Linde cree que retrasar la jubilación «podría estar justificado» en pro de sostener las pensiones

Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso, Linde ha responsabilizado del déficit de la Seguridad Social al incremento de los gastos, que ha crecido un 3,9% entre 2007 y 2015, casi cuatro veces más de lo que han aumentado los ingresos en el mismo periodo (+0,9%).

En estas circunstancias, el sistema se enfrenta fundamentalmente a un reto demográfico por el envejecimiento de la población --que conlleva un menor número de cotizantes-- y el aumento de la esperanza de vida --que hace que haya que pagar pensiones durante más tiempo--, asociado además a unas nóminas más elevadas para los jubilados a resultas de unas mayores y mejores carreras de cotización.

Reducir la tasa de sustitución

En este contexto, el gobernador ha señalado que ya se han tomado medidas para compensar estos desequilibrios con las reformas de las pensiones del PSOE, que en 2011 retrasó la edad de jubilación a los 67 años, y del PP, que en 2013 introdujo el factor de sostenibilidad y desvinculó la evolución de las pensiones del IPC.

Así, al margen de los efectos positivos que tendría una mejora del mercado laboral, Linde ha defendido que haría falta reducir la tasa de sustitución --el porcentaje del último salario que se recibe como pensión inicial-- aunque ha reconocido que eso ya se ha conseguido con el factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno 'popular', que empezará a aplicarse en 2019.

Sin embargo, incluso en un escenario de pleno empleo, la reducción de la tasa de sustitución necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo sería "muy elevada", por lo que Linde cree que "lo sensato" es buscar soluciones tanto por la vía de reducción de la tasa de sustitución como de incremento de los ingresos.

Vincular la edad de jubilación con la esperanza de vida

En el primer apartado, el gobernador ha abogado por nuevos retrasos de la edad de jubilación, dada la mayor esperanza de vida, las menores exigencias físicas de los trabajos, el retraso en la entrada al mercado laboral y las mejores condiciones de envejecimiento.

"Cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y retrasar la jubilación tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad del sistema", ha insistido, señalando que algunos países han optado incluso por establecer "enlaces automáticos entre la esperanza de vida y la edad de jubilación", aplicando cuentas nocionales en función de las que la cuantía de la pensión depende de las cotizaciones aportadas durante la vida laboral.

No obstante, el responsable del Banco de España ha añadido que sería positivo "extender" la incidencia de los fondos privados de pensiones para "complementar" los recursos públicos durante la jubilación, aunque ha reconocido que este tema es "complejo" y requiere de un "análisis" exhaustivo sobre los periodos transitorios, si se hacen obligatorios o voluntarios o los niveles de rentabilidad aceptables en contextos de baja productividad, entre otras cosas.

Buscar nuevas fuentes de financiación

La segunda vía a explorar para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social es buscar nuevas vías de financiación. En este punto, Linde rechaza la posibilidad de incrementar las cotizaciones sociales por el impacto que esto tendría sobre el mercado laboral y también ha alertado de que destopar las cotizaciones generaría un "fuerte incremento de los costes laborales" y afectaría a la relación entre contribuciones y pensiones si no se incrementan a la vez las pensiones máximas.

Otra posibilidad sería destinar los fondos de la Seguridad Social únicamente a las pensiones de jubilación y financiar el resto de pensiones --como viudedad u orfandad, entre otras-- con los Presupuestos Generales del Estado, lo que "exigiría reducir otros gastos públicos o aumentar la imposición general", algo que el gobernador desaconseja porque podría afectar a su vez al crecimiento económico.

En este contexto, Linde cree necesario mantener un mecanismo automático de equilibrio como el actual índice de revalorización, aunque pueda ser reformado, y también ha emplazado a las Administraciones públicas a "volver a la senda de consolidación fiscal y reducción de la deuda para situar las finanzas públicas en la mejor posición para afrontar" los retos futuros, que exigen una "estrategia amplia de política económica" y la "mayor transparencia posible".