El Racing aún debe al Gobierno 2,9 millones de euros de su propia marca

Esta situación no genera problema contable ni legal para ninguna de las partes, pero la petición que tanto la alcaldesa de Santander, Gema Igual, como el presidente del Racing, Alfredo Pérez, hicieron en febrero en rueda de prensa para que el Gobierno de Cantabria participara en la renovación de los Campos de Sport (después oficializada en el Pleno municipal) no ha caído bien en Puertochio. Por una parte, ninguno de los actores se ha dirigido al Ejecutivo. Por otra, le genera un problema invertir en una empresa que y le debe dinero. Al mismo tiempo dedicarán 5,4 millones de eruos a unas nuevas gradas en las Instalaciones Nando Yosu, pero en este caso lo explica por tratarse de una inversión para las categorías inferiores y clubes convenidos que juegan en los campos 3 y 4. es decir, para el deporte base.

Además, este pasivo ha generado otros problemas en el pasado. Más allá de los propios de una sociedad que no tiene formalmente los derechos de su propia imagen corporativa (aunque sí de facto), es uno de los argumentos, aunque no el único, que el Gobierno ofreció para no cumplir su compromiso de incluir publicidad institucional en el club cuando el Grupo Pitma se hizo con la mayoría de las acciones. De forma pública ese mismo 2018, si bien ya lo habían hecho casi un año antes a través de la compra de Inmoarrabi sin que ni Alfredo Pérez y Pedro Ortiz, entonces consejeros, ni Manolo Higuera, entonces presidente, se lo comunicaran a la Junta de Accionistas.

Ahora, cuando en plena batalla preelectoral el Ayuntamiento ha instado al Ejecutivo a que participe en el remodelado de los Campos de Sport, Vicepresidencia, área de la que dependen, entre otras carteras, Deportes, considera que es difícil de justificar e incluso podría provocar problemas técnicos financiar un estadio de titularidad municipal cuyo uso está concedido -también de facto- a perpetuidad a una sociedad que aún le adeuda esos 1,4 millones.

Toda esta maraña data de diciembre de 2004, cuando el Gobierno de Cantabria impulsó la operación de compra el club a la familia Díaz para una operación puente. Durante año y medio el club fue de titularidad pública, antes de ser vendido al grupo Silver Eagle, que se hizo cargo de dos créditos participativos que nunca pagó.

Santiago Díaz negoció la venta del paquete mayoritario a un precio simbólico de un euro. Pero a cambio exigía que se le restituyeran las pérdidas de más de 17 millones que le había supuesto a sus empresas el mantenimiento del club durante las últimas temporadas. Una situación, la de aquel momento, comparable a la que viven ahora Pérez y Ortiz, propietarios de las acciones a título personal, a través de una empresa instrumental, para que el pasivo verdiblanco no afecta al balance de Silver Eagle.

Para restituir ese capital a la familia Díaz el Gobierno de Cantabria contrató dos créditos participativos de aproximadamente 10, 8 y cerca de siete millones de euros (es decir, capitalizables en acciones del Racing) de los que se debía hacer cargo el nuevo propietario, y una de las garantías era la propia marca del club, que se cedió al Ejecutivo. En total, la operación supuso, un montante de 17,5 millones que no fueron a parar al club, sino a sus anteriores propietarios con la marca del club, entonces en Primera División, como garantía.

Cuando en 2006 Silver Eagle se hizo con la propiedad de la SAD asumió esos dos créditos, que tras su quiebra nunca sufragó y que convirtió en capital social. Mientras, el Racing seguía sin recuperar su marca, tasada al principio en esos 17,5 millones y después en los 9,2 que señalaba el estudio. para entonces no estaba ya en condiciones de hacer ese esfuerzo económico ni a corto ni a medio plazo.

Ahora la deuda está refinanciada y, de consolidarse en LaLiga, el club no debe tener problemas para que se le restituya ese activo ya en 2028, pero cuando en pleno ruido preelectoral la política ha vuelto a interesarse por la situación del club el problema enquistado resurge.