La Audiencia archiva la causa contra el exdirectivo de Forjas de Cantabria acusado de estafa

La compañía pasó en octubre de 2016 de la catalana Comforsa a Noray por el precio simbólico de un euro y acabó 2017 prácticamente en positivo. Sin embargo, según trasladaron los entonces propietarios al Ejecutivo cántabro -Sodercán participaba en una comisión de seguimiento al haber aportado dinero al cambio de manos y mediado en el traspaso de 2016- en 2018 se vio sacudida por un terremoto que obligó a los nuevos dueños a acudir en verano ante la Guardia Civil y el juzgado para denunciar al por entonces director general, Sergio Fernández, por «irregularidades» en la gestión, como supuesta falsificación documental o presuntamente endosar pagarés sin autorización. Ambas partes cruzaron una querella y una demanda por despido improcedente.

152.000euros estaban en cuestión por el endoso de dos pagarés de Forjas de Cantabria.

Sin embargo, las resoluciones judiciales están dando la razón a Fernández. Contra este último auto no cabe recurso y en él la Audiencia colige que «la Sala no encuentra indicios de delito alguno en la conducta del recurrente, desprendiéndose por el contrario de lo actuado que, con independencia de quien firmara dicho endoso, la mercantil Forjas de Cantabria era conocedora tanto de su existencia como del ulterior contrato de cesión en cuya virtud pudo hacer frente al pago de las deudas que tenía pendientes en dichas fechas y que de no haber sido satisfechas hubieran dado lugar cuanto menos al corte de suministro eléctrico».

Lo cierto es que, más allá de estas escaramuzas judiciales, Forjas se ha visto abocada a la liquidación por la amenaza que pesaba sobre la organización en forma de deuda con la Seguridad Social. A pesar de que la plantilla pidió en verano ayuda a la Administración, finalmente el Gobierno regional no ha encontrado soluciones para garantizar la continuidad.

El propio Fernández era uno de los interesados en seguir manteniendo la actividad en la fábrica, interés que también llegó a Reinosa Forgings & Castings. La amenaza de la Seguridad Social, a pesar de que la deuda próxima a los cuatro millones la está abonando la entidad pública Comforsa, espantó a los potenciales interesados.

De hecho, la administración concursal lleva tiempo vendiendo la maquinaria. CC OO exigió al Ejecutivo que, ya que no había ayudado a encontrar un arreglo a la problemática, se involucrara en la recolocación de los más de 20 trabajadores afectados por el cierre definitivo de la empresa especializada en la fabricación de cigüeñales. Tan concreto era su negocio que apenas había un par de firmas en Europa capaces de acometer encargos similares.