El juez abre juicio oral contra Rato, su cúpula, la auditora y la propia Bankia por su salida a Bolsa

Por el caso Bankia se juzgará al propio Rato, así como a otros antiguos responsables de la entidad, como el vicepresidente, José Luis Olivas, el exconsejero delegado, Francisco Verdú, y una treintena de exconsejeros, entre los que se encuentran algunos rostros conocidos como el exministro de Interior, Ángel Acebes, el dirigente de Izquierda Unida de Madrid, José Antonio Moral Santín, el exsecretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, o el exdirector de la entidad, Ildefonso Sánchez-Barcoj, así como el que también fue consejero, José Manuel Fernández Orniella.

Andreu recuerda en su auto que a lo largo de los cinco años de instrucción de la causa se han recabado indicios racionales que demuestran que los administradores de Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban y que no reflejaban la verdadera situación de la misma.

En concreto, mantiene la acusación por los delitos de falsedad en las cuentas públicas de los años 2010 y 2011, así como el delito de fraude de inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo. El juez entiende que al no reflejar la verdadera situación por la que pasaba la empresa antes de dar el salto a Bolsa, esta circunstancia provocó un "perjuicio tanto para los inversores que posteriormente suscribieron acciones cotizadas" como para el propio Estado al indicar que el patrimo de Bankia se ha visto memado como consecuiencia de los procesdimientos civiles iniciados por los afectados que acudieron a la OPV del grupo en su momento.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan una pena de cinco años de cárcel para Rato, cuatro años para Olivas, tres para Fernández Norniella y dos años y siste meses para Verdú.

También mantiene la presunta responsabilidad del Estado, propietario actual de Bankia en un 67% de su accionariado, a pesar de la "actitud colaboradora" de la entidad durante todo el proceso. Andreu anticipa que esta colaboración puede tener un efecto positivo como atenuante de los delitos por los que se juzga a la empresa, pero no podrá ser posible una declaración del sobreseimiento de su causa.

En el caso de Deloitte, señala su responsablidad penal porque, entiende, no se debe descartar la posibilidad de la participación de la auditora que al realizar la fiscalización externa de contabilidad, colabora y se presta a la formación de unas cuentas y balances falseados. Sin esa revisión de la auditora, las autoridades no hubieran permitido que el banco saliera a Bolsa, según el auto judicial.