Pablo Bustinduy

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

«Las aerolíneas no pueden basar su modelo de negocio en prácticas abusivas»

–Día intenso para este ministerio por la sanción a las aerolíneas de bajo coste. ¿Qué supondrá para los viajeros?

–Era una reivindicación histórica, hace muchos años que las organizaciones de defensa de los consumidores vienen denunciando estas prácticas. Hace diez años que el Tribunal de Justicia de la UE estableció que no se puede cobrar un exceso de precio por el equipaje de mano y, por tanto, lo que se manda a la sociedad es un mensaje muy claro: el Ministerio de Consumo defiende los derechos de los consumidores y defiende que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, esté por encima de la ley. No se puede basar un modelo de negocio en prácticas abusivas y creo que millones de personas se han sentido indefensas ante determinadas prácticas.

–Las aerolíneas ya advierten de que si esto llega a término van a subir precios. ¿Cree que es solo una amenaza o que estaban vendiendo billetes muy baratos?

–Tienen derecho a recurrir ante los tribunales si así lo estiman pertinente. Respecto a los argumentos que emplean, creo que la propia realidad y la experiencia de millones de viajeros les contradice. El precio medio de un billete de avión en España ha aumentado un 64% en los últimos dos años, más del doble que en otros países de la UE. Lo que pasa es que encontraron un modelo de negocio basado en cobrar por cuestiones que la Justicia Europea ha establecido que no son lícitas. Por tanto, estas amenazas o presiones quizá les hayan servido en otros casos pero España es un Estado de derecho y tiene un Ministerio de Consumo cuya obligación es que se defiendan sus intereses.

–Pese a esta sanción, la realidad es que mañana Ryanair va a seguir cobrando por la maleta a bordo. ¿Cómo se puede explicar esta contradicción a la gente?

–Se puede explicar diciendo que vivimos en un Estado de derecho y que a las compañías les asiste el derecho a recurrir. Tienen un plazo de dos meses para recurrir y tendrá que dirimirse en los tribunales. Ahora bien, la sentencia es firme y no solo se multa, sino que se les dice a estas compañías que tienen que dejar de cobrar por estos servicios.

–¿Y ese plazo en los tribunales cuánto se puede prolongar?

–Tienen dos meses para recurrir y después es la Audiencia Nacional quien tiene que decidirlo.

–Pueden ser años entonces...

–Bueno, la justicia tiene los tiempos que tiene. No hay atajos en un Estado de derecho. Nos gustaría que fuera inmediato, pero se garantizan todos los derechos de las partes implicadas. Pero la resolución es clarísima.

–¿Han recibido presiones de las aerolíneas durante estos meses?

–Han podido presentar sus argumentos a lo largo de todo este proceso y las advertencias de que van a subir los precios o que es una sanción de carácter político... Son formas de presionar y creo que se ha normalizado que haya grandes empresas que disponen de un inmenso poder y que están acostumbradas a poder salirse con la suya. Pero no vivimos en la ley de la selva, aquí hay una legalidad vigente y todo un sistema de protección de los derechos de los consumidores.

–España es el único país que va a imponer estas sanciones por ahora. ¿Es un mensaje al resto?

–España ha sido un país pionero en esta materia y sí ha habido interés por parte de las autoridades de consumo de varios países europeos por conocer el desarrollo de esta iniciativa. Confiamos en que haya más países que sigan nuestro ejemplo.

–Se impone una sanción diferente dependiendo de la aerolínea. ¿Depende de la facturación de cada una?

–Al ser catalogadas como infracciones muy graves, la legislación en materia de consumo prevé que se puedan imponer multas que vayan en función del beneficio ilícito obtenido por esas prácticas abusivas y, por tanto, la cuantía va en relación a esto.

–Sobre más ámbitos... ¿qué capacidad tiene el Gobierno para intervenir en la problemática del día a día de los consumidores?

–Creo que la sanción a las aerolíneas manda un mensaje importante en ese sentido. Y es que existe una capacidad real y existe toda la voluntad de ponerla en práctica. Es muy reciente la capacidad sancionadora del Ministerio de Consumo, existe solo desde el año 2022 y esta es la primera sanción por una infracción catalogada como muy grave. Y esta nueva capacidad que tiene el Ministerio de Consumo de sancionar prácticas abusivas de los derechos de los consumidores la vamos a aplicar con toda rotundidad y con toda contundencia en muchos ámbitos.

–¿Cómo va el seguimiento a los supermercados por la reducción del IVA? ¿Les sancionarán?

–El monitoreo de precios es un expediente abierto, no puedo comentar los particulares, pero la legislación es muy clara: no se puede trasladar la rebaja del IVA a aumentos de los márgenes por parte de las distribuidoras. A raíz de las denuncias de organizaciones de consumidores pusimos toda esa información a disposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pudiera estudiar la posibilidad de que existieran algún tipo de ilícito en esas prácticas, porque eso es materia de competencia. Y nuestras actuaciones están en curso. Por supuesto se les sancionará si identificamos fraude.

–¿Y cuáles pueden ser los plazos de esa resolución?

–Los plazos internos de un expediente es una materia sobre la que yo no puedo comentar públicamente, pero espero que no se dilaten mucho más.

–Las actuaciones sobre los pisos turísticos no se reflejan en los precios. ¿Es tan difícil tomar medidas definitivas?

–La mayoría de los pisos turísticos que operan en España no disponen de licencia. Es un sector en el que se han normalizado una situación de ilegalidad o de alegalidad que es intolerable. El ámbito de actuación de nuestro ministerio tiene que ver con la publicidad sin disponer de licencia para ello y pronto podremos anunciar algunas de estas actuaciones que van a ser muy decididas también. Es evidente que se requiere de una intervención general, profunda y política del mercado de la vivienda.

–Han anunciado un plan de actuación sobre personas vulnerables por la DANA. ¿Las ayudas están llegando ya?

–El pilar social desplegado hasta ahora ha supuesto una inversión de 60 millones de euros que irá directamente a los servicios sociales de los ayuntamientos afectados. ¿Por qué? Porque los servicios sociales son quienes están prestando la atención a las necesidades de la población en el día a día y con absoluta cercanía. Hemos entregado también una partida al Real Patronato de Discapacidad de 3 millones para poder financiar estructuras de accesibilidad como rampas o ascensores, pero también audífonos, sillas de ruedas, prótesis de personas con discapacidad que las hayan perdido y se hayan visto dañadas por la catástrofe. Porque la infraestructura que se ha dañado no son solo carreteras y puentes, sino que también son residencias, centros de servicios sociales, centros ocupacionales, etc.

–Pasando a la política, ¿cómo ve el ánimo del Gobierno tras las acusaciones de Aldama que llegan incluso al presidente?

–Las declaraciones del señor Aldama me merecen una credibilidad nula dados los antecedentes y la estatura moral de este señor. Por supuesto, cualquier sospecha de corrupción debe ser investigada y seremos implacables con ella. Pero credibilidad cero la que a priori yo le otorgo.

–¿Está asegurada la legislatura con votaciones como la reforma fiscal aprobada in extremis?

–Creo que es una excelente noticia que se aprobara una reforma fiscal muy compleja, porque en esta legislatura las mayorías parlamentarias lo son. La reforma fiscal le da estabilidad y viabilidad a la legislatura. El siguiente episodio son los Presupuestos. Necesitamos unos buenos Presupuestos que incluyan una mayor red de protección social, más derechos sociales y más redistribución de la riqueza.