Los arquitectos cántabros reclaman al Gobierno que ordene el cese de la actividad en la construcción

La construcción es uno de los sectores que no están sujetos a las restricciones impuestas por el Gobierno para evitar el avance del coronavirus: todas las obras que venían ejecutándose pueden continuar, e incluso es posible obtener licencia para iniciar otras. Se entiende así que la construcción es una de las actividades que el Ejecutivo considera esenciales, y en la que pueden cumplirse los protocolos sanitarios indicados. «En la práctica se trata de algo muy difícil de aplicar: cada obra es un centro de trabajo en el que se comparten materiales y equipos y los trabajadores vienen y van; tienen mucho tránsito añadido de suministros, desplazamientos a almacenes... ¿cómo se mantiene la distancia de seguridad al manejar grandes cargas, en un andamio, en el traslado de trabajadores?», plantea Castro.

«El Gobierno intenta mantener la actividad en la construcción por su importancia en la economía del país y su repercusión en el empleo. En mi opinión, lo que ha hecho ha sido aplicar un cálculo de porcentajes a la hora de intentar atajar la epidemia reduciendo la actividad en un tanto por ciento. Ahora lo que hay que preguntarse es si resulta suficiente y si es eficaz mantener sectores en marcha».

Solo el Gobierno tiene el poder de decidir si la construcción se suma al parón generalizado. En los pliegos de condiciones de obras públicas únicamente se contempla su interrupción por causas excepcionales (un terremoto, por ejemplo), ya que en caso contrario se aplican penalizaciones, razón por la cual las empresas se ven obligadas a continuar trabajando.

«Nosotros tenemos que acatar las medidas que nos imponen. Si nuestros gobernantes nos dicen que las garantías de seguridad que se pueden cumplir, no voy a ser yo quien diga lo contrario», admite Gervasio Pinta, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores.

«Nosotros no podemos dejar de trabajar mientras no haya unas causas de fuerza mayor, porque tenemos unos contratos que cumplir y esto es una situación que no está contemplada. Por supuesto, si el Gobierno dice que paremos, lo acataremos inmediatamente. Mientras tanto, estamos tomando todas las medidas oportunas para que la actividad se pueda seguir desarrollando; es difícil, pero para eso están los coordinadores de seguridad, que son los que están indicando qué hacer».

Miguel Berrazueta, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria -que habitualmente ocupan el puesto de coordinador de seguridad-, opina que se trata de una cuestión compleja. «El coordinador de seguridad no es competente en cuestiones sanitarias. Estamos en una situación en la que no sabemos qué tipo de responsabilidad podemos tener. Vemos a obreros trabajando juntos, ¿qué hacemos? Nosotros no podemos paralizar una obra, porque nos pueden pedir responsabilidades. ¿Y si no lo hacemos nos las pueden pedir también? No sabemos cómo actuar: sabemos que hay un problema, pero entendemos que no es nuestra responsabilidad».

«La actividad de empresas que no son consideradas estratégicas en el contexto de una pandemia y que muestran severas carencias de seguridad sanitaria debe de ser inmediatamente detenida» afirma Miguel Ángel Gonzalez Colsa, secretario de Acción Sindical de USO Cantabria. «Sectores como la construcción, en el que miles de trabajadores acuden a sus puestos sin un sistema de protección mínimamente eficaz y ello significa una grieta en la estrategia de defensa ante el Covid-19. Estas empresas deben dotar a sus trabajadores de equipos de protección individual y colectiva eficaces si pretenden continuar con su actividad, en caso contrario la autoridad debe ordenar el cese de actividad. La Administración no debe permitir continuar con la actividad de empresas que son potenciales propagadores del virus, priorizando aspectos económicos a los estrictamente sanitarios».

En opinión de Luis Díez, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, «la prioridad es garantizar la salud de los trabajadores, y si hay que reducir la actividad habrá que hacerlo cuando no se cumplan las condiciones adecuadas. Los trabajadores están deseando ir a trabajar, pero con un mínimo de condiciones: son los empresarios los que tienen vías para negociar los ERTE. Actualmente, la actividad se está manteniendo más o menos con normalidad y, en estas circunstancias, quizás habría que intentar reducirla al máximo».

Pero todo depende de las decisiones del Gobierno. Ni siquiera la Administración regional tiene capacidad de determinar el cese de la actividad. «La competencia es del Estado y nosotros dependemos de lo que se regule. No podemos establecer la paralización de la ley de contratos cuando es la Administración central la que tiene la competencia, no podemos generar un perjuicio por una decisión que no cuenta con el respaldo de la Administración central y que puede generar otro problema distinto al sanitario», reconoce Enrique Alonso, subdirector general de Planificación Territorial y Paisaje del Gobierno de Cantabria. «Se trata de un sector complejo por sus características; no es solo la obra: es el suministro de hormigón, de los materiales... es toda una cadena. Y hay que decidir si se cierra toda esa cadena o solo alguna de sus partes, y también cuáles son las que se dejan abiertas. Todos estamos a la espera de la decisión del Gobierno».