Más de 10.000 becarios cántabros cotizaron el pasado año por prácticas no remuneradas

Con la norma que acaba de cumplir su primer año en vigor, las empresas privadas y entidades públicas pasaron a estar obligadas no sólo a dar de alta en el sistema a los becarios que cobrasen (algo que ocurre desde 2011), sino también a aquellos alumnos que no fueran a cobrar por su trabajo formativo. Aunque se tratase tan sólo de unos pocos días de relación contractual. No obstante, sus cuotas están bonificadas y las empresas cuentan con una reducción que alcanza el 95% en la cotización por contingencias comunes.

El cambio trajo consigo también una importante ventaja para esas personas que afrontaban su primer trabajo, y es que ese tiempo de prácticas se les reconoce como cotizados y podrán jubilarse antes. Asimismo, estos jóvenes están ahora más protegidos, por ejemplo, en caso de accidente. Con su alta, quedan comprendidos como asimilados a trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social y, como tal, tienen sus mismos derechos, salvo algunas excepciones como la protección por desempleo, la cobertura del Fondo de Garantía Salarial y del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Cantabria aportó durante el pasado año un total de 10.187 jóvenes en prácticas no remuneradas que cotizaron por primera vez. Resulta que es la cifra más baja de todas las comunidades, por detrás de los 11.275 de Baleares, los 12.482 de Navarra 14.626 de Asturias. Mientras que los que más sumaron fueron Cataluña al superar los 185.000 becarios sin cobrar frente a los 170.000 de Madrid y los 135.000 de Andalucía.

De esta forma, junto a los 250.000 becarios que ya cotizaban por cobrar en sus prácticas, el año pasado casi fueron un total de 1,2 millones en España, eso sí, este grupo de estudiantes en prácticas no engorda los datos de afiliación, es decir, no se contabilizan en los 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social con los que se cerró el año.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que su alta supone «una extensión de derechos para los más jóvenes». «Son el futuro del sistema y deben formar parte de él desde el inicio de su carrera laboral. Durante sus prácticas formativas disponen de una cobertura social, de protección frente a enfermedades o accidentes laborales, a la vez que generan derechos para la percepción de futuras prestaciones como la jubilación», detalló.