La Audiencia rechaza el recurso del fiscal del caso Ecomasa y confirma el archivo del dictamen del Parlamento

En un auto fechado el 14 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia señala que «con independencia de su relevancia en el ámbito político», «lo cierto es que nada útil va a aportar» el dictamen para la investigación de la causa, en este momento procesal concreto en el que ya se ha concluido la instrucción.

De esta forma, la Audiencia comparte «plenamente» el criterio de la magistrada que instruye el caso Ecomasa, la titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, que el pasado mes de junio, en contra del criterio del fiscal, se opuso a unir el dictamen del Parlamento a la causa, al entender que se trata de «conclusiones de carácter político diferentes según el grupo parlamentario del que proceden que en modo alguno resultan útiles o pertinentes a los efectos del esclarecimiento de los hechos objeto de la presente instrucción».

La Audiencia precisa que el hecho de que el dictamen no se una a los autos «no implica que las conductas a las que se refieren no sean investigadas, que lo han sido».

Y recuerda que el pasado mes de septiembre se dictó auto acordando la continuación de las diligencias por los trámites de procedimiento abreviado contra los administradores de Ecomasa, Andrés de León y Jesús Lavín, -que lo han recurrido en apelación- por si su conducta fuera integrante de un delito de administración desleal, estando sobreseídas provisionalmente las actuaciones por el resto de los hechos en su momento investigados.

En su recurso de apelación, el fiscal del caso, Enrique Sarabia, consideró que «lo procedente sería la unión a los autos de la documentación recibida del Parlamento de Cantabria, dado que aparte de consideraciones de carácter político que obviamente son ajenas a esta jurisdicción, también se contiene una imputación concreta de delitos a personas determinadas».

Añadía que la existencia de consideraciones políticas en tales conclusiones «no obsta para que también se describan hechos de apariencia delictiva y se inste a su investigación penal». Y argumentaba que la comunicación del Parlamento a la Fiscalía «no deja de ser una denuncia» y como tal, debería unirse al proceso judicial ya incoado por los mismos hechos.

En esta causa están personadas como acusación particular las empresas públicas ICAF y Sodercan, además de los trabajadores, que con su querella contra Lavín y De León dieron lugar a este procedimiento judicial.