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En un momento de desafíos por diferentes vertientes, la industria cántabra ha recibido una buena noticia. El sector más intensivo en emisiones de CO2 contará con un calendario más amplio para rebajar y adaptar su huella ambiental a los requerimientos continentales. Así lo acordaron ... durante el fin de semana el Consejo y el Parlamento europeos, en una hoja de ruta que pese a su naturaleza provisional hasta que sea ratificada por los 27 estados miembro, dibuja un panorama más laxo que el planteado en un primer momento por la Comisión Europea.
Como principales hitos, el ajuste de emisiones arrancará en 2026, mismo punto de partida con el que se venía trabajando. Eso sí, y aquí llegan los cambios, los recortes no serán tan agresivos en los primeros años, con disminuciones en las emisiones del 2,5% en 2026; 5% en 2027, 10% en 2028; y 22,5% en 2029.
Del comienzo de esta transición a su final. El acuerdo alcanzado ubica la eliminación total de los créditos gratuitos para la gran industria en 2034. Como conclusión, este plazo supone dos años más que el establecido en un primero momento. Más importante aún, el proceso progresivo que plantea ahora la Unión Europea facilita esa transición de las factorías hacia la neutralidad climática, de manera que se allane el camino dirigido a trocar las fuentes intensivas en carbono por otras tecnologías limpias que no produzcan gases de efecto invernadero.
Pero hay más. En paralelo, según avanzó el lunes La Nueva España, el consenso entre Consejo y Parlamento implica la eliminación para 2030 del mercado de emisiones del 62% del tonelaje de CO2 en relación al total emitido por el sector a nivel continental desde 2006. Un periodo en el que el C02 lanzado a la atmósfera ya se ha recortado en un 41%, según datos del Consejo Europeo. En este sentido, se pretende continuar con una estrategia ambiciosa que coadyuve a acelerar el viraje de la industria hacia la ansiada producción neutra en carbono.
Como líneas maestras, el pacto incluye un incremento en esta tasa de recorte del 4,3% anual entre 2024 y 2027. A partir de ahí, se eleva una décima más entre 2028 y 2030.
En paralelo, otro instrumento que el sector fabril español, y cántabro, llevaba tiempo reclamando, en especial desde ámbitos como el siderúrgico. Con los mismos actores como protagonistas, esto es, Consejo y Parlamento europeos, la UE ha llegado a otro acuerdo para la puesta en marcha de un impuesto en frontera a las importaciones procedentes de terceros países que compitan con ventaja por no estar sujetos en sus mercados de origen a las exigencias ambientales europeas ni incurran en los costes de adquisición obligatoria de derechos de emisión de dióxido de carbono, a los que sí están sometidas las organizaciones que operan en el Viejo Continente.
Con un planteamiento inicial a lo largo de la semana pasada, el dibujo definitivo se cerró el domingo. Como punto de partida, el gravamen arrancará en octubre con carácter informativo. Su plena eficacia llegará en 2026, justo cuando arranque el recorte gradual de los derechos gratuitos de emisión.
Esto es así porque Bruselas considera que ambos mecanismos no son compatibles. De hecho, el Consejo apostilló que este arancel se aplicará de manera proporcional al menor beneficio de la reducción progresiva de los créditos gratuitos de emisión de C02.
Andrés Barceló, presidente de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), sostuvo que el acuerdo es «una buena noticia» pero sí que resaltó la «incertidumbre» reinante en el sector a la espera de conocer 'la letra pequeña' del pacto.
Desde CEOE-Cepyme Cantabria, su presidente, Enrique Conde, afirmó que «se trata de una muy buena noticia para nuestro tejido productivo ya que una parte muy importante de nuestra industria se ve severamente perjudicada por esta situación que grava su competitividad». No obstante, precisó que «aunque es positiva, esta noticia llega muy tarde; hace años que el sector industrial de Cantabria clama por el agravio comparativo que supone la producción de materias como el aluminio o el cemento en terceros países donde no existen exigencias ambientales».
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