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USO avanza que la justicia tendrá que resolver las demandas de las empleadas del hogar

USO avanza que la justicia tendrá que resolver las demandas de las empleadas del hogar

DM .

Santander

Jueves, 8 de septiembre 2022, 12:38

Los tribunales cántabros deberán decidir si las empleadas de hogar tienen derecho a la prestación por desempleo, tal y como ha planteado el Gobierno con el decreto del 6 de septiembre, es decir, a partir del 1 de octubre de 2023, cuando tengan acreditado al menos un año de cotización por desempleo, o en cambio ese derecho lo puedan ejercer de manera inmediata si han estado dadas de alta como empleadas de hogar. Así lo ha señalado el sindicato USO, impulsor de las demandas judiciales en Cantabria, para el que el nuevo real decreto del Gobierno nacional «significa tirar a la basura el trabajo de casi 4.000 empleadas de hogar en Cantabria, la mayoría con entre 15 y 20 años trabajados con anterioridad al 1 de octubre de alta en la Seguridad Social», lamentó.

Según el sindicato, el Gobierno se ha limitado con su real decreto a tratar de cumplir con el dictamen del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) que determinó que la norma española era contraria al derecho comunitario al negar el desempleo a las empleadas de hogar de alta en Seguridad Social, aunque no hubiera cotizado por la prestación por desempleo, por estar impedido por la legislación española. Según el TJUE, las empleadas de hogar tenían derecho a la prestación por desempleo y Fogasa.

En este sentido, USO Cantabria tiene presentadas demandas en el Juzgado de lo Social por el reconocimiento de la prestación por desempleo por periodos trabajados en alta en Seguridad Social anteriores a la promulgación del Real Decreto.

La primera demanda está turnada en el Juzgado de lo Social Nº 2 de Santander que esperamos aplique la jurisprudencia europea como se ha venido aplicando en el complemento de maternidad para los hombres tras dictarse también una sentencia en el Tribunal de Justicia Europeo, que al igual que en las empleadas de hogar, ambas dictaminaron que la normativa europea producía una discriminación indirecta por razón de género.

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