Las ayudas que recibe la industria por el C02 son un tercio del límite de la UE

Una reclamación recurrente pero que, a la vista de los últimos datos que el propio Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha trasladado a Bruselas, tiene un sólido soporte. Como conclusión, se quejan de forma discreta algunas empresas del ámbito secundario, estas ayudas por las emisiones indirectas apenas alcanzan un tercio del límite presupuestario establecido por la propia Unión Europea.

Así se desprende del contenido actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (Pniec), enviado días atrás desde el Ministerio para la Transición Ecológica a la Comisión Europea. En dicho documento, la hoja de ruta de la transformación energética nacional, se recoge que en lo que va del periodo 2021-2030 las arcas españolas han ingresado unos 2.850 millones de media anual en las subastas de derechos de emisión. El propio Pniec contiene la facultad para destinar hasta un 25% de los ingresos a compensar a la industria por los efectos de los costes indirectos de CO2, dado que este tipo de compañías no sólo pagan por su contaminación atmosférica, sino que igualmente soportan en su factura la inclusión del coste del derecho de emisión de la generación de electricidad.

Con esa premisa, y de acuerdo a la cifra de 2.850 millones que aporta la propia Administración central, el máximo en ayudas al sector alcanzaría los 712 millones. No obstante, esa suma queda muy lejos de las partidas presupuestarias habilitadas por el Gobierno para tal fin. Como ejemplo, en 2022 las compensaciones llegaron a 244 millones, una cuantía casi tres veces inferior al citado tope autorizado por la supervisión continental.

Según explicó La Nueva España días atrás, desde el Ejecutivo nacional se destaca que en la convocatoria de 2022 -en la que se compensaban los costes indirectos incurridos en 2021-, los fondos disponibles cubrieron el 94% de los costes subvencionables de acuerdo a las directrices de la Comisión Europea. Estas transferencias son el principal balón de oxígeno para la industria, más en un contexto de enorme volatilidad de los costes energéticos como el vivido a raíz de la pandemia y agudizado con la guerra en Ucrania.

El Ministerio de Industria concedió el pasado año 11,2 millones por este concepto a 12 empresas de Cantabria, donde la mayor parte se la llevó GSW con más de cinco millones, seguida de Ferroatlántica con 2,77 millones y Solvay con 1,26.

Con todo, la UE no tiene intención de frenar en su interés por una mayor descarbonización de la economía y, consecuentemente, de su industria. Como prueba, tal y como publicó El Diario en mayo de 2022, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria dio luz verde a un informe sobre la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, que propone que el reparto gratuito de derechos de emisión desaparezca totalmente en 2030 y, más aún, empiece a reducirse de manera gradual a partir de 2026.

En concreto, los derechos de emisión gratuitos deberán recortarse al 90% en 2025, 80% en 2026, 70% en 2027, 50% en 2028, 25% en 2029 y 0% en 2030.

Será en ese momento cuando, según las intenciones del Parlamento, esté funcionando a pleno rendimiento el mecanismo de ajuste en frontera de carbono (CBAM), una herramienta reclamada por diferentes compañías como el Grupo Celsa, propietaria entre otras de Global Steel Wire en la Comunidad, para gravar las importaciones provenientes de fuera de la Unión, en especial de Asia. En todo caso, en un contexto de dificultad, las fábricas deben prepararse también para el medio plazo.