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Hace más de una década, las principales industrias lácteas del país pactaron precios y compraron por debajo de lo que dictaba el mercado. Esa es ... al menos la tesis de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que en 2019 impuso una multa de 80,6 millones de euros a ocho empresas adquirentes y transformadoras de leche cruda de vaca y a dos asociaciones del sector por formar un cártel. Una operativa que a día de hoy todavía sigue viva en los juzgados, por lo que las sentencias aún no tienen naturaleza firme, pero que afectó a cerca de 60.000 ganaderos en toda España, de los cuales se estima que 6.000 son, algunos eran pues han cerrado sus explotaciones, de Cantabria.
6.000 ganaderos afectados en Cantabria aproximadamente, estiman los expertos.
330.000 es la cuantía media de indemnización que reclaman los damnificados.
Un asunto de calado en el sector en el que sobre todo hay mucha confusión en relación a las reclamaciones. En cifras, diferentes despachos de abogados que se han especializado en el tema difieren sobre el momento de reclamar o, incluso, si han prescrito los plazos. Lo cierto es que hace escasos días el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió, en relación al cártel de camiones, que los perjudicados tienen hasta cinco años para exigir los daños y perjuicios que les provocaron las prácticas anticompetitivas.
Un fallo que para el letrado Andoni de la Llosa, de Redi Abogados, apuntala la estrategia de aguardar la firmeza de los fallos y, con todo, todavía deja margen para iniciar acciones judiciales. La compañía estima que de los 6.000 ganaderos de Cantabria, sólo 1.000 permanecen en activo y el resto ha tenido que cerrar en los últimos años por las dificultades que zarandean al sector primario, en guerra permanente porque el precio de venta apenas cubre costes.
«Todo empezó por una denuncia de unos ganaderos navarros en 2013. Hubo una primera multa en febrero de 2015. A raíz de un recurso, la Audiencia Nacional hizo que se volviera a dictar, lo que ocurrió en julio de 2019. Esta multa no es firme y está recurrida en la Audiencia Nacional. Se cumplen ahora tres años, que es lo que suelen tardar estos procesos. Tampoco será firme. Las industrias lácteas tienen una última bala que es ir al Supremo. Seguro que las afectadas recurren, pero ahí ya se acaba».
De la Llosa entiende que este aspecto es clave para dirimir la controversia de la prescripción. «El problema se genera porque, salvo en Cataluña, antes era un año. En mayo de 2017 hubo un cambio normativo para ampliarlo a cinco. Ha habido discrepancias incluso en los juzgados mercantiles. La Audiencia de León consultó incluso a Luxemburgo, que ratificó que el plazo de prescripción eran cinco años. Las sentencias del TJUE tienen que aplicarse sí o sí», detalla.
Ahora, ¿desde cuándo se cuentan los cinco años? «La mayoría de juzgados, no todos, piensan que es desde la firmeza. Ha habido dos sentencias de las audiencias provinciales de Madrid y Barcelona, en dos cárteles diferentes, que han dicho que desde que es firme. ¿Cuál sería el plazo para los ganaderos? Bajo nuestro criterio un montón, pues habría que esperar a la firmeza y luego cinco años».
La otra tribulación para los ganaderos, las costas. «En cuanto a cártel de la leche, que sepamos, ha habido tres sentencias en España. Una ganaron en Granada, pero les indemnizaron con mucho menos de lo que pedían en base a la pericial de una industria láctea. Otras dos en Asturias y Lugo, que desestimaron con costas, esta última dictada un día antes de que Luxemburgo se pronunciara».
De la Llosa admite que «el problema de las costas es un follón». Hay despachos, como el propio Redi, que ha llegado a acuerdos con un fondo extranjero para tener cubiertas las costas, a cambio de un 30% de la futura indemnización.
El asunto no es menor. En el caso de Redi, que tiene cerca de 300 clientes en Cantabria y unos 1.200 en todo el país, la reclamación media llega a 330.000 euros. «Hablamos de costas de cerca de 100.000 euros, que un ganadero no puede asumir».
Más allá de las sentencias europeas o las dudas jurídicas de los profesionales, la realidad de los afectados por el 'cártel de la leche'. Uno de ellos es Manuel Sainz, de la Ganadería La Plata en Cabezón de la Sal. «Es un asunto en que se habla de mucho dinero. Es mucho dinero, de hecho, sobre todo por el riesgo de ser condenado a costas, con independencia de que se recupere más o menos dinero. Esto va para largo», arranca.
En su caso, «tengo unos cálculos que la indemnización que tengo que reclamar es en torno a los 200.000 euros. Un pico que tiene cada uno después de dejar de cobrar durante unos años tres o cuatro céntimos menos de lo que nos corresponde», detalla.
Sainz admite que los últimos años están siendo duros. «Uno está con mucho desánimo», reconoce. «La situación que estamos viviendo es más que complicada para hacer frente a las facturas de pienso y demás».
Normalmente la explotación albergaba unas 45 o 50 cabezadas de ganado. «Ahora me estoy moviendo en torno a la mitad», admite.
Por tanto, la resolución de un asunto como el 'cártel de la leche', aunque habrá que ver qué dicen los jueces respecto a los plazos y la prescripción, puede suponer un balón de oxígeno para miles de explotaciones de toda España.
La cuestión está en comprobar, con los costes actuales disparados por la inflación, cuántos de los damnificados mantendrán la actividad en el momento en que empiecen a producirse las resoluciones de sus procedimientos.
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