Los aranceles de Trump a la exportación de alimentos tendrán efecto mínimo en Cantabria

El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) tira de estadística para restar importancia al potencial perjuicio. Según los datos que maneja el organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, de enero a julio de este año se exportaron productos agroalimentarios a Estados Unidos desde Cantabria por valor de 1.295.000 euros.

De este lote, el 70% fueron conservas de pescado, mientras que el 27% lo aglutinaban el pescado y sus derivados. El listado lo completan algunas operaciones residuales de productos dietéticos y pastelería.

Con esta radiografía el ICEX colige que «no hay ninguna empresa afectada» por los aranceles al sector primario. Aunque con matices. A modo de ejemplo, la Quesería Javier Campo de Tresviso está lista para mandar un lote de 40 unidades. ¿Los efectos estimados de la barrera arancelaria? Entre cuatro y cinco dólares adicionales por kilo para el bolsillo del consumidor.

Aún con todo, sí que habrá que seguir la evolución que tenga de forma indirecta esta medida comercial en el sector lácteo regional, si la hubiera, así como en otras grandes compañías queseras de la Comunidad. En todo caso, sí que es evidente que otras autonomías españolas tienen más motivos para la preocupación. A Cantabria ya le tocó el impacto con los aranceles al acero y al aluminio, así como con las trabas que Estados Unidos impone al sector de la automoción, en especial por el peso que tiene la industria autonómica de componentes.

Si en el ámbito cántabro el ICEX lleva al campo de lo testimonial el perjuicio, a nivel nacional las organizaciones agrarias y ganaderas afectadas por los aranceles a productos como el aceite, el vino, el queso, la carne de cerdo, las frutas y los mariscos no quieren que el Gobierno se quede de brazos cruzados a la espera de que Estados Unidos confirme la aplicación de tasas que elevarían sus costes un 25% si quieren operar en ese país. Por eso, exigen una «respuesta contundente», como la que ha pedido la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) porque las consecuencias de esta guerra «todavía no alcanza a vislumbrar».

Los profesionales del sector son conscientes de que la baza con la que cuenta la Unión Europea es la de, a su vez, imponer aranceles a productos norteamericanos, aunque esa deriva implicaría un recrudecimiento de la guerra comercial que afectaría a ambas partes del Atlántico. Por eso, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Pablo Planas, reconoció que aún ve margen para negociar. Una fecha clave será el 14 de octubre cuando la Comisión Europea se reunirá con la Administración estadounidense antes de que la imposición de aranceles sea definitiva el 18 de octubre.

Planas recordó que Europa espera una resolución arbitral positiva para sus intereses por unas subvenciones similares de EE UU a Boing. «Posiblemente tengamos esta resolución en no más de ocho o 10 meses. De acuerdo con la tradición de la Unión y EE UU, lo normal sería entrar en un proceso negociador para compensar» unas sanciones con otras, una vez hayan sido autorizadas por la autoridades arbitrales que dirimen el conflicto.

Si la reunión no llegase a buen puerto, Planas ve necesario que la UE y los Estados miembros afectados articulen una respuesta «muy firme» para defender sus intereses. El ministro no quiere comenzar una «guerra comercial» con Estados Unidos pero ha anticipado que «si la inician, vamos a contestar y defendernos con todas nuestras armas», aseveró.

El ministro se reunirá la próxima semana con las comunidades autónomas y los sectores afectados con el objetivo de consensuar un frente común. «Nos parece inaceptable que el sector agroalimentario español esté sufriendo las represalias comerciales en relación a un conflicto aeronáutico», afirmó ayer. Además, el Ejecutivo estudiará qué medidas se pueden adoptar para compensar a los afectados por la subida de las tasas aduaneras.