El Gobierno crea un código de buenas prácticas para el pago de las cláusulas suelo

El Gobierno quiere desatascar el conflicto de las cláusulas suelo tras conocer la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aunque lo hará con una medida que no tiene por qué surtir los efectos deseados ante la complejidad del problema. El Ejecutivo reaccionó ayer apenas dos días después de conocer el fallo comunitario con el anuncio de un código de buenas prácticas bancarias que permita resolver «con celeridad» la devolución del dinero cobrado de más a las familias afectadas.

La norma estará preparada la próxima semana para que el Consejo de Ministros del día 30 dé el visto bueno a un texto en el que se recogerán las actuaciones que tendría que llevar a cabo cada entidad para propiciar el reintegro de los intereses cobrados en exceso por la limitación de los tipos hipotecarios. Así lo indicó ayer el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien afirmó que el objetivo pasa por «dar seguridad, tranquilidad y certidumbre» para ayudar a solucionar esta situación «de una forma rápida».

Sin embargo, son varios los obstáculos que dificultarán su implantación. El más importante es que se trata de un código de adhesión voluntaria. Es decir, que ningún banco estará obligado a sumarse a este reglamento y, por lo tanto, cumplirlo. Y vista la diversidad de criterios que maneja el sector, la dificultad de lograr consenso es elevada.

Posiciones muy diferentes

Las posiciones de la banca van desde la de Sabadell, que se mantiene en su idea de que sus cláusulas suelo son transparentes, aunque se muestra abierto a negociar las condiciones con los clientes; hasta BBVA o CaixaBank, donde retiraron sus suelos prácticamente desde el momento en que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, en mayo de 2013; pasando por Popular, con una posición más férrea inicialmente, para después avenirse a anularlas entre una parte de su clientela.

Para añadir otro elemento complejo, el Ejecutivo ha reconocido que la relación que mantienen los bancos con sus clientes es una cuestión «privada y personal», en la que no pueden entrar, a pesar de peticiones como las del PSOE de habilitar un sistema de arbitraje para evitar el colapso judicial de quejas.

Existe un precedente de este tipo de códigos cuyo resultado sólo ha beneficiado a una pequeña parte de los consumidores. Se trata de la norma impulsada por el Ministerio de Economía para evitar los desahucios por impago. El Ejecutivo la sacó adelante en marzo de 2012. Pretendía aliviar el ahogo que vivían las familias sin recursos, mediante la modificación de las condiciones de sus hipotecas, o con la dación en pago.

Durante estos cuatro años y medio de vigencia, han sido 40.446 hipotecados los que se han acogido a él para aliviar su carga. De ellos, 33.765 han conseguido una mejora en las condiciones de su deuda y 6.674 se han liberado de ella entregando su vivienda, según los datos actualizados por Economía.

Sin embargo, el problema hipotecario ha sido mucho mayor: en el tiempo en vigor del código, el INE y el Consejo General del Poder Judicial han contabilizado unas 244.000 ejecuciones hipotecarias, aunque no todas han acabado en desahucio. Tras esta experiencia, la asociación de usuarios Adicae denunció ayer que «los códigos de buenas prácticas de De Guindos son un peligro para los consumidores y un regalo para la banca», y pidió una solución rápida para los afectados.

Por otra parte, la agencia de calificación Moodys advirtió de que el criterio del TJUEañade «presión» sobre el rating de las entidades cuya solvencia se verá afectada de forma «severa» y con una capacidad «débil» de absorción de pérdidas.

Además, un juzgado de Oviedo ya ha anulado la cláusula suelo incluida en una hipoteca de 2003, al aplicar la sentencia dictada esta semana por el tribunal comunitario.