Rodrigo Rato: «Todas mis actividades profesionales han sido legítimas y lícitas»

Rato ha comparecido este viernes durante siete horas en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde ha declarado ante el juez de Instrucción número 31, Antonio Serrano-Arnal, en una pieza secreta por delitos relacionados con irregularidades en su patrimonio. El juez ha tomado declaración por tercera vez a Rodrigo Rato y también ha hecho lo mismo con el abogado y presunto testaferro del exdirector gerente del FMI, Domingo Plazas.

El juez, que mantiene la pieza secreta, no ha dictado ninguna medida cautelar tras tomar declaración a las seis personas citadas para hoy, han informado fuentes jurídicas. El pasado 7 de octubre, este juez ordenó que se le retiraran el pasaporte a Rato tras tomarle declaración en relación con la investigación por la comisión de delitos fiscales, de corrupción entre particulares y de blanqueo de capitales.

La ONIF denuncia una sociedad opaca

Rodrigo Rato y su hermana María de los Ángeles controlan, junto con su cuñada Felicidad Salazar-Simpson (viuda de su hermano mayor), una sociedad naviera (Naviera del Pilar S.L.) que según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) no es más que una sociedad opaca "que muy probablemente se utilizó para canalizar, en el ejercicio 2007, fondos de los tres hermanos Rato-Figaredo por un importe conjunto de 1.320.000 euros".

Así se señala en un informe que tiene fecha del 11 de noviembre del pasado año y que obra en el sumario del caso Rato, en el que la ONIF pide al juez Antonio Serrano-Arnal que requiera las cuentas de la Naviera, que fue descapitalizada entre los años 2010 y 2013.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 interroga a María Ángeles, conocida como Mani, en la causa en la que se investiga la presunta comisión de delitos fiscales, de corrupción entre particulares y de blanqueo de capitales por parte de su hermano Rodrigo, que ha sido interrogado este viernes por tercera vez. María Ángeles Rato se encuentra en el despacho del titular del Juzgado de Instrucción numero 31 de Madrid, si bien se desconoce si ha sido citada como investigada o como testigo. El juez practica los interrogatorios en relación en una nueva pieza secreta que investiga irregularidades en el patrimonio del expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Transferencias desde paraísos fiscales

Por otro lado, según consta en el sumario de la causa, el Banco de España alertó de que Rato comenzó a recibir, a partir del año 2012, "importantes transferencias de dinero", que ascienden a al menos siete millones de euros, desde cuentas corrientes situadas en seis paraísos fiscales, entre ellos la isla caribeña de Dominica. La denuncia original de la Fiscalía detalla que Rato recibió, en concreto, 1.518.017 euros en 2012 y 1.259.305 en 2013, procedentes de "cuentas corrientes en las que tenía poder de disposición" en Suiza, Gibraltar, Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos y Dominica.

Además, la empresa que las investigaciones sitúan en el centro de la compleja trama societaria y de la que Rato es responsable último, Kradonara, percibió también transferencias desde el extranjero por importe de 4,6 millones de euros. En concreto Kradonara ingresó 1,7 millones en 2011, con origen Gibraltar, 1,4 millones en 2013 desde el Reino Unido y Luxemburgo y 1,5 en 2013, desde los mismos países.

La Fiscalía calcula que el expresidente del Fondo Monetario Internacional ocultó estos ingresos a Hacienda y defraudó una cantidad de al menos 2,46 millones. Además de no declarar los ingresos percibidos desde los paraísos fiscales, Rato también ocultó al fisco el dinero percibido por los servicios profesionales de asesoramiento prestados a Telefónica -que ascendieron a 307.627 euros- y que le fueron facturados a través de Kradonara. La documentación incluida en el sumario desvela que la alerta dada por el Banco de España desembocó en la elaboración de un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), en el que se detectaban siete riesgos fiscales.

"Denuncia temprana"

Según declaró su inspectora jefa, Margarita García Valdecasas, ante el titular del Juzgado 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, el departamento dependiente del Ministerio de Hacienda decidió realizar "una denuncia temprana" al Ministerio Público sobre estos hechos, al considerar que Rato "podría estar cometiendo un delito económico".

García Valdecasas precisó ante el magistrado que la investigación se inició "aproximadamente sobre el 2011 o 2012, por orden suya, tras comprobar la existencia de numerosas "operaciones cruzadas entre sociedades vinculadas" a Rato y detectar "movimientos que no tienen lógica mercantil.

Los abundantes datos sobre irregularidades desembocaron en la operación desarrollada en abril de 2015, en la que fue detenido. Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera registraron, además, su domicilio particular y varios de sus despachos. El exvicepresidente del Gobierno declara este viernes ante el magistrado por tercera vez en relación con este caso.