Los puertos, en ascuas

El Gobierno decide esta semana sobre el conflicto de la estiba, que la UE ve como un coto cerrado, y donde los sindicatos temen despidos

José Antonio Bravo

Lunes, 20 de febrero 2017, 07:03

Hace apenas dos semanas muchos ciudadanos habían oído hablar más bien poco de los estibadores, sobre todo los de menos edad. A otros ese nombre les sonaba a conflicto en los puertos, pues se acordaban de las huelgas vividas años atrás en ellos, normalmente ante eventuales cambios en el sector.

Las últimas protestas generalizadas fueron en 2010 a raíz de la Ley de Puertos pactada entonces por PSOE y PP. Pero detrás de esta actividad, que consiste básicamente en la carga y descarga de los barcos que llegan a España, hay una serie de luces y sombras que conviene conocer para valorar el conflicto actual que aún amenaza con paralizar a corto plazo las instalaciones portuarias que mueven cada año mercancías por valor de 200.000 millones de euros, el 20% del PIB, pues suponen el 86% de las exportaciones del país y el 60% de las importaciones.

El Ministerio de Fomento, salvo nuevo cambio en sus planes, solo ha aplazado una semana hasta el Consejo de Ministros del próximo día 24 la aprobación de su polémico decreto para la reforma de la estiba. Pero pese a que ese anuncio se produjo el miércoles, patronal y sindicatos no tienen previsto reunirse hasta este martes... y además ni siquiera han confirmado todavía esa fecha.

El Gobierno ha dejado en los agentes sociales «la responsabilidad de alcanzar un acuerdo» que, en este caso, debería darse en apenas tres días si Fomento no vuelve a tirar de calendario con otra prórroga.

Cómo funciona el sector

Las empresas que quieran resultar adjudicatarias de los servicios de estiba tienen que inscribirse en el registro de Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (Sagep). A su vez, deben aportar capital, convirtiéndose en accionistas.

El 30% de las exportaciones cántabras pasa por el puerto

El puerto de Santander maneja aproximadamente el 30% de las exportaciones cántabras y un 47% de las importaciones, según un estudio publicado por el Instituto Cántabro de Estadística en 2013 sobre el impacto del puerto de Santander en la economía de Cantabria.
Los 48 estibadores que trabajan en el puerto manejaron el año 2016 1.413 barcos, junto a los empleados de las consignatarias y los de ETT,s que completan las plantillas , y descargaron y cargaron un total de 4,8 millones de toneladas. El preaviso de huelga no ha provocado problemas significativos en las operaciones de Santander, excepto algún retraso por la suspensión del turno de madrugada.

Su segundo vínculo forzoso con aquellas es de orden laboral. Cada compañía debe tener un 25% de trabajadores propios pero que han de ser contratados con la Sagep (hay una en cada uno de los 46 puertos del país considerados de interés general, aunque todas están vinculadas), mientras que el resto son cedidos temporalmente por dicha sociedad.

Los últimos datos (de finales de 2014) apuntaban que había 6.156 estibadores registrados, el 95% hombres. De ellos, prácticamente dos de cada tres (el 63,1%) trabajan en los tres puertos de mayor tráfico del país, que a su vez son los que más carga reciben: Algeciras (1.534), Valencia (1.301) y Barcelona (1.055).

Aunque su tarea tradicional es llevar mercancías, en la actualidad deciden cómo se cargan los buques dado el peso de cada contenedor, el tipo, el orden de salida, etcétera.

Origen del conflicto

Salvados sin grandes cambios anteriores intentos de reforma a escala nacional, ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que tomó la iniciativa. El 11 de diciembre de 2014 dictó una resolución ordenando que el sector se abriera a la competencia, al considerar que en la práctica opera casi como un coto cerrado por sus propias limitaciones autoimpuestas.

Y, según el Ministerio de Fomento, como «líneas rojas» en esos cambios puso el mantenimiento de las Sagep en sus términos actuales, las limitaciones a la libre contratación y la creación de un registro profesional que pudiera condicionarla.

Los puntos de la reforma

El Gobierno trató de negociar los cambios con la Comisión Europea mientras dilataba los tiempos. Finalmente, y ante la amenaza firme de multas, ha elaborado un decreto ley que, en primer lugar, elimina la obligación de las adjudicatarias de los servicios de estiba de pertenecer a una sociedad y que ésta, a su vez, controle a quienes contrata.

Las Sagep, en esta nueva tesitura, podrán optar por desaparecer o convertirse en empresas de trabajo temporal (ETT). En cualquier caso, habrían de coexistir con los denominados Centros Portuarios de Empleo, que, bajo el paraguas de la sociedad Puertos del Estado, supervisarán que todos los estibadores tengan una titulación de formación profesional, grado medio o superior, o bien un certificado habilitante para esa tarea. No será necesario, sin embargo, para quien acredite al menos 100 jornadas de trabajo en estos servicios en cualquier país de la UE.

Todos estos cambios se harán de forma gradual en tres años, tiempo durante el cual se iría reduciendo el porcentaje actual de plantilla que depende de las Sagep.

Posturas encontradas

Los sindicatos del sector, encabezados por la mayoritaria Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), rechazaron de inicio toda la reforma al considerar que en la práctica supondría un expediente de regulación de empleo (ERE) encubierto. Para ello se basaban, de un lado, en que introducirá un régimen similar al de las ETT y, por otro, que el decreto prevé que al cambiar las condiciones de trabajo el estibador podrá pedir el despido, que será costeado por Puertos del Estado a razón de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.

No obstante, «en un afán de flexibilizar y dar salida a este problema», la CETM ha aceptado buscar una alternativa al registro «que permita validar la formación de los trabajadores». Su propuesta pasa por una fórmula conjunta con las empresas, de modo que ellos mantengan «cierta capacidad para decidir quién está formado y quién no, a fin de garantizar la seguridad».

Ello, junto a cuestiones como la subrogación de trabajadores, la experiencia y las prácticas, entrarán en la negociación colectiva que deben tener ahora con las empresas. Estas, por su parte, quieren que los posibles cambios no se dilaten en el tiempo para evitar discriminaciones y problemas de competencia.

Efectos si no hay reforma

El decreto de reforma ha sido aplazado por falta de apoyo parlamentario en los primeros contactos, pero el Gobierno antiene su intención de aprobarlo en breve, aunque prefiere que antes haya acuerdo sectorial entre patronal y sindicatos.

Fomento alega que sin reforma a España le caería una segunda multa, a unir a los 21,5 millones ya impuestos por Bruselas. Pero fuentes comunitarias apuntan que esas sanciones aún no son firmes para el TJUE y podrían dilatarse hasta el verano.