Las grandes empresas avivan la alerta sobre las pensiones

Así figura en la lista de recomendaciones que el Círculo de Empresarios, junto al Círculo de Economía catalán y el Círculo de Empresarios Vascos, hacen en su último barómetro. A su juicio, los últimos cambios hechos en el modelo nacional de pensiones no han atajado el problema de su sostenibilidad, por lo que sigue faltando una reforma estructural.

En diciembre el Gobierno volvió a recurrir al Fondo, cosa que empezó a hacer a principios de la última legislatura y lleva repitiendo cuatro años con un saldo de 45.451 millones menos para sus arcas, frente a los 66.815 millones que llegó a acumular a principios de 2011 cuando todavía no acusaba lo peor de la crisis. En 2015 retiró 11.500 millones en dos tomas para pagar las extras (verano y Navidad) a los pensionistas, puesto que lo ingresado por las cotizaciones resultaba insuficiente.

De mantenerse la tendencia actual el año pasado el Ejecutivo tiró incluso del fondo que recibe el excedente de la gestión de mutuas (sacando 2.780 millones) para pagar pensiones, esa hucha que comenzó 2016 con 34.221 millones (suponen el 3,3% del PIB) duraría a duras penas tres años. Si acaso, poniendo los activos del Fondo (básicamente deuda española) a precio de mercado, se llegaría a 36.928 millones, y además habría que añadir los réditos anuales que en intereses generan sus inversiones. Asimismo, la mejora en la evolución del mercado laboral, con un aumento en el número de afiliados cotizantes, puede terminar alargando esos plazos.

Un posible modelo mixto

Ante ese panorama, los empresarios de los tres Círculos proponen un sistema mixto de capitalización: reparto entre empresas y trabajadores, ingresos obligatorios e ingresos voluntarios (como los fondos privados). Además, proponen que invierta en renta de otros países e incluso privada (fija) de forma progresiva, aunque siempre en un porcentaje menor que la deuda nacional, siguiendo así el modelo que se utiliza en algunos Estados nórdicos como Noruega.

Sin embargo, estos empresarios insisten en reclamar una rebaja en las cuotas sociales pese a ser unas de las principales fuentes de ingresos del sistema. Una contradicción aparente en la que también ha incurrido el Gobierno eximiendo de cotizar por los primeros 500 euros en los contratos indefinidos (si el PP gana las elecciones ampliará otros dos años esta medida), junto a otras reducciones de cuotas como las de las autónomos.

No obstante, tanto populares como socialistas han llegado a plantear la posibilidad de tirar de impuestos para abonar pensiones: los primeros usando parte de los recursos actuales del IRPF y el IVA para sufragar las prestaciones a viudas y huérfanos (23.000 millones en 2016); y los segundos a través de un nuevo tributo solidario aún sin concretar para pagar a los pensionistas en general.