El Banco de España alerta de una recesión más profunda y pide ajustes fiscales

Así, el organismo aboga por una acción «decidida y contundente» para frenar esta crisis cuanto antes y Hernández de Cos ha pedido una política fiscal en la primera fase de la recuperación que esté «en primera línea de defensa».

En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, el gobernador anunció que la caída del PIB anunciada en abril en torno al 6% ya había quedado obsoleta. Ahora se inclinan más por pensar que la economía retrocederá entre un 9,5% y un 12,4% del PIB este año. Más allá, aseguró que «no se pueden descartar escenarios más desfavorables» que los vaticinados inicialmente.

Por ello, aboga por una política fiscal que evite la suspensión de la actividad. Hay que paliar la pérdida de renta de los hogares, por lo que apuntó a que es razonable repartir los costes de esta crisis en el conjunto de la sociedad con «acciones focalizadas».

En su opinión, hay que buscar un programa de consolidación presupuestaria a medio plazo a través de la revisión del gasto y de la capacidad de recaudar impuestos para sanear las finanzas públicas. Así, Hernández de Cos advirtió de que cuando se controle la pandemia habrá que revisar los impuestos en los que hay margen -como el IVA o las tasas medioambientales-, así como mejorar la eficiencia del gasto público para reducir el déficit y el nivel de deuda sobre el PIB, que se dispararán este año.

«La mejora de la capacidad recaudatoria debe ser una prioridad, para lo cual la comparación con el resto de países europeos puede servir de guía. Si se utiliza como referencia el cociente entre la recaudación total y el PIB, este se situó el año pasado en aproximadamente el 35%, unos seis puntos por debajo del nivel alcanzado en el conjunto del área del euro», explicó el gobernador.

A su juicio, nuestro país destaca por el «reducido nivel de imposición sobre el consumo -el IVA- y por una baja capacidad recaudatoria de los impuestos medioambientales«, concretó. Además, se mostró partidario de implementar una 'tasa Google' a nivel europeo que aumente la recaudación de todos los países. Por otro lado, también apuntó a la revisión de los numerosos beneficios fiscales existentes que está realizando la Autoridad Fiscal (AIReF) y que »debería servir para racionalizar su uso«.

Según los cálculos del Banco de España, el coste total de todas las medidas aprobadas hasta el momento -sin tener en cuenta los avales del Estado a través del ICO- es del 3% del PIB, unos 30.000 millones de euros. Y ese nivel de gasto llega en un momento en el que España tiene un déficit «estructural elevado», en torno al 3% del PIB, y que irá a más porque el incremento de la deuda pública previsto como resultado de la actual crisis provocará un aumento de la carga de intereses.

El gobernador advirtió, en este sentido, que la pandemia puede aumentar la demanda estructural del gasto público tanto desde el punto de vista del bienestar como el sanitario, así como el gasto en pensiones, que seguirá creciendo por el envejecimiento de la población y la suspensión del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad, lamentó.

Por el lado financiero, aunque consideró que la situación patrimonial de las empresas está «significativamente más saneada que en la anterior crisis», el empeoramiento de las perspectivas de la economía y la incertidumbre sobre su duración obliga a los supervisores a «ejercer una vigilancia estrecha» sobre los riesgos para la estabilidad financiera. «Es importante que tomemos como punto de partida la experiencia de la última crisis, que nos debe llevar a hacer todo lo posible por evitar que la situación actual tenga un componente financiero significativo, pues, como pudimos comprobar hace ahora una década, las crisis que lo tienen se caracterizan también por ser más profundas y duraderas», señaló.

Por ello, invitó a compartir del objetivo de evitar que la crisis del coronavirus venga acompañada de un endurecimiento generalizado de las condiciones de financiación «o que dañe gravemente nuestro sistema financiero».

A pesar del anuncio de vigilancia hacia la estabilidad financiera, como el aumento del riesgo de crédito de los hogares, el gobernador apuntó que el flujo de nuevos créditos concedidos por los bancos a las empresas registró un repunte interanual algo superior al 50% en marzo respecto al mismo periodo del año anterior. Esto incluye tanto las nuevas operaciones como los incrementos en las disposiciones de principal de operaciones formalizadas con anterioridad, que «casi se han duplicado».

Y es que las medidas de contención para frenar el virus han supuesto un descenso «muy intenso» de los ingresos de muchas empresas, lo que ha incrementado «significativamente» sus necesidades de liquidez, que «están cubriendo en una proporción significativa mediante el recurso a la financiación bancaria». Con datos actualizados a 13 de mayo, De Cos detalló que las operaciones totales a través de los avales del ICO ascienden a 371.070, de las que el 98% son pymes y autónomos. El importe de avales solicitados roza los 36.300 millones de euros, que han permitido movilizar una financiación de 47.750 millones de euros, lo que implica un grado medio de cobertura con la garantía pública del 76 % del montante de estas operaciones, concretó.

En su opinión, la medida de los avales «ha mitigado la posible reticencia de estos intermediarios a incurrir en mayores riesgos en un contexto de elevada incertidumbre y de preocupación creciente por los riesgos de crédito».