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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajado su previsión de crecimiento económico para el año que viene al 1,7% (en primavera estimaba que el PIB aumentaría un 2% en 2024), una previsión inferior a la del Gobierno (2%) pero en línea con ... la de otros organismos internacionales (ayer, la OCDE rebajó el aumento del PIB nacional el año próximo al 1,5%). Las razones para este crecimiento más débil se encuentran en el deterioro de la confianza de hogares y empresas, el endurecimiento de las condiciones de financiación -cuyo impacto máximo todavía se notará en los próximos 14-20 meses-, la persistencia de la inflación y la debilidad del crecimiento económico de la zona euro, nuestros principales socios comerciales. De hecho, «ya estamos asistiendo a la desaceleración económica», expuso la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero. Aunque para este año mantienen la previsión de aumento del PIB del 2,3%, una décima menos que la del Gobierno.
En todo caso, en ese crecimiento el impacto positivo de los fondos europeos durante este ejercicio va a ser menor del esperado debido al retraso en la ejecución de los mismos. Hace unos meses, la AIReF calculaba medio punto más de impacto en el PIB en este ejercicio, pero será en 2024 y 2025 donde haya mayor incidencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Informe de la AIReF sobre las líneas fundamentales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas en 2024 considera que se podrá cumplir el objetivo de déficit del 3% del PIB «sólo si no se prorrogan las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis energética y de precios y si las administraciones territoriales contienen los incrementos de gasto». Eliminar esas medidas -que mueren el 31 de diciembre de este año si no se prorrogan- proporcionan, según explicó Herrero, 5.700 millones de euros más de ingresos y 8.000 millones de euros menos de gasto; en total, un punto de PIB. Como el déficit cerrará este año en el entorno del 4,1% del PIB, la AIReF ve factible la reducción. En 2024 volveremos a la aplicación de las reglas fiscales pero inmersos en la incertidumbre económica e institucional.
Por todo ello, la AIReF advierte que las administraciones tienen que contener los incrementos de gasto y no agotar el margen que les permite la senda de estabilidad. Un aviso especialmente para las comunidades autónomas y corporaciones locales. «Ese margen que le da al Gobierno la retirada de las medidas no puede ser utilizado por otras administraciones públicas», señaló Herrero. La liquidación que van a recibir las autonomías en 2024 a través del sistema de financiación va a ser extraordinaria y no se va a repetir en años sucesivos. «Nos preocupa fundamentalmente que este incremento transitorio de los ingresos se esté utilizando para rebajar ingresos o incrementar gastos. Si las comunidades autónomas toman como referencia esa cifra de déficit prevista les lleva a una tasa de crecimiento de gasto neto por encima de lo que sería una senda sostenible porque esos ingresos extraordinarios no se va a repetir en 2025».
Aún más, en sus previsiones a medio plazo, la Autoridad Fiscal cree que se agota el margen de reducción del déficit y la deuda. Advierte que el déficit público volverá a subir al 3,2% del PIB en 2025 y se estabilizaría en ese nivel hasta 2028 si no se toman medidas adicionales, incumpliendo el límite del 3% fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por ello, la Autoridad Fiscal reclama un ajuste fiscal entre 2025 y 2028 de 9.500 millones anuales, es decir 38.000 millones en cuatro años.
En cuanto a la deuda pública, la Autoridad Fiscal prevé una disminución hasta el 106,3% del PIB en 2024. Esta reducción se producirá fundamentalmente por el crecimiento del PIB nominal. Pero a largo plazo, estima que la ratio de deuda crecerá -incumpliendo también la exigencia de que la senda de deuda sea decreciente los próximos diez años-, y el principal desafío para la sostenibilidad de las finanzas públicas será el previsible aumento del gasto asociado al envejecimiento de la población.
Respecto a las medidas incluidas en el acuerdo programático entre PSOE y Sumar, en concreto la defendida por Yolanda Díaz de establecer en el Impuesto sobre Sociedades un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable, Herrero dudó sobre la expectativa de la vicepresidenta y ministra de Trabajo en funciones de que pudiera aportar una recaudación adicional de 10.000 millones de euros. La presidenta de la AIReF lo consideró un cálculo «teórico», ya que las empresas podrían trasladar los ajustes de la base imponible a los resultados contables o que, incluso, algún resultado contable no se reciba en el territorio de aplicación del impuesto.
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