Guindos aclara que el BCE «busca ayudar» al Gobierno al tramitar el impuesto

«Nuestra opinión trata de ayudar a los gobiernos y eso a menudo la gente lo olvida. No es vinculante», ha recordado Guindos durante un acto del IESE y la Fundación Naturgy. De Guindos ha recordado que estos informes del BCE son habituales y que ya los ha elaborado para otros países que quisieron aplicar un impuesto a la banca en su momento. De hecho, el BCE lo ha elaborado a instancias de la Mesa del Congreso de los Diputados, que así se lo pidió a la institución cuando comenzó la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.

En cualquier caso, el exministro de Economía ha señalado que «la política fiscal no es nuestro trabajo pero tiene potenciales consecuencias en la solvencia de la banca, el crecimiento del crédito y las condiciones de financiación». Y ha indicado que la introducción del impuesto y su diseño «será una decisión democrática», tomada por el Parlamento español, por lo que el ángulo del BCE «es para ayudar». «Podrán seguirla o no porque no es vinculante», ha apostillado.

También la banca española se ha mostrado respaldada en su posición contraria al impuesto que está tramitando el Gobierno en el Congreso para gravar los ingresos «extraordinarios» de las entidades tras el dictamen elaborado por el BCE. Las patronales del sector financiero han valorado positivamente la postura del organismo presidido por Christine Lagarde sobre los efectos perjudiciales que tendrá el gravamen a la banca.

El BCE ha indicado que el impuesto puede llegar a poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria y que el importe del mismo podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades; que puede haber un menor volumen de préstamos, así como pérdidas en la cartera de valores y un aumento de las provisiones. Además, ha avisado de que la banca trasladará al cliente el coste del impuesto y que es «legítimo» hacerlo.

Fuentes de CECA consultadas consideran «sólido y contundente» el informe emitido por el BCE, en el que el regulador europeo confirmó los efectos perjudiciales que el sector ha puesto de manifiesto desde que se anunció la medida. La asociación ha destacado que el BCE ha confirmado que el impuesto puede generar distorsiones en la competencia y afectar a la solvencia de las entidades, a su capacidad para conceder crédito y, por tanto, al crecimiento económico del país. «Desde CECA se espera que durante la tramitación de la norma se tenga en cuenta la opinión del BCE», señalaron.

De su lado, fuentes de la AEB destacaron que el impuesto «es perjudicial para la economía y para el empleo», al afectar a la capacidad de concesión de crédito. «En este momento tan complicado necesitamos un sector bancario fuerte para apoyar a las familias y a las empresas como hizo en los peores momentos de la pandemia», apuntaron.