La finalización del 'caso Bankia', pendiente de los peritos judiciales

Los inspectores del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez vienen insistiendo en esa tesis desde diciembre de 2014, incluida su respuesta a las contrapericiales presentadas por las defensas. Pero desde septiembre pasado se han ido aportando al juzgado una serie de informaciones -un informe pericial de la auditora Deloitte (investigada en el caso), sendos escritos de Bankia y el Banco de España sobre las provisiones genéricas de la primera y los correos cruzados entre los inspectores que revisaron sus cuentas- que podrían hacer variar en parte su criterio.

Ellos, a priori, entienden que no pero el instructor les requirió a principios de diciembre para que, "a la vista" de todo ello, "procedan a la ampliación, modificación, aclaración o corrección" de su informe. No había plazo y los peritos tampoco han dado pistas sobre cuándo presentarán su dictamen definitivo.

Hace ahora un año ya se daba por hecho que la investigación estaba casi ultimada, pero se reactivó tras recibir las comunicaciones cruzadas entre Bankia, su matriz BFA y el Banco de España (BdE) en 2011, justo en los meses previos y posteriores a su polémica salida al mercado en julio.

Aquello daba pie a una nueva línea de pesquisas que afectaría de lleno a los propios reguladores, tanto el financiero (BdE) como el del mercado (CNMV). En esos mensajes, los inspectores del supervisor bancario empotrado en Bankia desvelaban una situación aparentemente alarmante, con un panorama financiero "desolador" que alguno tachó incluso de "cuentas de mierda".

Multada por «manipulación»

Sus frases daban la apariencia de que la situación del banco hoy nacionalizado -el FROB_tuvo que rescatarlo con 22.424 millones de euros, cifra récord en el sector- distaba mucho de las bondades que, de puertas afuera, se decían. Incluso afirmaron que la entidad estaba dando información "engañosa" al mercado -la CNMV le multó por "prácticas de manipulación" en mayo de 2012, en las postrimerías de la presidencia de Rodrigo Rato-, y que así se lo advirtieron "en más de una ocasión". Además, tuvieron que "leerle la cartilla" por su "poca transparencia hacia el supervisor".

El más crítico era el jefe de aquel equipo de inspectores, José Antonio Casaus, quien avisó en varias ocasiones de la "inviabilidad" del grupo BFA-Bankia y de que su salida a Bolsa supondría un "grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes", que estimaba en "unos 15.000 millones". El juez Fernando Andreu vio sus manifestaciones solo como meras "reflexiones informales", pero la Sala de lo Penal de la Audiencia le enmendó la plana a mediados de febrero.

Tras tres intentos fallidos, la acusación popular lograba que se citara como investigados (imputados) a los miembros de las antiguas cúpulas de los supervisores, ocho del BdE con el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente y dos de la CNMV. Declararon hace dos semanas y, más allá de minusvalorar los avisos de Casaus -los tildaron de "opiniones de futuro...no suficientemente pensadas"-, desde el Banco de España reprocharon a sus colegas del mercado cualquier responsabilidad en la salida a Bolsa.

La acción popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) estudia ahora solicitar más declaraciones sobre ello -sin descartar testificales de algunos cargos políticos que pudieron conocer la presunta existencia de "presiones" en torno al controvertido estreno bursátil-, amén de requerir los informes de supervisión del Banco de España sobre Bankia de 2012.