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j.a. bravo
Viernes, 17 de febrero 2017, 06:59
Por si el conflicto de los estibadores tuviera pocas variables, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) introdujo ayer una nueva con la apertura de lo que puede ser el primero de una serie de expedientes por "posibles prácticas restrictivas" del ... libre mercado. Y los señalados, como se temía hace tiempo en el sector, son las propias empresas adjudicatarias de la carga y descarga de mercancías en los puertos y los sindicatos que representan a los profesionales de esta actividad.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, acusó ayer a los estibadores de utilizar "métodos chantajistas" con "insistencia" para "mantener unos privilegios" (en sueldos y condiciones laborales) que ningún otro colectivo disfruta en España. "Espero que no quieran seguir con ellos al margen de la legislación y que lo paguemos todos los españoles", señaló el diputado conservador, quien llegó a hablar incluso de "nepotismo" en el sector. La réplica llegó del líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien dijo que esos trabajadores "se lo han ganado" y se mostró "preocupado por los tintes autoritarios del Gobierno".
De momento, la CNMC ha iniciado trámites para imponer sanciones por lo que viene ocurriendo en las instalaciones portuarias de Vigo desde hace 20 años. Los expedientados son cinco empresas Líneas Marítimas Españolas, Bergé, Estibadora Gallega, Terminales Marítimas de Vigo y Perez Torres y otros tres sindicatos UGT, CC OO y la Confederación Intersindical Galega (CIG).
Según los técnicos de Competencia, la infracción detectada consistiría "en la firma y/o aplicación, por parte de esas entidades, de un pacto extraestaturario en 1996 para la regulación de las relaciones laborales de la estiba en el Puerto de Vigo, cuyos ámbitos personal y funcional de aplicación desbordarían el reservado a las propias labores de estiba".
Desde la Comisión no han querido confirmar si habrá más expedientes por actuaciones similares en instalaciones de otras ciudades, aunque en el sector lo ven "muy probable" porque, admiten, "el modelo de funcionamiento es similar en muchos de ellos". La diferencia es que el órgano que preside José María Marín Quemada no se ha movido en este caso de oficio, sino a instancias de la propia Autoridad Portuaria de Vigo y la duda es si otras entidades similares harían igual.
Competencia tendrá ahora un año y medio como máximo para instruir ese expediente, sustentar más sus indicios de irregularidades y recabar alegaciones de las partes implicadas. De materializarse finalmente las sanciones, estás podrían suponer cantidades millonarias al menos para las empresas estibadoras al estar ligadas a su volumen de facturación anual según la ley.
Mientras tanto, y para meter todavía más presión al conflicto, la Comisión Europea instó también ayer al Gobierno español a completar la reforma de la estiba lo antes posible. "Hay una necesidad de que la ley española refleje las conclusiones del Tribunal de Justicia de la UE", apuntó el portavoz jefe de la institución, Margaritis Schinas, quien quiso precisar asimismo que "el TJUE sentenció que el régimen laboral de los puertos españoles crea restricciones injustificadas al establecimiento de operadores portuarios".
Las líneas rojas de Bruselas
Todo un aviso a navegantes que al Ministerio de Fomento puede servirle para refrendar su tesis de que en Bruselas se han puesto una serie de "líneas rojas" a la reforma del sector. Y una de ellas es la creación del controvertido registro profesional de estibadores, que el Ejecutivo rechaza de plano aunque ha instado a empresas y trabajadores a pactar lo que estimen necesario dentro del cauce de la negociación colectiva.
"La reforma viene impuesta", subrayaron ayer desde el departamento que dirige Iñigo de la Serna, al tiempo que llamaron a patronal y sindicatos a "sentarse a dialogar lo antes posible". Desde la central mayoritaria del sector, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), uno de sus portavoces, Manuel Cabello, se mostró optimista: "es muy difícil que no logremos un acuerdo porque casi lo habíamos alcanzado con las empresas justo cuando el ministro anunció un decreto".
Su aprobación, sin embargo, ha quedado aplazada hasta la reunión del Consejo de Ministros de la semana próxima ante la falta de apoyos parlamentarios y para dar más tiempo al diálogo, medida respondida por los sindicatos con la anulación temporal de sus huelgas.
Desde Bruselas, mientras, se confía en que "emergerá una solución que cumpla" con sus requisitos, pero en privado fuentes comunitarias advirtieron en las últimas horas de que "deben darse prisa". Eso sí, admiten que la multa en caso de incumplir aún no está clara.
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