Pernía se enfrenta a una pena de hasta nueve años por administración desleal y apropiación indebida

Este lunes, siete años y 17 días después, comienza en la Sección Primera de la Audiencia la vista oral contra Pernía en un proceso en el que también afecta a dos agentes con los que trabajó durante la Era Okupa: Iñaki Urquijo y JuanVergara. Los tres declararán hoy mismo en las Salesas en la primera jornada de un juicio que por momentos pareció que nunca iba a celebrarse. Un proceso más largo que el de Kafka que diversas estrategias legales han dilatado. La última vez cuando se aplazó la vista, prevista para octubre del año pasado después de que el juez Agüero dictara el auto de apertura de juicio oral el 14 de julio.

Por el camino no solo se ha añadido a Urquijo y Vergara como acusados, sino que se han celebrado otras vistas paralelas de los que Pernía ha salido indemne y el proceso se ha separado en dos piezas: la que ahora arranca y la que llevó a la condena de Harry. Incluso se ha duplicado el número de acusadores. Porque a la Asociación de Exfutbolistas, representada en la sala por Manolo Higuera, se unieron, además de Fiscalía, la Asociación de Pequeños Accionistas, representada por Pablo Mora, y, tras la Era Okupa, el propio Racing, con Javier Noriega como letrado.

También por el camino el juez Agüero no calificó como punibles algunos de los hechos que se juzgarán a partir de este lunes, una decisión que revocó la Audiencia. Claro que a cambio no se han admitido a trámite otras acusaciones que figuraban en la querella: las irregularidades en los traspasos de Tchité y Smolarek, la indemnización de Jesús Merino, las comisiones por el traspaso de Garay, los gastos de representación y la consideración legal de Pernía como administrador de facto. El tribunal, previsiblemente con Javier de la Hoz como ponente de la sentencia, deberá ahora decidir sobre las acusaciones que aún se sustentan, y que se resumen en la administración desleal, con el consiguiente enriquecimiento, y la colaboración necesaria para apropiación indebida.

Pernía se enfrenta a unas peticiones de prisión que van desde los seis años que reclama Fiscalía (tres por supuesta administración desleal y otros tantos por supuesta apropiación indebida) y los nueve que por los mismos motivos solicitan el Racing y los exfutbolistas. Entre ellos, los ocho años y medio que reclama AUPA. También Vergara y Urquijo se enfrentan a penas de prisión. Fiscalía y Racing reclaman tres años para cada uno. La AUPA reduce a dos la petición para Vergara y los exjugadores, con Higuera a la cabeza, no piden prisión para este agente. Responden de la gestión de la escuela de fútbol Racing Primavera en Brasil –considerada una tapadera–, la compra de un coche de lujo (un Audi) con cargo al club para uso exclusivo y la indemnización de 100.000 euros a la empresa Galería Culturas, de José Campos, por despido o rescisión contractual. Y es que al margen de los desestimados otros hechos punibles ya han sido atribuidos a Harry Lavín.

En lo que al Racing Primavera se refiere, la entidad invirtió casi un millón de euros entre 2007 y 2011, «sin obtener a cambio ningún retorno ni beneficio de ningún tipo», según el escrito de acusación. El abogado acusador y anterior presidente del Racing, Manolo Higuera, sostiene que Pernía «distrajo, al menos» 360.000 euros de las arcas de la entidad verdiblanca por este concepto.

La etapa de Pernía como presidente formal del Racing finalizó en 2011. El 7 de julio de ese año el club, inmerso en una profunda crisis económica, entró en proceso concursal, aunque el de Cóbreces siguió al mando hasta diciembre. En la Junta General de Accionistas de 2011, en la que se le iba a desalojar del cargo, habilitó una maniobra con la sociedad y el hombre de paja que había interpuesto para controlar la sociedad –Alí Syed y la WGA Sports Holding–. Lo que parecía una buena jugada para él se volvió en su contra, puesto que los administradores concursales, conscientes de la maniobra, solicitaron la intervención judicial.

Los administradores calificaron el concurso como culpable en las persona de Pernía, Alí, y la WGA, pero Carlos Martínez de Marigorta lo declaró fortuito en el Juzgado de lo Mercantil. Posteriormente la Audiencia exoneró al primero alegando la mala redacción del informe. En aquel capítulo la Fiscalía llegó a solicitar una indemnización de más de cinco millones al Racing tras calcular el quebranto que se podía haber producido a las arcas del club.

Terminada la administración concursal Pernía siguió ejerciendo el control sobre el Racing, aunque con Ángel 'Harry' Lavín como presidente formal. Justo en esa época, el 13 de abril de 2013, se quiso pagar al Girona para que asumiera una alineación indebida frente al Racing para sumar así tres puntos que evitaran el descenso. Se difundieron incluso grabaciones en las que se oye hablar a Pernía, aunque en aquel momento el presidente era ya Lavín, que asumió toda la responsabilidad, exculpando a su jefe y recibiendo una condena de seis meses de prisión a los que después se unirían los recientes tres años y medio.

El 30 de enero de 2014 el juez de guardia ordenó la celebración de una Justa General de Accionistas que Harry se negaba a convocar –debía haberlo hecho en 2013– incumpliendo la legislación mercantil. Aquella cita, a la que se presentó el administrador concursal del WGA, que devolvió el control al legítimo propietario, sirvió para desalojarle y terminar así con la conocida como 'Era Okupa'.

Ya un con nuevo consejo de administración, el propio Racing se unió a la querella representado por Javier Noriega, el mismo abogado que articuló el Caso Racing que encausó a los exconsejeros Ángel Agudo y Javier López Marcano, posteriormente absueltos. En marzo de 2015 Pernía declaró en sala y se abrió un proceso por el que durante dos años se ampliaron de nuevo los hechos investigados. Al fin, el 22 de octubre de 2018 la Fiscalía hizo pública la petición de penas y el 19 de enero el juez Agüero, titular del Juzgado de instrucción número 2 de Santander, dictó el auto de apertura de juicio oral contra Pernía y le exigió una fianza de 412.000 euros (y 317.000 para Vergara y Urquijo). Después, una nueva demora en un juicio que debía haberse celebrado en octubre hasta llegar, al fin, al penúltimo juicio.