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ADOLFOLORENTE
Lunes, 16 de mayo 2016, 07:16
Si hay una palabra que define a la Unión Europa es diversidad. Un todo integrado por 28 estados miembros, 28 intereses nacionales, 28 formas de vivir, de pensar, de gastar y de ingresar. Un ejemplo. En Bruselas, en la sede del club, el mostrador de ... administración de los hospitales públicos está lleno de datáfonos donde amables personas te invitan a meter la tarjeta de crédito porque la cita con el pediatra cuesta 34 euros. Luego, a través de una mutua a la que debes pagar trimestralmente, te devuelven algo menos de la mitad del dinero abonado. En España, el tesoro se llama poder ir al pediatra las veces que uno necesite sin tener que sacar la tarjeta de crédito. Y si a alguien se le ocurre colocar un datáfono en el mostrador de un centro de salud... Pues eso, mejor ni imaginarlo.
Este es un simple pero elocuente ejemplo de la Europa de las mil velocidades, de las mil culturas, del Norte y del Sur. Esa UE en la que en Bélgica, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional es de 1.502 euros (más del doble que España), pero la carga impositiva que se soporta es para echarse a temblar. ¿Por qué? Pues para sustentar su poderoso aunque cuestionado entramado público. Los ingresos fiscales del país suponen el 51,3% del Producto Interior Bruto (PIB). Los gastos, el 53,9%. ¿Mucho? ¿Poco? En España, por ejemplo, el porcentaje de ingresos es del 38,2% y el de gastos, del 43,3%. En la UE, del 45% y el 47,4%, respectivamente. La diferencia es abismal. Tanto que si España quisiera equipararse a la media europea, el Gobierno tendría que ingresar 70.000 millones más cada ejercicio.
La Comisión Europea «estudiará» la propuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que ofrece un esfuerzo adicional para intentar que España evite una sanción por déficit excesivo. La respuesta llega después de que la Moncloa haya hecho pública una carta que envió al jefe de la Comisión, Jean-Claude Junquer, para pedirle que tenga en cuenta la situación política en España e intente evitar la sanción por incumplir las metas fiscales. En la misiva, Rajoy explica el contexto en el que se mueve el país y plantea argumentos en su defensa como la desviación de la inflación respecto a la previsión de la de Bruselas, que ha mermado los ingresos fiscales previstos. La carta subraya los ajustes y reformas aprobados en los últimos años en un contexto complicado.
La foto macroeconómica europea muestra, en realidad, que los belgas se limitan a actuar como lo hacen el resto de grandes países comunitarios. El problema sería España, la quinta potencia de la UE y la cuarta del euro. El diagnóstico es sencillo: no sabe ingresar, situándose en el furgón de cola comunitario junto a países como Rumania, Bulgaria, Letonia o Polonia. Y no es porque los tipos del IRPF, del IVA o del Impuesto de Sociedades sean muchísimo más bajos que el del resto de socios. Todo lo contrario.
España es considerado uno de los países con la carga tributaria más elevada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las explicaciones, según los expertos, pivotan sobre varios grandes ejes: la economía sumergida, el fraude y las desgravaciones. La clave no es el tipo nominal que se tenga sino el real que se ingrese, uno de los caballos de batalla que siempre han existido en España con las grandes compañías y su carga impositiva (apenas tributan por el 6% en lugar del 30% fijado). El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, puso el grito en el cielo nada más regresar al cargo en 2011 y ver cómo los grandes del Ibex «sólo pagan un tipo efectivo del 3,5%». Ha reconducido algo la situación, sí, pero aún es insuficiente.
España tiene un gravísimo problema para cuadrar sus cuentas. Lo venía advirtiendo Eurostat y lo ratificó hace unos días la agencia estadística comunitaria. Un problema que se ha recrudecido con la Gran Recesión, aunque ya existía incluso en los años dorados de la burbuja inmobiliaria.
El elevado paro, clave
En 2007, el último ejercicio de esa realidad de extrema bonanza que jamás volverá, los ingresos públicos fueron del 41,1% del PIB, quedándose aún lejos de la media europea, que fue del 44%. Aquel año los gastos públicos fueron del 39,2%, lo que llevó al país a registrar un superávit de 20.000 millones. Sí, saldo positivo, algo inimaginable para una España que ahora está a punto de convertirse en el primer Estado miembro multado por incumplir reiteradamente los objetivos de déficit. España no sabe ingresar.
Más allá del resiste fraude fiscal la economía sumergida, según distintas fuentes, supera con creces el 20% del PIB y de la ingente batería de deducciones y exenciones, hay otro factor destacado por los expertos que explica por qué viaja en el furgón de cola de la UE. Se pueden elevar los tipos del IRPF ad infinitum, pero si no hay riqueza que gravar hay poco que hacer más allá de exprimir aún más a la clase media. Y claro, España tiene un 20% de paro declarado, el doble que la media comunitaria, sólo superado por Grecia. Además, la Gran Recesión ha hecho que el mileurismo haya dejado paso al ochocientoseurismo, agravando aún más esta situación.
Quizá por ello, el Gobierno en funciones ha aprobado un cuadro macroeconómico hasta 2019 sin apenas cambios en el porcentaje de ingresos públicos. En 2016 será del 38,2% del PIB y en 2019, del 38,5%. Todo el ajuste para reducir el déficit se realizará vía gasto. Del 41,9% de este año se pasará al 40,1%. Eso sí, quizá llegue un nuevo Gobierno tras el 26-J y decida tirar la casa por la ventana...
España no sabe ingresar pero, al menos, tampoco sabe derrochar. Según Eurostat, está cuatro puntos por debajo de la media de la UE y cinco de la zona euro. El 43,9% registrado es similar al de Alemania y al de Reino Unido, pero está a un mundo del 53,9% de Bélgica, del 56,8% de Francia, del 55,7% de Dinamarca o del 58,3% de Finlandia. Allí papá Estado gasta pero también ingresa de lo lindo... e incluso coloca datáfonos.
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