La Audiencia de Cantabria absuelve a los directivos de B3 Cable pero critica el cobro de 6,3 millones

Esos 6,3 millones respondieron, según la factura, al pago de labores que esta compañía realizó para mediar en la compraventa de la fábrica entre la anterior propietaria y B3 Cable. A su vez, se les imputaba un delito de fraude fiscal por no declarar a Hacienda en la autoliquidación del impuesto de sociedades la totalidad de esa factura.

Sin embargo, en una sentencia dada a conocer este miércoles, la Audiencia pone el foco en si dicha intermediación se llevó a cabo, algo que da por acreditado y, consecuentemente, lleva a los magistrados a exonerar a los enjuiciados de ambos delitos, al considerar que no concurren todos los elementos para entender que su actuación fue delictiva. Eso sí, cuestiona seriamente si dichas labores conllevaban una contraprestación de tal calibre y en perjuicio del futuro desarrollo de la factoría de Maliaño.

En concreto, los jueces, sobre la apropiación indebida por parte de los directivos por recibir a través de su otra empresa esos 6,3 millones de euros, concluyen que existe «abundante documentación» acerca de las negociaciones entre la intermediaria y la anterior propietaria de la planta de Maliaño. La Sección Primera entiende, por tanto, que sí se prestaron esos servicios. Aunque admite que la operación «era extraña, en particular por el muy elevado importe, y difícilmente compatible con el interés de la empresa, ello no implica que fuese delictiva», colige.

Frente a este razonamiento, la acusación basaba sus peticiones exclusivamente en la inexistencia de mediación. En este sentido, se pregunta la Sala «si estas gestiones merecían el elevadísimo coste que tuvieron para la empresa adquirida, un coste que ascendía a más de un treinta por ciento del precio total pagado por la adquisición de la empresa». No obstante, en la sentencia se añade que «no ha sido esta la base de la acusación», por lo que «entrar en un posible delito por ese cobro excesivo podría afectar al principio acusatorio».

Sentada esta premisa, la Sección Primera va más allá. «La acusación se ha basado exclusivamente en la inexistencia de servicios y, por tanto, la falta de justificación de cualquier devengo a su favor; no se ha entrado en la posibilidad de considerar delictivo un pago excesivo o desproporcionado», señala, para añadir que por ello «analizar la tipicidad de esa actuación excedería del principio acusatorio, pues supondría una posible condena por un comportamiento que no ha sido el objeto del debate».

Por último, en relación con el delito fiscal, el tribunal explica que uno de los indicios de su comisión era la utilización de la empresa intermediaria para «desviar los fondos percibidos a un paraíso fiscal como es la Isla de Man». Sin embargo, «lo que aparece acreditado es que los fondos se transfirieron» a la empresa intermediaria, que esta «no tenía domicilio en un paraíso fiscal» y que «el destino final de las cantidades no ha quedado debidamente acreditado y no puede afirmarse que fuera un paraíso fiscal».

Junto a ello, reitera el tribunal que la intermediaria «sí prestó unos servicios y cabe admitir que B3 Cable debía abonar los mismos», y que, por tanto, no los tenían que declarar pues eran gastos justificados. Contra dicha sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Las penas solicitadas por la Fiscalía para los cuatro acusados que eran administradores de B3 Cable y por tanto presuntos autores del delito de apropiación indebida y también del delito fiscal ascendían a seis años de prisión y 2.061.360 euros de multa. Por su parte, los tres restantes, eran accionistas mayoritarios, se enfrentaban a peticiones de condena de cinco años y medio de cárcel y 1.552.770 euros de multa.