrontaba una petición de condena de la Fiscalía de seis años de cárcel (que se quedaron en cuatro tras la sentencia de la Audiencia), además de una reclamación de responsabilidad civil que ascendía a 411.380 euros por supuesta apropiación indebida y administración desleal a raíz de la querella de los ex jugadores, que se interpuso en 2013. En el procedimiento al que dio lugar también estaba acusado otro expresidente del Racing, Ángel Lavín, que ya fue condenado por la magistrada Susana Bello, además de los intermediarios Iñaki Urquijo y Juan Vergara.
A Pernía se le acusó de apropiación indebida por la gestión de la escuela de fútbol Racing Primavera, una escuela de fútbol en Brasil en la localidad de Indaiatuba; donde el club cántabro invirtió casi un millón de euros entre 2007 y 2011 «sin obtener a cambio ningún retorno ni beneficio de ningún tipo», según señaló en su día el Racing en su escrito de acusación. A esto se sumó un delito de administración desleal continuada por la adquisición de un Audi S8 de alta gama con cargo al club para su uso exclusivo –a pesar del convenio publicitario que el Racing tenía suscrito con el concesionario Auto Gomas por el que cedía el uso de una flota de seis coches y dos furgonetas al club– y la indemnización de 100.000 euros al exconsejero de la entidad, José Campos, por su despido, un pago que se efectuó a través de la empresa de Campos, Galería Culturas.
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