Los agentes sociales acogen de forma desigual el plan de choque de Sánchez

El más duro con la hoja de ruta dibujada por el Consejo de Ministros fue el presidente de la patronal autonómica, Enrique Conde. El portavoz de los empresarios definió como «insultantes» las propuestas de ayuda a los trabajadores por cuenta propia al entender prácticamente como obvias iniciativas tales como la prestación de ayuda al desempleo si se cesa en la actividad o que si no se trabaja por causa de fuerza mayor no se pague cuota. «No se puede permitir que esta crisis sanitaria recaiga sobre la espalda de colectivos concretos como el de los autónomos. Creo que no se han pensado bien las medidas. Menos que lo que se ha anunciado es nada», subrayó.

En cuanto a las propuestas para blindar a los trabajadores, opinó que «son necesarias porque hay muchas empresas que tienen que cerrar de forma forzosa y otras van a sufrir», dijo en referencia a la agilidad y exoneraciones para aplicar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). «Ahora hay que aplicarlos con responsabilidad», advirtió.

La Cámara de Comercio de España apoyó las medidas aprobadas de urgencia y, además, destacó los instrumentos destinados a asegurar la liquidez de las organizaciones.

Desde la óptica sindical, el secretario general de UGT, Mariano Carmona, manifestó su respaldo a las medidas económicas extraordinarias decretadas por el Gobierno español para paliar los efectos del coronavirus y que para la organización tienen que tener como «prioridad absoluta» el mantenimiento de los empleos y de las rentas de las familias, con una especial atención a las directamente afectadas por la actual crisis sanitaria y a los colectivos más vulnerables. Carmona fue más allá y señaló que «todo esfuerzo económico, ya sea público o privado, tiene que ir en una misma dirección, mantener el empleo; y para ello será imprescindible la corresponsabilidad de los empresarios, y más en unos momentos tan difíciles como los actuales».

Desde CC OO, su secretario general, Carlos Sánchez, valoró de forma positiva las medidas y apeló a la responsabilidad de empresas y administraciones públicas para que «nadie pueda sacar provecho de esta situación». Aunque reconoció que aún es pronto para hacer una valoración profunda de todo el paquete de medidas, -«es un decreto muy extenso y en estos momentos estamos precisamente leyendo la letra pequeña y los aspectos más concretos»-, manifestó que, por lo que se ha podido conocer, «recoge muchas de las cuestiones que hemos planteado previamente las organizaciones sindicales, previo acuerdo también con las patronales».

Por otro lado, desde USO calificaron de «insuficiente» el estado de alarma y exigieron el cese de actividad «a empresas estratégicas que no garanticen la seguridad de los trabajadores». La mayor parte de organizaciones están «desbordadas» ante la falta de equipos de protección, aseveraron.

Por otro lado, siguen conociéndose más ERTE, un mecanismo que se aplicará de forma generalizada en los próximos días. Una de las firmas que ya se lo comunicó días atrás a sus trabajadores fue el Gran Casino Sardinero, que tiene en plantilla, incluido el personal prejubilado, a unas 58 personas.

Según explican desde el comité de empresa, la notificación llegó el sábado, una vez conocida la orden del Ejecutivo cántabro de cerrar de forma obligatoria los negocios de hostelería. Como esa directriz inicialmente se extendía hasta el próximo 28 de marzo, de momento la afección alcanza esa fecha. Eso sí, ya hay una nueva sugerencia para extender la medida hasta el 1 de junio. El comité pedirá al Consejo de Administración, en el que están representados Ayuntamiento de Santander y Gobierno regional, que respalde a unos empleados «con sueldos muy bajos« durante este periodo.