Seis años de cárcel para Blesa y cuatro años y seis meses para Rato por las tarjetas 'black'

El fallo no sólo condena a los dos directivos de Caja Madrid -y después Bankia- que desarrollaron y mantuvieron este sistema de pagos a decenas de miembros del consejo y de la dirección del banco por el que se les habilitaban tarjetas de crédito con cargo a la corporación para su uso particular sin control ni justificación. Las penas de prisión se extienden al conjunto de los 65 acusados con solicitudes de cárcel que, como mínimo, son de tres meses al considerarles 'colaboradores'. Entre ellos, al exdirector general de medios, Ildelfonso Sánchez Barcoj, el tribunal le considera, además de colaborador, cómplice de la mecánica desarrollada por las 'black' y se le condena a dos años y medio de cárcel.

La sala se remonta a 1988, para explicar que durante la presidencia ejecutiva de Jaime Terceiro al frente de Caja Madrid se acordó "dignificar" las retribuciones de los consejeros a través de una tarjeta que vendría a complementar las dietas que recibían. Con esa visa se habilitaba disponer, dentro de un límite de dinero, como compensación de los esfuerzos y dedicación de la entidad; sin embargo, una vez que Blesa llegó al frente "propició" que a los consejeros e integrantes de la comisión de control se les facilitase una tarjeta sin justificar el gasto. De este modo, "viabilizó una percepción dineraria que acrecentaba a la dieta", que llegó a ser ampliada en plenos periodos de "fiestas o vacaciones", lo que demuestra el "uso particular" contra el patrimonio de la caja.

La sentencia ha sido publicada antes de lo que fuentes judiciales esperaban -en principio para el mes de marzo-, después de que el pasado día 2 de febrero quedara visto para sentencia el caso cuya vista oral comenzó en octubre. A Miguel Blesa y Rodrigo Rato, los dos últimos presidentes de Caja Madrid, se les considera los dos principales responsables de la trama «opaca» que propició el despilfarro de 12 millones de euros en 10 años (2003-2012) a través de las populares tarjetas "black", sin ninguna suerte de control formal y, menos aún, autorización de los órganos correspondientes.

El caso salió a la luz a principios de 2014, cuando el entonces ya presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, abrió su propia investigación a raíz de la «insólita literalidad» de un correo interno descubierto entonces, aunque fechado 1 de septiembre de 2009. En dicho mensaje, el que fuera secretario general de la caja, Enrique de la Torre, mencionaba unas «tarjetas Visa de gastos de representación, black a efectos fiscales».

Según las cuentas hechas por el banco, bajo el mandato de Blesa se gastaron 9,3 millones con las "black", por otros 2,7 millones percibidos con el Rato, cantidades que tanto el banco como Anticorrupción les reclaman ahora como responsabilidad civil de forma solidaria con el resto de acusados y proporcionalmente al beneficio obtenido por cada uno.

Más de medio millón en gastos

En la lista de los 65 exdirectivos y consejeros -propuestos por PP, PSOE, IU, la patronal y los sindicatos UGT y CCOO- para los que el magistrado propone procesamiento figuran Miguel Blesa, al que se hace responsable de la emisión de las tarjetas, que gastó 436.688 euros; su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, encargado de su gestión y que usó 575.071 euros; y el que fue Jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno (235.817 euros), Rodrigo Rato llegó a Caja Madrid en 2010 y su gasto con las "black" ascendió a 99.054 euros. También están el exdirector general de Negocio Matías Amat (431.067); el ex secretario general Enrique de la Torre (320.742), el ex director de Organización Ricardo Morado (450.818), Mariano Pérez Claver (379.513), que fue director general y consejero delegado de la corporación financiera; Juan Astorqui, director de Comunicación (292.992); la exdirectora de Obra Social Carmen Contreras Gómez (281.737); el antiguo responsable de Crédito a Empresas Carlos Vela García (249.202); Ramón Martínez Vilches, de Dirección de Riesgos (102.326), y Juan Iranzo (46.848).

Entre los miembros del Consejo de Administración propuestos por el PP aparecían en la lista para el procesamiento Estanislao Rodríguez-Ponga (255.372 euros), Pablo Abejas (246.715), Miguel Ángel Araujo (212.896), Ricardo Romero de Tejada y Picatoste (212.216), Antonio Cámara (177.891), José Manuel Fernández Norniella (185.226), María Carmen Cafranga (175.091), Javier de Miguel (172.752), Alberto Recarte (139.878), Jesús Pedroche (132.193), Francisco José Moure (127.366) y Mercedes Rojo (119.292).

Entre los consejeros nombrados a propuesta del PSOE contra los que se apreciaban indicios de criminalidad figuran Antonio Romero (252.009), José María de la Riva (208.979), Ramón Espinar (178.399), Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (149.490), José María Arteta (138.903), Francisco José Pérez Fernández (122.615), Jorge Gómez Moreno (98.182), José Acosta (62.460) y Virgilio Zapatero (35.988). Están los representantes de IU, José Antonio Moral Santín (456.522), Rubén Cruz (233.763) y Juan Gómez Castañeda (128.000), los nombrados a propuesta del sindicato CC.OO. Francisco Baquero (266.433), Antonio Rey de Viñas (191.495), Rodolfo Benito (140.521), Juan José Azcona (99.270), Pedro Bedia (78.151) y Gabriel Moreno (20.472); y los representantes de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.750), Miguel Ángel Abejón (109.182), Rafael Eduardo Torres Posada (82.381) y José Ricardo Martínez (44.154). Por parte empresarial, el juez señala a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de CEOE (93.984), Arturo Fernández, ex presidente de CEIM, (37.326) y Francisco Javier López Madrid, de CEIM (34.807).