La recuperación de la marca Racing cierra un proceso abierto con la venta de 2006

Se trata de una situación atípica que se daba ya por común dado lo que se ha prolongado en el tiempo: cerca de dos décadas. Una extraña cesión que se ha extendido mucho más de lo previsto (cerca de una década) y que tiene su explicación en el proceso de compraventa de principìos de siglo y en el caótico contexto en el que navegó el Racing durante la última etapa de Francisco Pernía -proceso concursal incluido- y la de Ángel 'Harry' Lavín, lo que unido a la economía de guerra que se tuvo que aplicar cuando se recuperó la propiedad enquistó lo que en principio solo era una herramienta fiduciaria y se convirtió en un problema.

Todo comienza en 2005, cuando después de la etapa de Dmitry Piterman y con un importante pasivo, Santiago Díaz y su entramado empresarial muestran su deseo de abandonar el Racing al mismo tiempo que como medida de presión se declara la sociedad en causa de disolución. El club tenía un pasivo de alrededor de 17 millones de euros avalados por su matriz y el Gobierno de Cantabria decidió habilitar una operación puente que permitiera hacerse con la titularidad de la mayoría accionarial, asegurar la supervivencia de la sociedad y capitanear la búsqueda de un nuevo propietario. Para ello, era necesario levantar esos avales que la familia Díaz había puesto para sostener la deuda del club con diversas entidades, entre ellas Caja Cantabria.

En consecuencia, para que la compraventa se pudiera llevar a efecto se debía restituir la deuda que el Grupo Sadisa garantizaba, para lo que se contrataron dos créditos participativos a devolver en el futuro por la nueva propiedad que se encontrara, de modo que el Gobierno de Cantabria pudiera hacerse temporalmente con la mayoría acionarial sin emplear recursos públicos. Así se hizo y el club quedó en manos del Ejecutivo por el precio simbólico de un euro por las acciones.

Pero para que todo esto fuera posible, en especial la concesión de los dos créditos, era necesaria una garantía financiera. Por ese motivo, a finales de 2005 se aprobó una subvención de 22 millones de euros repartidos en once años destinada a servir de aval cuyo reintegro debía asegurarse a través de otra palanca financiera. Para ello se diseñó una estrategia: el club cedía al Gobierno la marca para posteriormente alquilarla por los mismos dos millones de euros que recibía como subvención anual. Del mismo modo, durante varios ejercicios la contabilidad del Racing presentaba un movimiento de ida y vuelta que no era más que un apunte contable: dos millones de euros de subvención del Gobierno de Cantabria y el mismo montante en concepto de alquiler y explotación de su propia marca. Se había acordado además la futura devolución de todos estos nombres comerciales, logoimágenes y diseños industriales a la conclusión del contrato.

En aquel momento se tasó la marca en 17,5 millones de euros. Una cantidad que nunca revertió en el equipo, sino que sirvió para que el anterior propietario levantara sus avales. El Racing como sociedad no fue más que un espectador que tuvo que comprometer créditos participativos con los que compensar esa inversión pública.

Posteriormente, la venta en 2006 a un grupo empresarial en el que figuraban, entre otros, Ramiro Cid y Francisco Olmedo, pero en el que finalmente Javier Montalvo, presidente de Silver Eagle, se quedó solo como accionista de referencia, obligó a su empresa a asumir esos créditos participativos y, con ellos, el alquiler de la marca. Sin embargo, la posterior entrada en proceso concursal de la constructora Seop, bandera del grupo, dejó un vacío por el que la marca, que debía haber regresado al Racing en 2017, siguió bajo titularidad pública. Además, no se satisfizo el último plazo.

Precisamente en 2017, en la primera etapa de Manolo Higuera como presidente del club, se trató de recuperar los derechos. Higuera había heredado una sociedad entre el caos y la quiebra y su principal preocupación era, sencillamente, asegurar su supervivencia, pero al mismo tiempo trataba de construir un proyecto deportivo y restituir su patrimonio.

Sin embargo, al dirigirse al Ejecutivo se topó con las trabas planteadas por el Servicio de Asociaciones y la Jefatura de Servicio de la Consejería de Presidencia. Eran necesarios nuevos trámites y no se podía olvidar que, aunque no con relación estricta con la marca, años atrás se habían incumplido compromisos. Entre otras acciones, se volvió a tasar su valor, para establecerlo en 9,3 millones de euros. La cantidad que no se correspondía con el valor de un club -y su marca- en Segunda División B, donde militaba entonces el Racing, como señalaba el propio documento, pero que tenía en cuenta el «recuerdo de marca» y las expectativas de un ascenso dada la tradición del club en Primera y Segunda División.

Por el camino habían surgido además problemas burocráticos y legales. El Tribunal de Cuentas señaló el 10 de marzo de 2016 el incumplimiento de la Ley de Finanzas de Cantabria por el desembolso de 17,5 millones de euros en concepto de «compra de marcas y derechos federativos» hasta 2013.

Años después, una vez restablecida la normalidad institucional y económica del club y tras llegar a un acuerdo económico, el Racing ha recuperado su marca no a través de la Fundación, como se preveía en 2018, sino a título propio, en lo que constituye un nuevo paso hacia la estabilidad y normalidad institucional de una sociedad que está cada vez más cerca de olvidar el caótico principio de siglo que ha vivido. El Racing es ya de nuevo el propietario de su nombre.