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La opa de BBVA sobre Banco Sabadell cumple un nuevo hito después de que la entidad vallesana haya remitido este mismo viernes sus alegaciones a ... la operación, según confirman fuentes conocedoras del proceso. El banco ha apurado al máximo el plazo para el documento, que centra buena parte de su argumentario en el riesgo que supondría la unión de ambas entidades para los negocios de empresas y de pagos.
Desde la entidad buscan convencer al regulador de que los compromisos adoptados por BBVA deben ser más «estructurales» que de «comportamiento», como califican las propuestas que el banco vasco ha puesto sobre la mesa para evitar riesgos para el crédito en el segmento de las pymes. Entre otras, mantener durante 18 meses las líneas de circulante a este segmento de mercado. Una temporalidad que, a juicio de Sabadell, no es suficiente para garantizar la competencia.
En el argumentario de la entidad vallesana sobresale el hecho de que los compromisos de BBVA servirían para evitar problemas de competencia en el sector 'retail', pero no para el de empresas, que es precisamente el que focaliza el objetivo final de la operación.
Hay que tener en cuenta que en banca minorista los clientes tienen de media 1,8 relaciones con entidades. Y actualmente existen nueve jugadores en el territorio cuya cifra sube si se tienen en cuenta otros 'players' como la banca directa o digital. Pero en pymes, el escenario es diferente pues, de media, necesitan cuatro relaciones con entidades, que se eleva a cinco en aquellas que facturan por encima de los 50 milones de euros.
Es aquí donde Sabadell solicitará a Competencia medidas estructurales para BBVA, como la desinversión en parte de ese negocio conjunto si finalmente se produce la fusión. De ser así, la operación ya no resultaría tan atractiva para el banco de Carlos Torres, que precisamente persigue con la misma un mayor volumen en el negocio de empresas.
Al final, la intención de Banco Sabadell con sus alegaciones es que Competencia se replantee la metodología empleada en su análisis de la oferta. Es decir, que no se la misma que la que el supervisor usó en la unión de CaixaBank y Bankia, donde la fórmula de los códigos postales tenía más sentido al tratarse de entidades con fuerte presencia en el negocio de particulares. «El 80% de las pymes no están o no realizan su actividad en el distrito postal en el que está su oficina», defienden fuentes consultadas, en línea con el mensaje que se ha intentado transmitir desde Banco Sabadell en las últimas apariciones públicas de su consejero delegado, César González-Bueno.
Con ese telón de fondo, y sin un análisis por código postal, la alternativa de Competencia sería seguir el modelo empleado por la Dirección de Competencia de la Comisión Europea en otras fusiones, a base de esas medidas estructurales. En Sabadell consideran que así fue cuando ellos compraron TSB a Lloyds. En Italia, la Comisión de Competencia del país también aprobó la toma de control de UBI Banca, el cuarto mayor banco del país, por parte de Intesa Sanpaolo, el mayor minorista, pero con la condición de despresderse de más de 500 oficinas que fueron adquiridas por BPER Banca.
En todo caso, son casos distintos y, en la opa de BBVA, el objetivo de Sabadell es forzar la venta del negocio de pymes -más allá de lo que ocurra con la red-, para que la unión entre ambas entidades deje de tener sentido para el banco vasco.
Con las alegaciones del Sabadell y los compromisos de BBVA ya sobre la mesa, el siguiente paso de Competencia será lanzar un nuevo test de mercado con el que recabar la visión de asociaciones empresariales, consumidores y del propio sector financiero en torno a la operación y sus posibles riesgos. En estas semanas, además, pueden seguir negociándose nuevos compromisos con BBVA como, por ejemplo, que se amplíen los plazos propuestos para mantener las condiciones del crédito y las líneas de circulante de las pymes.
A partir de aquí, se espera que el regulador emita su resolución definitiva a mediados de marzo, aunque algunas voces retrasan esa posibilidad a principios de abril. Momento en el que podría entrar en juego el Ministerio de Economía, para que el Gobierno «confirme expresa o tácitamente la resolución de la CNMC o imponga otras condiciones por razones de interés general», tal y como recuerdan fuentes del regulador.
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Ana del Castillo
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