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Gobierno y aseguradoras acercan posturas para salvar Muface, pero todavía no está todo dicho. Fuentes cercanas a las negociaciones indican que, más allá de las compensaciones por las pérdidas que genera el servicio, las aseguradoras están siendo especialmente incisivas en la necesidad de aplicar un ... convenio de menor plazo a los tres años planteados por el Ejecutivo.
El motivo que manejan es claro. Cuanto mayor plazo, mayor dificultad para calcular las posibles subidas de costes. Sobre todo sabiendo que, en el anterior convenio, esas alzas se llegaron sobre todo de eventos externos, como el mayor número de atenciones sanitarias derivada de la pandemia y, sobre todo, la guerra de Ucrania que provocó una fuerte presión inflacionista.
El planteamiento del Gobierno para que el nuevo convenio sea de tres años de duración (2025-2027) frente al plazo bienal de la anterior licitación, fue precisamente uno de los factores, además de las pérdidas que más influyó en la decisión de DKV de salir del modelo de Muface. Aunque esta firma se ve especialmente penalizada en términos contables, tampoco Adeslas se muestra conforme con la medida. En el caso de DKV, la firma estimó que por efecto de la normativa contable IFRS17, en el año 2024 habría que imputar las pérdidas del nuevo contrato, que se estima que serían superiores a las del anterior concierto, de entre 70 y 100 millones de euros.
Fuentes del sector apuntan al próximo miércoles como nueva cita clave, ante la esperada comparecencia del ministro del ramo, Óscar López, a petición del PP en el Senado para informar de la situación. «Esperamos que ahí anuncie algo», indican desde una de las aseguradoras consultadas.
El Ministerio de Función Pública decidió este fin de semana dejar en suspenso la segunda licitación en marcha, cuyo plazo vencía este lunes 27 de enero, para introducir ciertas correcciones en los pliegos que han servido para recuperar el interés del sector que da cobertura a 1,5 millones de funcionarios y sus familiares.
Adeslas, clave en el proceso al ser la firma con un mayor número de funcionarios asegurados (más de 508.000) fue la primera en abandonar la licitación y también la primera en confirmar su renovado interés tras conocerse que el ministerio estaba dispuesto a negociar compensaciones. Se sumaría así a Asisa, que aún hacía números para comprobar si, en un caso extremo, podría asumir en solitario el servicio.
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