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josé m. camarero
Lunes, 9 de enero 2017, 07:26
El simple gesto de encender el interruptor a una determinada hora de la tarde, cocinar en el horno los fines de semana o abrigarse del frío activando la calefacción al despertarse supone para las compañías eléctricas todo un reguero de datos que hasta hace poco ... no disponían. Porque ya pueden determinar cómo, cuándo y dónde consumen electricidad sus clientes las 24 horas del día, los siete días de la semana y las 365 jornadas de todo un año.
Esta gran hermano energético se encuentra vigilando ya, como mínimo, a 20,5 millones de hogares en toda España, después de que las empresas del sector hayan impulsado durante el año pasado la renovación de los contadores de luz. Esta cifra representa aproximadamente el 80% del parque de instalaciones con las que cuentan las tres grandes firmas distribuidoras. Endesa ha cambiado nueve millones de terminales (un 80% del total), Iberdrola unos 8,6 millones (81,3%) yGas Natural 2,7 millones (75%).
Cantabria, adelantada
En el caso de Viesgo se ha llegado casi al 100%. De hecho, la eléctrica comunicó hace unos meses que en 2015 se había llegado al 98% en su zona de distribución. Esto supone que en Cantabria la práctica totalidad de los contadores ya son inteligentes. La actuación se ha realizado tres años antes de que sea obligatoria.
El reparto autonómico de esta renovación depende de los territorios donde cada corporación tiene asignada la distribución de electricidad. Por ejemplo, en el caso de Endesa, las comunidades con mayor implantación de contadores han sido las de Cataluña (con tres millones de terminales), Andalucía y Extremadura (3,8 millones, entre ambas), así como Baleares (500.000) y Canarias (900.000). Por su parte, Gas Natural ya ha integrado mayoritariamente en el sistema en 1,12 millones de aparatos en Galicia, más de 890.000 en Madrid, cerca de 441.000 en Castilla-La Mancha y casi 260.000 en Castilla y León. Iberdrola realiza esta renovación, en la que invertirá 2.000 millones de euros hasta 2018, en las diez comunidades donde su filial de distribución realiza esta actividad.
Con la última actualización, las corporaciones han superado ampliamente las normas legales que exigían que a finales de 2016 se hubieran renovado un 70% de los más de 25 millones de contadores de todo el país. Esto es, unos 18 millones. La ley obliga a que sea a finales de 2018 cuando tiene que estar culminado el proceso.
A pesar del avance experimentado, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha constatado que 156 distribuidoras casi todas pequeñas no habían cumplido el primer objetivo marcado a finales de 2014, y que establecía la implantación de los contadores inteligentes en un 35% de la red.
Además, el regulador ha alertado de que determinadas compañías energéticas sí le han informado de que disponen de este tipo de aparatos instalados, pero no han comunicado ninguna medida horaria del consumo de electricidad ligado al hogar que cuenta con esta renovada instalación, lo que provocará «actuaciones» de la CNMC.
Lejos de la ambición tecnológica que supone esta medida, las distribuidoras son las primeras interesadas en conocer con certeza los datos de consumo de cada uno de los clientes. Porque solamente con los 20,5 millones de contadores inteligentes puestos en marcha hasta ahora, reciben diariamente casi 3.000 millones de registros. Se trata de los datos de consumos que realizan los usuarios hora por hora;las franjas con mayor demanda eléctrica o los días de la semana con menor intensidad.
Esa base de registros estratégica sirve a las empresas para diseñar tarifas de luz acorde a los usos de cada uno de sus clientes. Así pueden vender un paquete de precios personalizado con programas que diferencian día y noche, jornadas laborables y fines de semana, o franjas específicas, entre otras opciones.
Pagar más por la estabilidad
Aunque este tipo de planes puedan parecer atractivos, Competencia recuerda insistentemente en la necesidad de analizar las características del contrato para evitar sustos posteriores. En general, se trata de tarifas específicas que evitan los vaivenes del mercado mayorista, como le ocurre al precio regulado (PVPC). Pero las compañías se valen de un precio que habitualmente aplica una prima, a cambio de esa estabilidad en la factura.
Además, hay que tener en cuenta cuál es la duración de esos contratos, porque habitualmente transcurrido el primer año, las condiciones suelen cambiar y es necesario negociarlas por parte del titular.
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