Casi 4.000 parados cántabros mayores de 55 años podrán optar a un subsidio

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de otorgar un balón de oxígeno a uno de los colectivos más golpeados por la crisis económica sufrida en la última década. Los trabajadores de edad avanzada, con mayores dificultades para el reciclaje laboral y el hallazgo de nuevas oportunidades, tendrán menos obstáculos a la hora de acceder a un subsidio por desempleo. El órgano judicial ha tumbado uno de los requisitos que el Gobierno del Partido Popular introdujo en 2013 para endurecer el cobro de la prestación para mayores de 55 años al considerar inconstitucional que para determinar si una persona tiene derecho a percibir esa ayuda se computen los ingresos de toda su unidad familiar en lugar de sus rentas individuales. La sentencia, que se publicó el pasado 7 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), abre la puerta a cerca de 4.000 parados cántabros para optar de nuevo a esta prestación.

La cifra hay que buscarla en los datos recogidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Servicio Cántabro de Empleo (Emcán) correspondientes a abril, la última actualización disponible en la que se desgranan las estadísticas por edad y prestación percibida de los desempleados. Así las cosas, según información aportada por el sindicato UGT, ese mes había en Cantabria 9.163 reclamantes registrados de 55 o más años, el 23,9% de los 38.305 contabilizados entonces por el SEPE. De ellos, 4.414 eran hombres y 4.749 mujeres. Por ayudas disfrutadas, 1.368 (790 varones y 578 féminas) cobraban una prestación contributiva; otros 3.964 (2.448 hombres y 1.516 mujeres) ingresaban una ayuda asistencial (subsidio, renta activa de inserción, programas de activación para el empleo...); y 3.831 (1.176 hombres y 2.655 mujeres) no cobraban nada, por lo que en caso de cumplir los requisitos tratarán de acceder a alguno de estos apoyos del Estado.

Con ese escenario, el 41,8% de los parados mayores de 55 años no disfrutaba prestación alguna, casi un 56% en el caso de las mujeres y un 26,6% en los hombres. No sólo eso. Según los guarismos del SEPE del mismo mes, Cantabria totalizaba en todas las edades 8.305 reclamantes (17.474 hombres y 20.831 mujeres), de los que 8.372 cobraban una prestación contributiva (3.992 varones y 4.380 féminas); 9.683 percibían una asistencial (5.111 hombres y 4.572 mujeres); y 20.250 inscritos no cobraban nada. En este caso concreto, 8.371 varones y 11.879 féminas.

En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto de medidas «para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo». De facto, lo que produjo fue un endurecimiento de los requisitos para cobrar el subsidio de mayores de 55 años. La ayuda iba dirigida a los mayores de esa edad que, con o sin cargas familiares, hubieran agotado otra prestación, hubieran cotizado al menos seis años a lo largo de su vida y cumplieran con los requisitos para acceder a una pensión contributiva, salvo la barrera de la edad.

Aquel decreto introdujo un nuevo criterio que, una vez puesto en marcha, ocasionó que muchos potenciales beneficiarios dejaran de serlo. Desde marzo de 2013 comenzaron a computar las rentas familiares de los posibles perceptores. Es decir, si una persona quería beneficiarse de la ayuda, la suma de rentas de su unidad familiar dividida por el número de integrantes no podía superar el 75% del salario mínimo interprofesional.

El nuevo requisito perjudicó a las personas que convivían con cónyuges o hijos que cobraran salarios de poco más de mil euros. Ese recorte de perceptores conectó directamente con un contexto en el que la crisis golpeaba con dureza al colectivo.

El Ministerio de Trabajo ya ha admitido que la sentencia obliga a cambiar el criterio de cómputo de forma inminente. Trabajo tendrá en cuenta los requisitos anteriores al cambio de 2013: solo se computarán los ingresos del propio beneficiario, sin su unidad familiar.

Dentro de las particularidades que ha dejado la problemática que ya acaba se encuentra la de las personas a las que en su día se les denegó la ayuda por este nuevo criterio de rentas y que ahora tampoco podrían solicitarla por incumplir otro de los requisitos, como es el relativo a proceder de otro subsidio. Aunque ahora se vuelva a aplicar un criterio de ingresos personales, estas personas quedarían en un limbo, desenganchadas del sistema de prestaciones.

A nivel nacional, UGT señalaba que de los 3,4 millones de parados registrados a finales de 2017, un 23% tenía más de 55 años. Por otro lado, de las 1,9 millones de personas que cobran prestaciones, 546.000 (el 28% del total) es mayor de la mencionada edad.