Iberdrola admite que Garoña, en la que trabajan 200 cántabros, podría cerrar definitivamente

Todo ocurrió el pasado jueves en el habitual encuentro que la dirección de Iberdrola mantiene con los sindicatos con motivo de la junta general de accionistas en Bilbao. El presidente de la compañía, Ignacio Galán, aprovechó ese encuentro para hacer una radiografía del momento que atraviesa la compañía. Y cuando tocó el turno de la central de Garoña, dejó entrever el negro futuro que le espera: «cerrará por motivos económicos». «En las condiciones actuales no es viable», remachó. El sindicato ELA desveló ayer el contenido de ese encuentro con Galán en un correo electrónico enviado a las 10.00 horas a todos los trabajadores de Iberdrola. En la comunicación repasa los distintos temas tratados en ese encuentro y se reserva para la postdata lo hablado sobre la nuclear burgalesa. «PD: el Presidente aseguró que Garoña se cerrará por motivos económicos. Como no se ha emitido ninguna confirmación oficial, aún no hemos empezado a celebrarlo...».

Las palabras de Ignacio Galán ante los sindicatos fueron recibidas con sorpresa en la planta de Garoña, en la que trabajan, incluyendo la sede de Nuclenor en Santander, 200 cántabros, de una plantilla cercana al millar. La mayoría de los empleados son originarios de la provincia de Burgos y de las comunidades fronterizas, entre ellas la cántabra. 87 de los 301 operarios de Centrales Nucleares del Norte S.A. (Nuclenor) son cántabros, a los que hay que sumar un centenar de los 568 profesionales que operan a sueldo de las empresas subcontratadas. Los cántabros que trabajan para Nuclenor están repartidos entre la planta burgalesa y las oficinas de Santander. En el primer caso son 57 y en el segundo 30. Nuclenor cuenta con una plantilla de 301 trabajadores. 48 de ellos, 30 de origen cántabro, están empleados en la oficina que la compañía tiene en la santanderina Hernán Cortés.

No es habitual conocer la opinión del presidente de la eléctrica vasca sobre la nuclear burgalesa, de la que es propietaria a partes iguales con Endesa bajo la marca Nuclenor. De hecho, el jueves fue cuestionado al respecto por un asistente a la junta general de accionistas. Su respuesta no fue tan clara como había sido horas antes en su cita con los sindicatos. Se limitó a decir que es «cuestión de tiempo saber si se cierra o no se cierra».

Está claro que en Iberdrola trabajan ya con un posible escenario en el que tengan que decretar el cierre definitivo de Garoña. Desde la compañía, no obstante, evitaron ayer en todo momento dar veracidad o desmentir la información desvelada por ELA. Pero asistentes a esa reunión confirmaron ayer a este periódico las palabras de Galán. «Dio la sensación de que se le escapó ese comentario», explicaron esas fuentes. «Cuando repasó el estado de las nucleares, comentó que algunas dan beneficios y otras son deficitarias, como Garoña. Entonces le preguntamos si con eso quería decir que Garoña no tiene viabilidad. Y él respondió que todo depende del Gobierno porque en estos momentos la planta no es económicamente rentable y si no cambian las cosas, se cerrará».

50 millones al año de gasto

No es la primera vez que desde Iberdrola o Nuclenor se advierte de que Garoña está condenada al cierre por las tasas a la gestión de los residuos radiactivos que aprobó el Gobierno y la imposibilidad de ampliar la vida de las centrales hasta los 60 años. De hecho, ésas fueron las causas esgrimidas por los propietarios para decretar la parada temporal de la central burgalesa en diciembre de 2012.

Desde entonces, la planta permanece desconectada de la red, aunque no inactiva. La plantilla sigue acudiendo a diario a sus puestos de trabajo para realizar las labores de mantenimiento y las instalaciones están siendo sometidas a una serie de mejoras decretadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para poder aspirar a esa prórroga en la vida útil hasta las seis décadas. Una vez el CSN evalúe esos trabajos, deberá emitir un dictamen técnico vinculante sobre si es seguro o no que la central opere hasta 2031.

Sólo si es favorable y el Ejecutivo central aprueba esa ampliación, a Nuclenor la saldrán las cuentas. Es a lo que Galán se refiere cuando señala que «todo depende del Gobierno». Mantener Garoña abierta le supone cada año a Nuclenor cerca de 50 millones de euros entre sueldos, mantenimiento y obras de mejora, mientras que sus ingresos son inexistentes además, está pendiente el pago de una multa, ya recurrida, de 18,4 millones por el sorpresivo cierre de 2012.

El problema con el que se ha topado Iberdrola y por extensión Nuclenor es la incertidumbre política instalada en España desde las pasadas elecciones generales.

Este escenario político es el que seguramente ha impulsado a Galán a insinuar que Garoña está más cerca de su cierre definitivo. Si no consigue esa prórroga, los números no saldrán. Esas son los «motivos económicos» de los que habla el presidente de Iberdrola, quien en su reunión con los sindicatos lo dejó claro: «aquí no estamos para perder dinero».

Por todo ello, se da por hecho que si Pedro Sánchez logra in extremis formar gobierno o si en unas hipotéticas nuevas elecciones el PP no logra una mayoría absoluta o al menos una muy holgada, la central de Garoña está condenada. El presidente de Iberdrola ya lo tiene asumido.